La juez Alaya cita este miércoles a dos 'intrusas' en el ERE de Hitemasa y a un exalto cargo de CCOO-A

La juez de Sevilla que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares tramitados por la Junta de Andalucía ha citado a declarar este miércoles en calidad de imputados al exsecretario general de la Federación de Industrias Textil-Piel, Químicas y Afines (Fiteqa) de CCOO-A Juan Antonio Florido, y a dos 'intrusas' en la empresa textil malagueña Hitemasa, en concreto María Nieves Ruiz y María José Martínez Elvira.

Inicialmente, la magistrada Mercedes Alaya únicamente había citado

a declarar este miércoles a las dos 'intrusas' de Hitemasa, pero en el día de hoy ha notificado una providencia en la que también cita a declarar, a partir de las 12.00 horas, a Juan Antonio Florido, todo ello "a la vista del atestado"elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil con motivo de la segunda fase de la operación 'Heracles'.

En el contexto de esta operación, el exalto cargo de CCOO prestó declaración como imputado la pasada semana ante los agentes del Instituto Armado, después de que incluso llegaran a practicar un registro en su domicilio.

Asimismo, la juez de Instrucción número 6 de Sevilla tomará declaración este jueves al exviceconsejero de Empleo de la Junta Justo Mañas y a dos 'intrusos' en el ERE de Dhul S.L., Angeles Sierra

y Carmelo Cruz, ambos cuñados del exsindicalista de UGT y 'conseguidor' de los ERE Juan Lanzas, quien a fecha de hoy continúa en prisión.

Justo Mañas, que fue viceconsejero de Empleo entre el 1 de abril de 2010 y el 10 de mayo de 2012, fue imputado el pasado mes de junio junto a otros 19 cargos o exaltos cargos de la Junta, entre ellos la exconsejera andaluza de Economía y Hacienda y exministra de Fomento Magdalena Alvarez.

En este sentido, y en el auto por el que le imputó, la juez señaló que durante el año 2010 "se prescinde"en el presupuesto andaluz "del uso de la partida de transferencia de financiación a la agencia IDEA,

y se tramitarían las subvenciones del programa 31.L --conocido como 'fondo de reptiles'-- con cargo a una nueva partida presupuestaria que exigía el cumplimiento de la normativa de subvenciones y fiscalización previa".

"Sin embargo", asevera la juez, "el procedimiento de gestión de esa partida seguido por la Consejería de Empleo --encomienda de gestión de 27 de abril de 2010--, así como el de fiscalización aplicado por la Intervención Delegada en dicha Consejería, fue el mismo que se venía aplicando a las transferencias de financiación".

El caso ERE acumula ya 133 personas imputadas, de las que 32 están citadas a comparecer ante la juez desde este miércoles y hasta el próximo mes de enero.