La Fiscalía lleva a la Sala la pugna Ruz-Bermúdez por los «papeles de Bárcenas»

La Fiscalía dejará directamente en manos de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional la decisión sobre qué juez, Pablo Ruz o Javier Gómez Bermúdez, debe investigar los «papeles de Bárcenas» y la supuesta contabilidad «B» del PP. Finalmente, Anticorrupción no recurrirá en reforma ante el juez del 11-M y, con el objetivo de ganar tiempo y ante la más que esperada negativa de Gómez Bermúdez, lo hará en apelación ante la instancia superior al magistrado.

En ese escrito, que tiene previsto presentar hoy mismo, la Fiscalía podría solicitar, como medida cautelarísima, la suspensión de las diligencias acordadas por Gómez Bermúdez en su resolución del pasado lunes, en la que citaba a declarar como imputados, los próximos días 25, 26 y 27, a los ex tesoreros del PP Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, al ex secretario de Organización del PP gallego Pablo Crespo (supuesta mano derecha de Francisco Correa, el líder de la «trama Gürtel») y a nueve empresarios que habrían donado diversas cantidades al PP entre 2002 y 2009. Además, el titular del Juzgado de Instrucción número 3 también daba siete días de plazo al PP para remitirle el listado de donaciones recibidas por el partido entre 2002 y 2009.

Los plazos legales, sin embargo, son tozudos, y el recurso de apelación podría tardar en llegar a la Sala alrededor de 15 días, apuntaron fuentes jurídicas, una vez esos interrogatorios ya se hayan realizado. Y es que Anticorrupción debe presentar su recurso de apelación ante el propio Gómez Bermúdez, que a partir de ese momento tiene que dictar una providencia notificándoselo a las partes personadas en el procedimiento y dándoles un plazo de cinco días hábiles para presentar sus alegaciones. Recibidas éstas, el magistrado las remitirá a la Sala junto con los testimonios designados por las partes (las resoluciones, denuncias y documentos que cada una considere oportuno acompañar para que la Sala tome pleno conocimiento del asunto).

El camino hasta la Sala

La Sección que deberá resolver la controversia depende del número de registro asignado por el Decanato de la Audiencia Nacional a la denuncia de Izquierda Unida (originaria de las diligencias previas incoadas por Gómez Bermúdez el pasado 1 de marzo).

Con el recurso y las alegaciones en su poder, la Sala competente tiene que señalar una fecha para la deliberación y, si así se lo ha solicitado alguna de las partes, podría pronunciarse con anterioridad sobre la posible suspensión de las diligencias acordadas. «Una apelación con preso se resuelve con rapidez, pero si no hay nadie en prisión por esa causa, como en este caso, la resolución puede tardar un mes», aseguran las fuentes consultadas.

Incluso podría suceder que fuesen los 18 magistrados que componen el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional los que, finalmente, tuviesen que dirimir la cuestión, si el recurso fuese avocado a este organismo colegiado, bien a iniciativa del presidente de la Sala de lo Penal, Fernando Grande-Marlaska, o a instancias de varios magistrados. De hecho, algunas fuentes recuerdan que, precisamente cuando Gómez Bermúdez presidía la Sala de lo Penal, sus integrantes acordaron que las cuestiones de competencia se resolvieran en adelante por el Pleno, para que en decisiones de ese calado participaran más magistrados.