La delincuencia baja un 2 %, especialmente los homicidios y asesinatos

Los juzgados incoaron en 2013 un total de 4.036.984 diligencias previas, especialmente de delitos contra el patrimonio, que acapararon un 66 % de los casos, seguidos de los relacionados con la vida y la integridad física, con una presencia del 22 %.

Los procedimientos penales por delitos abiertos en 2013 por los juzgados españoles bajaron un 2 % respecto al año anterior, especialmente los homicidios y asesinatos, que registraron una caída del 10 %, según los datos de la memoria anual de la Fiscalía General del Estado, difundidos hoy.

En concreto, los juzgados incoaron en 2013 un total de 4.036.984 diligencias previas, especialmente de delitos contra el patrimonio, que acapararon un 66 % de los casos, seguidos de los relacionados con la vida y la integridad física, con una presencia relevante del 22 %.

El grupo de delitos contra la vida descendió en un 10 % (se incoaron 1.176 diligencias por homicidios y asesinatos frente a 1.307 en 2012), mientras que aumentaron en un 3 % los cometidos contra la integridad física, ya que se abrieron 722.195 diligencias por lesiones frente a las 700.126 de 2012.

Respecto a estas últimas hay que diferenciar entre las intencionadas (644.063), que aumentaron en un 1 %, y las cometidas por imprudencia (125.907), que lo hicieron en un 7 %.

La memoria explica que las muertes violentas intencionadas se encuadran fundamentalmente en peleas y reyertas, en violencia familiar, acompañando a delitos contra la propiedad y en ajustes de cuentas, al igual que las lesiones, aunque estas son especialmente frecuentes en actividades lúdicas y lugares de ocio, y se constata de forma habitual la ingesta previa de alcohol y drogas.

Añade que las conductas imprudentes tanto en las muertes como en las lesiones están prácticamente circunscritas al ámbito de la seguridad vial y la siniestralidad laboral.

Comenta que en 2012 se identificó un leve descenso de estas conductas asociado a la contracción del mercado laboral y la menor utilización de los vehículos particulares como consecuencia de la crisis económica, aunque en 2013 ha habido un repunte que estima que debe ser objeto de prudente seguimiento en un ciclo temporal más amplio.

Respecto a los casos de delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico, la Fiscalía cometa que la crisis económica actúa como motor y causa de los mismos y aprecia un protagonismo de grupos organizados y la utilización de las nuevas tecnologías de las comunicaciones como herramienta.

Las cifras de diligencias por hurtos, robos y robos con fuerza en casa habitada o local abierto al público se mantienen en 2013 respecto a 2012 con algo más de 780.000, 576.000 y 16.000, respectivamente, y las de robos con violencia e intimidación siguen superando las 90.000.

La evolución de los delitos contra la libertad los analiza la Fiscalía basándose en la cifra de calificaciones de los fiscales, que a su juicio fija mejor su evolución.

Dentro de estos delitos la mayoría fueron amenazas (5.365), si bien descendieron respecto a las 6.138 de 2012, seguidas de las 1.266 coacciones (cincuenta menos), 245 detenciones ilegales (dos más) y treinta secuestros condicionales (seis más).

Por otra parte, se incoaron 2.859 diligencias por delitos contra la libertad sexual contra menores, lo que supone un aumento respecto a los 2.692 de 2012, mientras que las correspondientes a los competidos contra mayores fueron 10.261, dos menos que en el ejercicio anterior.

En cuanto a los delitos contra las relaciones familiares la mayoría de incoaciones corresponde al impago de pensiones (26.356), que suponen un aumento respecto a las 23.661 del año anterior.

La Fiscalía refleja la tendencia al alza de los delitos de impago de pensiones, abandonos de familia y niños y quebrantamiento de los deberes de custodia así como de la conflictividad en el ámbito familiar ligado a la crisis económica.

Sin embargo, descendieron las correspondientes a sustracción de menores al pasar de 990 en 2012 a 797 en 2013.

Indica que los casos de sustracción de menores para su entrega a familias distintas a la propia experimentaron un progresivo incremento en los últimos años, si bien en 2013 se marca un punto de inflexión a la baja que achaca a que se ha clarificado el marco jurídico de los hechos y las posibilidades de prueba.

Por otra parte, advierte de que la cuestión de los matrimonios ilegales ha cobrado en los últimos años especial incidencia como problemática derivada de las oleadas de inmigrantes llegados a España.