La Audiencia avala que un juez ordinario dirima si los titiriteros cometieron delito

La Audiencia Nacional ha avalado que los dos titiriteros detenidos el pasado febrero por la obra satírica que representaron en las fiestas del carnaval de Madrid no cometieron un delito de enaltecimiento del terrorismo.

La Audiencia Nacional ha avalado que los dos titiriteros detenidos el pasado febrero por la obra satírica que representaron en las fiestas del carnaval de Madrid no cometieron un delito de enaltecimiento del terrorismo. Sin embargo, la sección tercera de la Sala de lo Penal ha rechazado la pretensión de sus defensas de que ese carpetazo se hiciera extensivo también a un posible delito de incitación al odio. De esta forma, los magistrados Alfonso Guevara, Ángeles Barreiro y Antonio Díaz Delgado ratifican la decisión del juez Ismael Moreno de remitir las actuaciones a los Juzgados de Instrucción de Plaza de Castilla para que sea un juez ordinario el que determine si los dos titiriteros, Raúl García Pérez y Alfonso Lázaro de la Fuente, pudieron cometer un delito con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, en particular el que se recoge en el artículo 510 del Código Penal. Éste castiga con una pena de uno a tres años de cárcel a quienes «provocaren a la discriminación, al odio o a la violencia» contra grupos o asociaciones. Será, por tanto, el juez de instrucción que se haga cargo del asunto el que, en su caso, podrá acordar el archivo del procedimiento también respecto a este delito si no aprecia indicios delictivos. Un paso, recuerda la Audiencia, que no es competencia suya.

En su resolución, la sección tercera de lo Penal sí acuerda el archivo definitivo en relación a un posible delito de enaltecimiento del terrorismo. En sintonía con la Fiscalía, los magistrados sostienen que con la representación de la obra «La bruja y Don Cristóbal» no se pretendía alabar la actividad terrorista ni humillar a las víctimas del terrorismo. El Ministerio Público concluyó que sus autores –que pasaron cinco días en prisión– sólo buscaban criticar la propiedad, la Iglesia, las Fuerzas de Seguridad y el poder judicial como expresión de los poderes fácticos del Estado.