La fiscal general dice que no pidió la detención de Rato

La fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, defendió hoy la actuación de la Fiscalía en la actuación contra el ex vicepresidente del Gobierno y ex ministro de Economía, Rodrigo Rato.

La fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, defendió hoy la actuación de la Fiscalía en la actuación contra el ex vicepresidente del Gobierno y ex ministro de Economía, Rodrigo Rato.

En un acto organizado por el Foro Nueva Economía, Madrigal señaló al respecto que tuvo conocimiento la noche anterior de las diligencias que iba a instar el ministerio público en ese procedimiento, y que la misma mañana de los hechos mantuvo una conversación con el fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Madrid en el que debatieron sobre el tema y llegaron a la conclusión de que era procedente realizar tal actuación, en referencia a la presentación de la denuncia y a solicitar las entradas y registros tanto en el domicilio particular de Rato como en su despacho profesional.

Sin embargo, dejó claro que la Fiscalía no había pedido en ningún momento la detención del ex vicepresidente del Gobierno de José María Aznar, y que esa fue una decisión que adoptó el juez de guardia.

La cuestión catalana

Por otro lado, y en referencia a la causa que se instruye por un delito de desobediencia en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña contra el presidente de la Generalitat,Artur Mas, y dos consejeros, Madrigal destacó que el procedimiento sigue su cauce habitual, que no está paralizado y que, de hecho, la Fiscalía ha instado recientemente la práctica de 15 diligencias relacionadas con los hechos que se les imputa en la querella.

En relación con Artur Mas y su “hoja de ruta”, la fiscal general señaló que el Ministerio Público no va a actuar con lo que son “intenciones políticas”, sino solo en los supuestos en que se vulnere la ley. No obstante, sí lanzó un mensaje a Artur Mas: "Los que invocan la libertad para vulnerar la ley incurren en una peligrosa demagogia".

Por último , Madrigal defendió que se establezca un mayor control en las incompatibilidades de los diputados, después de que haya trascendido que algún diputado del PP ha cobrado dinero de una empresa privada por asesoría.