La Audiencia investiga a Picardo por arrestar a un líder de Vox en Gibraltar

El político desplegó la bandera de España en el Peñón y denunció «torturas» en su arresto

Fabián Picardo
Fabián Picardo

El político fue arrestado por desplegar, junto a otros miembros de su partido, una bandera española en Gibraltar el pasado 20 de junio

El pasado 20 de junio, varios miembros de VOX desplegaron en Gibraltar una gigantesca bandera española reivindicando la soberanía nacional sobre el Peñón. La detención de uno de los protagonistas de esa acción, el líder del partido en Madrid, Nacho Mínguez, puede ahora traer consecuencias penales para el primer ministro gibraltareño, Fabián Picardo. El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha admitido a trámite, a instancias de la Fiscalía, la querella interpuesta por Mínguez y su abogado, Pedro Fernández –que fue retenido durante nueve horas cuando acudió a interesarse por su situación– contra Picardo por delitos de torturas y contra la integridad moral de las personas.

El magistrado ha acordado ya las primeras diligencias y, entre ellas, insta al Ministerio de Asuntos Exteriores a aclarar si el primer ministro de Gibraltar goza de inmunidad diplomática y pide a la Policía Judicial que acredite si, como se afirma en la querella de VOX, tiene residencia en España (con el objetivo de citarle en ese domicilio si fuese citado a declarar como investigado). Además, reclama a las autoridades británicas una copia de los expedientes policiales y judiciales tramitados en relación a Mínguez.

El juez Moreno, al igual que la Fiscalía, advierte indicios de delito en las circunstancias en las que se produjeron la detención, custodia y enjuiciamiento del dirigente de VOX por parte de funcionarios policiales y judiciales, que actuaron «por orden del ministro principal de Gibraltar». La Fiscalía dice que los agentes procedieron a su cacheo «de manera desproporcionada» y durante las siete horas que pasó en dependencias policiales «le negaron el ejercicio de sus derechos a comunicar su detención y lugar de custodia, así como la asistencia letrada» y alimento y aseo «en condiciones de dignidad». Los denunciantes sostienen que esa situación se prolongó tras su puesta a disposición judicial, cuando se acordó la prisión provisional del político español.

Dos días después del arresto, el abogado de Mínguez se trasladó a Gibraltar para interesarse por su situación, advirtiendo un «trato discriminatorio» respecto a él, que «acudió al juicio esposado» y fue «introducido en una cámara acristalada» sin poder entrevistarse previamente con su abogado de oficio.

En un receso de la vista, Fernández fue detenido «acusado de haber realizado fotografías de la sala», se le cacheó y estuvo nueve horas «absolutamente incomunicado y bajo la amenaza de dos agentes de que, si no reconocía los hechos» estaría detenido seis días más, «reconociéndole que el trato que se le dispensaba» a ambos «obedecía a razones políticas y por orden directa de ministro principal».