La detención de Morodo se retrasó dos meses porque estaba en Panamá

El juez decidirá hoy sobre los detenidos, pero la Fiscalía no prevé pedir su ingreso en prisión.

La operación policial en la que están presuntamente implicados el que fuera embajador de España en Venezuela, Raúl Morodo, y su hijo Alejo, a los que se imputan, entre otros, un delito de corrupción en transacciones internacionales, debería haberse realizado hace dos meses, pero hubo que posponerla ya que ambos se encontraban en Panamá, según han informado a LA RAZÓN fuentes de la investigación.

Precisamente Panamá es, junto con Suiza, los paises que habrían sido utilizados para repatriar a España, por medios fraudulentos, un total de 4,5 millones de euros que se habrían cobrado, entre 2012-2015, a la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) por unos supuestos «servicios». Los agentes policiales no ven claros estos «trabajos» y sospechan que esconden algún tipo de remuneración con unos fines aún sin determinar.

Los investigados poseen unas facturas que han mostrados a los citados agentes que, sin embargo, sospechan que hay algo turbio tras este asunto.

A lo largo de la operación, que se realizó el lunes, los agentes de la UDEF de la Policía Nacional detuvieron a cuatro personas: el citado Alejo, dos mujeres y otro hombre que, junto a Raúl Morodo, que no fue arrestado por su avanzada edad, pasarán hoy a disposición judicial ante el magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.

Fuentes jurídicas consultadas por este periódico indicaron que la Fiscalía no tiene, en principio, previsto solicitar el ingreso en prisión de los investigados, aunque sí solicitará otras medidas cautelares, como la retirada del pasaporte y presentaciones.

A estas personas las investiga Pedraz a raíz de una querella de la Fiscalía Anticorrupción, que cuantifica en 4,5 millones de euros el dinero cobrado de la petrolera por Raúl Morodo de forma irregular.

Aparte de las ya citadas cuatro detenciones, en la operación desarrollada por la UDEF se han practicado ocho registros, entre ellos el de las oficinas en Madrid del que fuera embajador de España en Venezuela entre 2004 y 2007. A los investigados en esta causa se les atribuye, además, un delito de blanqueo de dinero procedente de corrupción en las transacciones comerciales internacionales, así como falsedad documental y delito fiscal.

Esta causa contra el que fuera embajador español en Venezuela con el régimen de Hugo Chávez en el país sudamericano y el ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero en España tiene relación con el expolio a la petrolera estatal venezolana que se investiga en varios juzgados españoles. El principal imputado en ella es Raúl Morodo, quien supuestamente blanqueó en nuestro país dinero que habría obtenido de PDVSA gracias a contratos falsos de asesoramiento profesional a la petrolera venezolana

Según sospechan los investigadores, ese dinero irregular lo remitió a España con la excusa de esos honorarios profesionales y mediante un complejo conglomerado de empresas a través de Panamá y Suiza, y lo blanqueó con inversiones inmobiliarias.

El saqueo a PDVSA lo investigan tres países europeos (Portugal, Andorra y España), además de Estados Unidos, que tienen en el punto de mira a decenas de ciudadanos venezolanos por lavar cientos de millones de euros obtenidos de sobornos cuando ostentaban cargos en empresas públicas en tiempos de Chávez.

Los desvíos de PDVSA se consideran el mayor caso de corrupción del gobierno chavista.