La Generalitat pide once años de cárcel para su ex conseller

El informe de la Abogacía General de la Generalitat valenciana sobre la denominada «causa de Cooperación» solicita once años y medio de prisión para el ex conseller de Solidaridad, Rafael Blasco, de los que siete años y un día corresponden a un delito continuado de malversación de caudales públicos, con una inhabilitación absoluta aparejada de 17 años y seis meses; y otros cuatro años y seis meses responden a un delito continuado de falsedad en documento público y oficial, además de una inhabilitación de cuatro años y una multa de 4.500 euros. Por el delito de prevaricación administrativa (por omisión) se solicitan diez años de inhabilitación.

La dirección general de la Abogacía de la Generalitat, al mando de Cristina Macías, que en su día trabajó en el grupo popular de Les Corts bajo las órdenes del propio Blasco, considera que el ex conseller es autor de un delito de tráfico de influencias, así como de otro de prevaricación administrativa y delito continuado de malversación de caudales públicos. Además, le imputa un delito de falsedad en documento oficial, aunque no como autor sino como inductor.

El síndico popular Jorge Bellver hizo ayer encaje de bolillos para explicar que el presidente Fabra esperará al momento en que la jueza Pía Calderón pida la apertura de juicio oral para expulsar al todavía diputado, Rafael Blasco, de su escaño en la bancada popular.

Bellver negó así el convencimiento general de que si el informe de la Abogacía de la Generalitat pedía cárcel para Blasco, Fabra lo destituiría fulminantemente.

La diferencia temporal apenas son unos días, pero durante éstos, el PP pretende convencer a Blasco para que abandone su escaño y «funde» el grupo mixto de Les Corts. De este modo, los populares evitarían tener que expulsarlo y, en consecuencia, tener que reunir el grupo, votar su expulsión y obtener mayoría absoluta en la misma.