Cataluña
"La enseñanza no puede funcionar con 17 sistemas"
Un 12% de la población sitúa a las políticas educativas como el principal problema del país, según el CIS, un asunto al que los candidatos dedican poco espacio en esta polarizada y crispada campaña electoral.
Un 12% de la población sitúa a las políticas educativas como el principal problema del país, según el CIS, un asunto al que los candidatos dedican poco espacio en esta polarizada y crispada campaña electoral.
La Educación, al igual que la Sanidad, es uno de los temas que nunca abandona la agenda política, aún más en un país como España donde la normativa educativa se modifica casi siempre que el Gobierno cambia de signo. Aunque, en esta polarizada y crispada campaña, los eslóganes relacionados con el sistema educativo no ocupan grandes titulares ni abren informativos, la realidad es que los profesionales del sector analizan con lupa las propuestas de los partidos.
En el arranque de las vacaciones de Semana Santa que vacía las aulas españolas y llenas las calles de devoción y procesiones, LA RAZÓN se cita en el madrileño Café Comercial con cuatro representantes del ámbito educativo en el cuarto debate organizado por este medio para dar voz a los problemas reales de los españoles. Ellos conocen cómo se estructura el currículo escolar y están preocupados por el sobrecargo de asignaturas, hablan de las carencias en los centros educativos donde algunos no cuentan con acceso a Internet en pleno siglo XXI, les inquieta el adoctrinamiento en las aulas, en especial en Cataluña, donde la inmersión lingüística perjudica a los alumnos castellano hablantes, defienden el derecho a elegir centro educativos y no entienden ese afán por cambiar las leyes educativas cada cuatro años.
Sandra Fernández es licenciada en Psicología . Está embarazada de cinco meses y entre las decisiones que ya ha tomado respecto a la educación de su hijo es que acudirá a un colegio concertado. «Ya lo he hablado con mi marido. Yo estudié en un colegio concertado. Mis padres tomaron esa decisión, no fue mía, evidentemente, pero ahora quiero lo mismo para mi hijo porque la atención es más personalizada y específica para cada alumno. Y claro, en un colegio público hay muchas carencias», asegura.
Precisamente, garantizar la libre elección del centro educativo es una de las propuestas del Partido Popular en este ámbito, ya que sostienen que el derecho a la educación pertenece a las familias y que a las administraciones les corresponde garantizar esa libertad porque son los padres quienes deben elegir la formación que quieren para sus hijos. En la misma línea, se manifiesta Pedro Caballero, padre de dos jóvenes de 13 y 18 años y presidente de la CONCAPA (Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y padres de Alumnos), que representa tres millones y medio de familias españolas: «Yo quiero una escuela pública y también una concertada de calidad. Respeto las dos opciones y la libertad de los padres para poder elegir», sentencia Pedro. En el debate también está Ramón Izquierdo, docente en un centro de Guadalajara y presidente de la Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza que reclama «una serenidad del sistema educativo de mínimo diez o quince años», en referencia a las más de siete leyes educativas que se han aprobado en España desde la democracia. De hecho, antes de la disolución de las Cortes, el PSOE tenía elaborado un anteproyecto de Ley de Educación para derogar la LOMCE de 2013, ley del PP que modificó la LOE de 2006, de los socialistas.
Incorporar nuevas asignaturas al currículo escolar es otra de las promesas electorales que llevan los partidos en su programa. Ciudadanos propone una materia sobre la Constitución y Podemos apuesta por la creación de una asignatura sobre Feminismo. El rechazo hacia la propuesta es frontal. José Luis Pazos, padre de dos universitarios y defensor de la escuela Pública, insiste en que «el currículo está absolutamente sobredimensionado y sobrecargado. Todos sabemos que no da tiempo a abordar todo el contenido, de ahí que se esté sacando cosas del aula porque no se llega a cubrir todas las materias ». Pedro, por su parte, recuerda que ya existe un temario «apretado» por lo que meter esas asignaturas con calzador obligaría a «determinar cómo añadirlas y formar a nuestros profesores». De la misma opinión es Ramón, profesor de educación física en el colegio El Doncel de Guadalajara, que denuncia la excesiva carga de asignaturas en los programas escolares. Por su parte, Sandra opina que «hay que utilizar el sentido común» y no «saturar» a los estudiantes con materias huecas.
El adoctrinamiento en las aulas preocupa a los españoles. La multiplicación de colegios con lazos amarillos en las escuelas de Cataluña o la apropiación de los centros para celebrar referendos ilegales es uno de los motivos por los que algunas formaciones llevan en su programa medidas para evitar este uso partidista del espacio público. Los de Pablo Casado proponen que se refuerce la Alta Inspección y Vox apuesta por el español como lengua vehicular obligatoria frente a las cooficiales. Sobre este asunto, Ramón, reconoce que su asociación ha tenido «dificultades serias para formar candidaturas. Hay mucho miedo entre el profesorado que no es nacionalista. Y eso es inadmisible». Además, asegura que «llevamos muchísimos años sin convocar oposiciones al cuerpo de Inspectores de Educación»´
Respecto a la marginación del castellano en algunas comunidades, señala que «entiendo que hay que conocer las lenguas cooficiales pero éstas no pueden ser un impedimento ni prevalecer una sobre otra». El presidente de Concapa muestra su enfado y preocupación por esta batalla lingüistica: «Una Comunidad valenciana o catalana donde el español va en decremento, perdone pero no», señala con indignación, «tenemos que conocer las dos», añade. «Esta situación genera desasosiego, sobre todo en las familias, y los primeros perjudicados son nuestros hijos». Por su parte, José Luis considera que «quienes vivimos fuera de las comunidades autónomas con dos lenguas maternas vemos que hay una pugna por imponer una de las dos».
En este momento, el debate se reconduce hacia la distribución de competencias en materia de educación, un asunto que divide a los participantes en esta mesa redonda. Ramón asegura que «la transferencia es buena y que no hay devolver las competencias» mientras que Pedro insiste en que «la educación está transferida, pero el Estado es quien tiene la potestad y tiene que ser, por lo tanto, el garante de que se cumpla la Ley. No podemos tener 17 autonomías y 17 sistemas educativos», sentencia. En esta línea, se manifiesta Sandra que recuerda cómo sus primos y ella estudiaban materias y contenidos distintos de pequeños.
Si llegan a la Moncloa, tanto Podemos como PSOE proponen aumentar el gasto en educación. Los de Pablo Iglesias lo elevarían hasta el 5,6% del PIB y los de Pedro Sánchez hasta el 5% en 2021. Preguntamos hacia dónde creen que debería dirigirse ese hipotético aumento presupuestario. Ramón lo tiene claro: «Inversión en el profesorado y menor relación ratio-alumno». Sandra apuesta por la innovación y la modernización, mientras que Pedro abordaría el fracaso escolar, el acoso en las aulas y las ayudas para las familias. José Luis, por su parte, insiste en que no se trata de aumentar la inversión sino de «optimizar los recursos. Hay que huir de las cifras mágicas», insiste. «No se trata de ofrecer cheques guardería si no de plantear una verdadera política de familia», puntualiza. «En eso estamos de acuerdo», le interrumpe Pedro, «hasta que no conciliemos la vida laboral y familiar, será imposible avanzar».
Planteamos si la formación se ajusta con la demanda profesional y su opinión respecto a la Formación Profesional, otra apuesta que se incluye en los programas electorales, en concreto el Partido Popular. Sandra asegura que ni se planteó esa opción: «Yo estudié en una Universidad privada porque hay menos alumnos y la formación es más específica». Pedro sostiene que es «una salida como otra cualquiera» y aboga por «la necesaria la colaboración de las empresas». Idea que también comparte José Luis que culpa, precisamente, a los empresarios de que no despegue la formación profesional.
Para terminar, todos coinciden en pedirle «sentido común» a la clase política y que eviten hacer anuncios electoralistas porque de la educación depende el futuro.
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