Política

La Audiencia Nacional acusa de rebelión a Trapero y le pide 11 años de cárcel

Acusa del mismo delito al ex director de los MossosPere Soler y al que fuera número dos de Forn en Interior, César Puig.

Josep Lluís Trapero
Josep Lluís Trapero

Acusa del mismo delito al ex director de los MossosPere Soler y al que fuera número dos de Forn en Interior, César Puig.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional pide para el ex mayor de los Mossos d´Esquadra Josep Lluís Trapero; el que fuera número dos de la Conselleria de Interior de la Generalitat César Puig y el ex director general de la Policía catalana Pere Soler una pena de once años de prisión y otros tantos de inhabilitación absoluta por un delito de rebelión por su papel en el "procés".

Para la intendente de los Mossos Teresa Laplana, encargada del dispositivo policial durante los altercados en el registro de la sede de la Consellería de Economía el 26 de septiembre del pasado año, el Ministerio Público solicita una condena de cuatro años de cárcel por sedición y su inhabilitación durante cinco años para ejercer en los Mossos

El teniente fiscal de la Audiencia, Miguel Ángel Carballo, y el fiscal Pedro Rubira sostienen en su escrito de conclusiones provisionales que tanto Trapero como Puig y Soler, "cada uno desde su cargo y responsabilidad se sumaron al plan secesionista poniendo a disposición de éste"a los Mossos. "Alertaban de la actuación de otros cuerpos policiales y facilitaron información a los impulsores del proceso para garantizar el buen fin del mismo, al tiempo que daban a estos cobertura y protección". Su relación con los líderes del "procés", dice la Fiscalía, "se manifestó de forma inequívoca".

Respecto al asedio a la Conselleria de Economía durante los registros judiciales, la Fiscalía mantiene que Trapero y Laplana "sabedores como eran de la importancia del papel que jugaban en aquel momento cooperaron de forma decisiva, consciente e intencionada"con los líderes independentistas "impidiendo el desarrollo de la diligencia judicial". Y con esa "deliberada pasividad", continúa, propiciaron la concentración durante horas de "una gran masa de personas en actitud obstaculizadora y hostil" frente a la sede de la consejería. Laplana, recalca, fue "plenamente consciente de la necesidad de intervención y apoyo de los Mossos, desestimando, no obstante, facilitar la ayuda que le fue requerida por la Guardia Civil", pese a que la actitud de los manifestantes era "cada vez más agresiva", llegándose a concentrar unas 35.000 personas.

La intendente fue informando a sus mandos durante toda la jornada, quienes a su vez "transmitían toda la información al mayor de los Mossos". De igual modo, se produjo un importante flujo de llamadas entre el conseller de Interior Joaquim Forn, Trapero y los líderes soberanistas Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, presentes estos dos últimos en la concentración. Hasta el punto de que las condiciones impuestas por Sánchez a la comisión judicial "fueron totalmente asumidas"por Trapero, quien con su "consciente inactividad evitó poner fin al grave problema de orden público que se estaba produciendo".

Respecto al papel de los Mossos durante la jornada del referéndum ilegal del 1-O, la Fiscalía defiende que Trapero, Puig y Soler y el conseller Forn adoptaron una estrategia conjunta, "un plan de actuación fraudulento", aparentando cumplir la orden de suspensión del Tribunal Constitucional y las resoluciones del TSJ de Cataluña y de la propia Fiscalía. Se promovió, en definitiva, "la inacción y dejación de funciones"por parte de la Policía autonómica, "contribuyendo de forma decisiva a la movilización ciudadana que, con su fuerza coactiva, pretendía el cumplimiento de los objetivos secesionistas".

Ese plan ideado por Trapero y avalado por Soler y Puig consistía en desplegar a una pareja de agentes en cada colegio electoral, "lo que claramente resultaba insuficiente"para cumplir el mandato judicial. De hecho, recuerdan los fiscales, la Mossos no llegaron a utilizar en toda la jornada a sus unidades de orden público, como se habían comprometido, pese a que Trapero había comunicado a la Fiscalía "que disponía de plantilla suficiente para hacer frente a la situación".

Ese día, denuncia el Ministerio Público, los Mossos mantuvieron en general "una actitud pasiva e intencionadamente tolerante con la votación"e incluso en ocasiones llegaron a enfrentarse a la Policía y la Guardia Civil "para impedir o dificultar"que cumplieran el mandato judicial.

En la jornada del 1-O, recalcan los fiscales de la Audiencia Nacional, se produjeron "numerosas situaciones de tensión, enfrentamiento y violencia ante la actitud resistente y contumaz de los cientos de personas que habían ocupado"los centros de votación. Y es que el plan secesionista, subraya, contemplaba la utilización de todos los medios necesarios para alcanzar su objetivo, "incluida la violencia necesaria para asegurar el resultado criminal pretendido".

La Fiscalía destaca el papel jugado por los Mossos en el plan orquestado por el frente soberanista para orillar la legalidad e impedir el cumplimiento de las resoluciones judiciales para declarar la independencia. Esa estrategia incluía el uso de los Mossos "como un cuerpo policial armado e integrado por unos 17.000 efectivos", que "acataría exclusivamente sus instrucciones, como así sucedió", y que llegado el caso "podría proteger coactivamente sus objetivos criminales".