Videos

«La gente no va por la vida con mochilas llenas de dinero»

Jordi Pujol Ferrusola (d), hijo del expresidente de la Generalitat de Cataluña, junto a su abogado, Cristóbal Martell.
Jordi Pujol Ferrusola (d), hijo del expresidente de la Generalitat de Cataluña, junto a su abogado, Cristóbal Martell.larazon

El hijo mayor del expresidente de la Generalitat de Cataluña negó ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz la acusación de su exnovia María Victoria Alvarez de haber llevado bolsas repletas de billetes de 500 euros a bancos de Andorra.

El hijo mayor del expresidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol Ferrusola, negó ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz la acusación de su exnovia María Victoria Alvarez de haber llevado bolsas repletas de billetes de 500 euros a bancos de Andorra. "La gente no va por la vida así", aseguró, según fuentes de su defensa.

La pregunta sobre las acusaciones de Alvarez fue formulada por el juez Pablo Ruz durante las cuatro horas en la que estuvo interrogando al primogénito del exjefe del Ejecutivo catalán, que se presentó como un dinamizador de negocios con gran habilidad para conseguir contratos gracias a sus contactos profesionales.

Preguntado por los motivos que podrían haber llevado a su exnovia a realizar esta denuncia, Pujol Ferrusola sostuvo ante el juez que la relación que tenía con ella no incluía hacerle partícipe de sus actividades empresariales. "Yo las exclusivas las doy aquí, en el juzgado", apuntó.

TRAYECTORIA PROFESIONAL

Durante su declaración, según fuentes de su defensa, Pujol Ferrusola negó haber cobrado "comisiones ilegales"y defendió que los 8,5 millones de euros que un informe policial considera pagos por la intermediación en adjudicaciones públicas se corresponden con sus labores para conseguir contratos.

Así, justificó a partir de su trayectoria profesional, que comenzó con la venta de pieles catalanas a Corea del Sur desde una empresa de Nueva York, sus conocimientos para desarrollar negocios como la construcción de un centro de tratamiento de residuos en México y un sistema de red eléctrica en Gabón, la ampliación de una refinería en Cartagena (Murcia) o la edificación de un hotel en Ibiza.

Sobre el negocio de Gabón, señaló que fue posible por sus contactos con los hermanos andorranos Josep y Pierre Duró, que habían montado una red comercial en el país y se llevaron el 82 por ciento de los beneficios de este negocio. Su comisión fue del 18 por ciento y se fue prolongando según se iba ampliando la instalación eléctrica.

También aseguró que los movimientos de divisas por 32 millones de euros que la Agencia Tributaria le atribuye entre 2004 y 2012 se limitaron a varias operaciones de inversión de 7 millones de euros que siempre tributaron en España. Para explicar por qué estos movimientos acabaron en Suiza, Uruguay, Luxemburgo o paraísos fiscales, argumentó que en muchas ocasiones se trataba del domicilio fiscal de los bancos en los que invertía.
EL CUÑADO DE GIRONES ACONSEJO EL PELOTAZO

La representación legal de Pujol Ferrusola, que abandonó la Audiencia Nacional sin que se le impusiera ninguna medida cautelar, también defiende la legalidad del pelotazo urbanístico que su esposa, Merc Gironés, dio en Palamós (Girona) al comprar dos fincas en diciembre de 2002 por 217.000 euros y venderlas por 4,8 millones en 2005 después de que fueran recalificados.

Según esta parte, los solares fueron vendidos por el cuñado de Gironés, que le dijo que algún día se modificaría el planeamiento urbano de la localidad, gobernada por CiU en el momento de la primera venta y por el PSC cuando se produjo la segunda. En todos los casos, según esta parte, las plusvalías generadas por la compra-venta tributaron legalmente.

De igual modo, aseguró desconocer que su suegro, Ramón Gironés, exigiera un 3 por ciento de los 30 millones de euros por los que se vendieron unas fincas en L'Hospitalet a la empresa compradora, como aseguró a la Policía la apoderada de Focio, Laura Cutillas.

También negó que la adquisición de once vehículos de alta gama de marcas como Porsche, Ferrari, Jaguar, Lotus, Mercedes Benz o Lamborghini fueran contrapartidas por actividades ilegales. Según la UDEF, el hijo del exjefe del Gobierno catalán se hizo con un Jaguar FFY valorado en al menos 80.000 euros por apenas 3.600 o con un Porsche 911 S por 2.800. Argumentó que sólo pagaba unas primas anuales del seguro de entre 45 y 60 euros porque los coches antiguos no se ponen en riesgo.
NO HABLO DE LA HERENCIA POR RESPETO A LA FAMILIA

Pujol Ferrusola también se negó a contestar las preguntas relativas a la confesión que su padre, Jordi Pujol Soley, realizó el pasado 25 de julio, cuando admitió que su familia posee fondos no declarados en el extranjero desde 1980 provenientes de una herencia que les dejó su padre, Florenci Pujol. Según fuentes de su defensa, lo hizo para no quebrar la estrategia de defensa que decida llevar a cabo su defensa.

Tampoco respondió al bloque de cuestiones correspondiente a la comisión rogatoria que el juez Ruz cursó el pasado 29 de julio a Andorra para recabar "toda la documentación o información que estuviera a disposición de la Banca Privada de Andorra de productos bancarios y/o fondos de los que se hayan sido beneficiarios"los dos imputados y sus empresas.

El pasado 28 de agosto la juez de Andorra que tramita esta petición advirtió de que, tal y como establece la legislación del principado, sólo colaborará con la justicia española si el delito de blanqueo de capitales que se atribuye a los imputados va asociado a otros de corrupción como tráfico de influencias o cohecho.

"MILLONARIAS COMISIONES NO JUSTIFICADAS"

El juez investiga, según un auto dictado en febrero pasado, las transacciones que 17 empresas del ámbito de la construcción y los servicios que "directa o indirectamente"declararon "ingresos procedentes de distintos organismos públicos de Cataluña"realizaron a las sociedades Iniciatives, Marketing i Inversions, Project Marketing Cat, Inter Rosario Port Services, Active Translation e Iberoamericana de Business and Marketing, propiedad de Pujol Ferrusola y su esposa.

Según un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que obra en el procedimiento, los imputados habrían recibido estas "millonarias comisiones no justificadas"por intermediar supuestamente en operaciones urbanísticas e inmobiliarias, participar en la compra y venta de participaciones mercantiles y ofrecer asesoramiento sobre distintos negocios.