La investidura de Sánchez se resiste

Sánchez «no descarta» retrasarla y todo apunta al 23 de julio, a pesar de que Moncloa quería celebrar el debate «cuanto antes», en la primera quincena de este mes. El presidente comunicará la fecha por teléfono hoy a Batet.

La investidura de Pedro Sánchez está siendo presa de la improvisación. En fondo y en forma. El bloqueo en los contactos para sumar apoyos impide al candidato socialista cumplir su expectativa de revalidar su condición de presidente «cuanto antes» y el enconamiento de las posiciones en Europa para nombrar a los altos cargos de las instituciones comunitarias le obligarán a permanecer en Bruselas y no acudir a la cita que tenía agendada hoy con la presidenta del Congreso para fijar la fecha del debate de investidura. Sánchez transmitirá su voluntad a través de una carta y una llamada telefónica a primera hora de la mañana y será Meritxell Batet quien la comunique a los medios, previa información a los grupos parlamentarios.

Cuándo y con qué fin se fije la fecha son otros de los puntos que se han ido modulando al albur de los acontecimientos. En Moncloa «no descartan» ya retrasar el debate, priorizando el margen para negociar los apoyos a la celeridad en dar un gobierno al país. La intención primigenia era someterse a la investidura en la primera quincena de julio para que España tuviera un ejecutivo «cuanto antes» y acabar con la etapa de interinidad que se abrió hace más de dos meses. La fecha del martes 9 de julio parecía marcada en rojo en el calendario, y así lo transmitían fuentes gubernamentales, pero la soledad de Sánchez –que apenas tiene cerrado el voto afirmativo del diputado cántabro– podría dar al traste con esta optimista previsión.

Ahora gana enteros el próximo 23 de julio, una fecha que retrasa los planes del Ejecutivo, pero que –al mismo tiempo– le da oxígeno y le permite un mayor margen de actuación para intentar cerrar acuerdos con otros grupos en un primer intento en julio, pero sobre todo con la mirada puesta en una segunda oportunidad en septiembre. De este modo, se podría sortear la eventualidad de ir a una repetición electoral, aunque la fecha de unos futuros comicios también es un elemento a tener en cuenta a la hora de fijar el primer debate. Desde la segunda votación –en la que se requieren más síes que noes– y en caso de que resulte fallida, contarían dos meses para volver a intentarlo hasta la disolución de las Cortes. Desde este momento deben transcurrir 47 días hasta la celebración de los comicios. En caso de que finalmente se celebre el 23 de julio, las elecciones serían el 10 de noviembre. Estos plazos obligaron también a descartar el 16 de julio porque las urnas se colocarían en pleno puente de Todos los Santos, el 3 de noviembre. Tampoco el 30 de julio era una opción, porque obligaría a celebrar la segunda votación el 1 de agosto y desde Moncloa se descarta tajantemente este escenario. En este contexto, 9 y 23 de julio son las dos opciones que se barajan y la balanza parece decantarse por dejar transcurrir los días para decidirse a poner en marcha «el reloj de la democracia».

Además, el Ejecutivo quiere que el pleno de investidura tenga foco mediático: «Queremos que sea seguido, no se puede rebajar a la nada el debate en sede parlamentaria». De este modo, se quiere dar máxima visibilidad a las posiciones que tomen los actores políticos, ya que uno de los objetivos de concurrir a la sesión aunque no se tengan los apoyos es «retratar» a los partidos políticos en sus posiciones y más concretamente a Iglesias si acaba votando con la derecha.

Coincidencia con el «procés»

Aunque dejar correr el calendario puede dar margen de maniobra a Sánchez para negociar también puede perjudicarle. Concretamente con los partidos soberanistas. Fijar la investidura el día 23 de julio alarga hasta el 23 de septiembre las opciones del PSOE para conseguir los apoyos, pero es precisamente en la tercera semana de este mes cuando se prevé que vea la luz la sentencia del «procés». Ésta tendrá un efecto inmediato sobre los presos que no han renunciado a su acta de diputado, ya que si son inhabilitados la perderán de facto y la lista correrá. Esto hará que tres de las abstenciones que Sánchez tiene aseguradas ahora –las de Jordi Turul, Josep Rull y Jordi Sánchez por su ausencia en el pleno– puedan tornarse en «noes» en caso de que Junts per Catalunya decida votar en contra de su candidatura, tal como han explicitado hasta ahora. También tiene otro efecto que, aunque no es inmediato sí es cualitativo sobre el apoyo al que parece proclive ERC a día de hoy. Con una eventual sentencia condenatoria y la confirmación de la pena de prisión para su líder Oriol Junqueras, los republicanos pondrán reparos en facilitar un gobierno del «Estado opresor» y no tantos en forzar una nueva cita con las urnas en la que hacer del victimismo su bandera en campaña.

Con estos alicientes, Sánchez fijará hoy la fecha que marcará el calendario inmediato de España hacia un gobierno o hacia las urnas. El presidente en funciones tiene previsto iniciar en los próximos días una nueva ronda de contactos con los líderes del resto de grupos para testar como han evolucionado los ánimos, aunque en algunos casos –como en el PP o Ciudadanos– son si cabe más iracundos hacia su candidatura. En el plano de Podemos, el Ejecutivo siguen negando la posibilidad de una coalición y recuerdan que «no suman mayoría absoluta» con los morados y que ya gobernaron en solitario con 84 diputados, una experiencia que aspiran a repetir. «Hay que hablar con otros grupos», dijo ayer la vicepresidenta, en alusión a los reparos que se muestran desde el resto de formaciones a que Iglesias entre en el Consejo de Ministros.