La Fiscalía de la Audiencia investiga al «CNI catalán»

También tiene abiertas otras diligencias respecto a la creación deuna Agencia Tributaria catalana por parte de la Generalitat

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y los grupos independentistas que le apoyan en el desafío abierto al orden constitucional, no tendrán un respiro judicial. A las suspensiones continuas por parte del Tribunal Constitucional, y los correspondientes apercibimientos de incurrir en responsabilidad penal si no acatan sus decisiones, hay que sumar las actuaciones que llevan ya el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y hasta la propia Audiencia Nacional.

En concreto, esta última sede jurisdiccional ha entrado a fondo en todo lo que se refiere a la creación del CSICAT, el Centro de Seguridad de la Información de Cataluña, el considerado «CNI catalán», y todas las empresas que han podido dar soporte económico al mismo. De momento, estas investigaciones se encuentran en el ámbito de la Fiscalía de la Audiencia Nacional y las mismas comenzaron hace ya, prácticamente, un año. Hasta ahora, se considera que no hay elementos suficientes para judicializar este asunto.

El otro caso de relevancia que se instruye también en la Fiscalía es el relativo a la creación por parte de al Generalitat de una Agencia Tributaria propia; y, al igual que las anteriores, se abrieron el pasado año.

En ambos supuestos, para los cuales están asignados los fiscales Vicente González Mota y Daniel Campos, respectivamente, se investigan si han podido incurrir en delitos de sedición, desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos. Las dos investigaciones comenzaron cuando al frente de la Fiscalía se encontraba Javier Zaragoza y ahora las continúa su sucesor en el caso, Jesús Alonso.

Dentro de esas investigaciones, la Fiscalía pidió recientemente a las empresas contratadas por la Generalitat para la constitución de esos organismos todos los datos sobre los contratos, para determinar si se ha podido incurrir en malversación de caudales públicos –al haber destinado dinero público para fines no autorizados legalmente–.

De esta forma, hay tres frentes judiciales que actúan en estos momentos frente al secesionismo catalán. Así, el Tribunal Constitucional ha advertido ya en dos ocasiones a Puigdemont y sus consejeros de que pueden incurrir en delito si continúan adelante con el plan secesionista. La última de ellas se produjo hace apenas cinco días, cuando el TC suspendió la partida incluida en los presupuestos de Cataluña para la celebración de un referéndum unilateral de independencia.

En esa resolución, el Alto Tribunal, el TC ordenaba a la Generalitat que se abstenga de «iniciar, tramitar, informar o dictar acuerdo alguno de disposición de las partidas impugnadas», que suman 5,8 millones de euros además de unos créditos dotados con 407.450 euros destinados, recuerda, a dar «cobertura financiera a los gastos de convocatoria del referéndum» que pretenden celebrar.

Junto a ello, el TSJ de Cataluña tramita ya una querella que presentó la Fiscalía contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, por un delito de desobediencia; y, recientemente, la Fiscalía del citado tribunal abrió de oficio una diligencias de investigación para determinar si por parte de la Generalitat se ha comenzado ya a preparar la celebración citado referéndum de independencia.

Los congresistas americanos ven «ilegal» el referéndum

Los congresistas norteamericanos, Dana Rohrabacher y Brian Higgins, mantuvieron un encuentro con el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, a quien le trasladaron que «entendían» que el referéndum de Cataluña es «ilegal». La expectación estaba en conocer qué opinaba en esta cuestión Rohrabacher, quien había mostrado simpatía por el derecho a decidir catalán. Pese a que sostuvo que de hacer una consulta «ganaría el no y se solucionaría el problema», asumió que es una cuestión jurídica.