Bruselas ha hecho público hoy el Informe Anticorrupción de la Unión Europea, elaborado por la Comisión Europea, con el objetivo de supervisar y evaluar los esfuerzos de los Estados miembros en su lucha contra la corrupción.

Bruselas ha hecho público hoy el Informe Anticorrupción de la Unión Europea, elaborado por la Comisión Europea, con el objetivo de supervisar y evaluar los esfuerzos de los Estados miembros en su lucha contra la corrupción. En el documento al que ha tenido acceso LA RAZÓN, la Comisión Europea reconoce de manera explícita los esfuerzos realizados por el Gobierno y por el Parlamento para plantar cara a esta lacra, aplaudiendo que este objetivo sea una de sus prioridades junto con la recuperación económica.

Textualmente, avala tanto la reforma del Código Penal como el Plan de Regeneración Democrática impulsado por el Ejecutivo, y que ya está en parte en tramitación parlamentaria. «Se está poniendo en marcha un ambicioso plan de reforma legislativa, que cubre toda una serie de aspectos tales como la financiación de los partidos políticos, reforma del Código Penal, la responsabilidad de los altos cargos y la mejora de la eficacia de los procedimientos judiciales». Bruselas analiza el Plan de Regeneración Democrática aprobado en septiembre, el paquete legislativo impulsado en el Consejo de Ministros del 13 de diciembre y cita ejemplos de buenas prácticas. Destaca, asimismo, que hay una trayectoria sólida de investigación de casos de corrupción, incluidos casos de alto nivel, aunque los procedimientos judiciales sean lentos.

Pero además de los aplausos, el informe también señala focos de corrupción y un paquete de mejoras pendientes y necesarias. Entre esos «focos» en los que detecta que el problema es más grave y exige, asimismo, a los poderes públicos que actúen con más contundencia, se cita el desarrollo urbanístico y las decisiones ligadas a éste, especialmente a nivel local; la defectuosa normativa de compras y contratos públicos, denunciando que, de acuerdo con las encuestas, los porcentajes de percepción de corrupción o irregularidades están entre los más altos de toda la Unión Europea; el marco insuficiente de legislación y de supervisión de la financiación de los partidos; los insuficientes controles de la actuación de los poderes regionales y locales y la falta de coordinación entre las instancias local, regional y central de la Administración; y la discrepancia entre la normativa sobre conflictos de intereses y revelación del patrimonio, entre, de un lado, el nivel central (que sí se estima suficiente), y, de otro lado, el nivel regional o local. La actuación de comunidades y ayuntamientos y los fallos en el sistema de control y vigilancia son colocados en el centro del problema.

Su conclusión es que aunque el marco legislativo en términos generales es adecuado, y los resultados de la investigación también lo son, algunos casos recientes de corrupción revelan prácticas corruptas en cuanto al uso de fondos públicos y la financiación de los partidos políticos. A juicio de la Comisión Europea, el mayor problema está en la corrupción política y en un sistema de control insuficiente, especialmente a nivel regional y local, y en los ámbitos de los contratos públicos y el desarrollo urbanístico.

Las informaciones contenidas en el informe provienen en su práctica totalidad de instancias oficiales, bien nacionales (Fiscalía General del Estado, Tribunal de Cuentas, Consejo General del Poder Judicial, Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, etc.); bien internacionales (Consejo de Europa-GRECO, Organización de Cooperación y el Desarrollo Económico -(OCDE)- y Naciones Unidas).

La actuación de la Comisión Europea no se va a quedar en este análisis descriptivo, sino que su intención es poner en marcha en los próximos meses un programa de intercambio de experiencias entre estados miembros, ONG locales y otros actores para identificar los fallos en las políticas contra la corrupción y aumentar la conciencia social contra esta lacra.

También prevé examinar en el futuro cómo se han aplicado las recomendaciones de este informe y evaluar el resultado del programa de intercambio de experiencias. Con la precisión de que está por definirse cuál será el papel de los estados miembros de la UE y si el Consejo Europeo puede interrumpir el seguimiento y el desarrollo de este informe.

Los puntos negros que denuncia la UE

- El desarrollo urbanístico y las decisiones ligadas a éste. 4 La defectuosa normativa de compras y contratos públicos.

- El marco insuficiente de legislación y de supervisión de la financiación de los partidos.

- Los insuficientes controles de la actuación de los poderes regionales y locales.

- La falta de coordinación entre las instancias local, regional y central de la Administración.

- La discrepancia entre la normativa sobre conflictos de intereses y revelación del patrimonio.