La Audiencia reprocha a la Guardia Civil no entregar 13 declaraciones a Alaya

La Audiencia de Sevilla reprocha en un auto que aún no se hayan incorporado a la causa de los ERE las declaraciones de 13 altos cargos ante la Guardia Civil, si bien ahora responsabiliza al cuerpo policial de no haberlas puesto en conocimiento de la magistrada.

La Audiencia de Sevilla ha emitido un segundo auto en el que reprocha que aún no se hayan incorporado a la causa judicial de los ERE las declaraciones de 13 altos cargos ante la Guardia Civil, si bien ahora responsabiliza al cuerpo policial de no haberlas puesto en conocimiento de la magistrada.

La Sección Séptima de la Audiencia ha resuelto dos recursos similares, presentados por dos exdirectores de Presupuestos de la Junta y dos exdirectores de finanzas del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), y en ambos ordena la "inmediata incorporación a las presentes diligencias previas"de las declaraciones hechas ante la Guardia Civil por trece altos cargos de la Junta.

Ambos autos llevan la misma fecha del 27 de junio y numeración sucesiva, pero el que respondió al recurso de los exdirectores de Presupuestos parecía culpar a la juez instructora, Mercedes Alaya, de no haber incorporado aún esas declaraciones a la causa judicial.

En el segundo auto, notificado hoy a las partes, la Audiencia apunta a la Guardia Civil al afirmar que "sustraer a la señora instructora el conocimiento de esas declaraciones no solo incumple los principios de dependencia y subordinación de la Policía Judicial a jueces y fiscales en la investigación de delitos, sino que también puede conculcar el derecho de defensa de los imputados por la propia señora magistrada".

En el primer auto, notificado el pasado viernes, la Audiencia indicaba que "no traer al proceso esas declaraciones policiales, cuya incorporación ya estaba acordada en resolución judicial no dejada sin efecto, no solo incumple el principio de la publicidad de la instrucción para las partes, sino que también puede conculcar el derecho de defensa de los imputados".

El resto del contenido de ambos autos es igual a la hora de afirmar que el tribunal está "extrañado"por la "contradicción en la que ha incurrido la señora magistrada instructora", pues en noviembre de 2013 ordenó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que remitiera las declaraciones tomadas.

Más adelante, en una resolución del 7 de febrero de 2014, "justifica y santifica la remisión de tan sólo dos de esas quince declaraciones, bajo el argumento de que su incorporación no es necesaria hasta que se culmine el atestado que la UCO está confeccionando desde el año 2012".

La Audiencia recoge en ambos autos que "en esta causa tan prolija se investiga la comisión de posibles delitos cometidos por altos cargos de la Junta y de las agencias IFA e IDEA"y por ello hay personas imputadas que tuvieron cargos "de relevante responsabilidad política y administrativa"y los testigos cuya declaración se reclama ostentaron cargos en estos organismos.

Por ello, "el contenido de esas declaraciones prestadas en sede policial pudiera ser de sumo interés para las defensas de los imputados, quienes a partir del conocimiento del contenido de esas declaraciones podrían solicitar la práctica de nuevas diligencias para contrarrestar los posibles indicios que de esas declaraciones no incorporadas"pudieran pesar sobre ellos.