Boye, Trias y Talegón, relevos "provisionales"de Puigdemont, Comín y Ponsatí a las europeas

La Junta Electoral ha tomado la decisión de excluir a Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí de la lista de Junts per Catalunya al Parlamento Europeo.

JxCat ha sustituido a los candidatos europeos excluidos por la Junta Electoral, Carles Puigdemont, Antoni Comín y Clara Ponsatí, el abogado Gonzalo Boye, el exalcalde Xavier Trias y la columnista Beatriz Talegón, pero solo de forma "provisional", porque espera que prosperen los recursos.

Así lo han explicado los juristas Jaume Alonso-Cuevillas, diputado electo en el Congreso por Girona, y Josep Costa, vicepresidente primero del Parlament, en una rueda de prensa al término del plazo dado por la Junta Electoral Central (JEC) para modificar la lista en cumplimiento de su resolución, por la que se excluye a Puigdemont, Comín y Ponsatí.

Los dos juristas han explicado que hacen efectiva esta sustitución de forma "provisional", habida cuenta de que este lunes termina el plazo para proclamar las candidaturas, pero han indicado que creen que los excluidos podrán ser "restituidos"porque están convencidos que prosperarán los recursos que prevén presentar en el Tribunal Supremo, en el Constitucional y en el de Luxemburgo.

Esta mañana se conocía que la Junta Electoral Central (JEC) vetaba la candidatura de Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí para las elecciones europeas, según avanzaba vía Twitter, precisamente, el abogado del expresident Gonzalo Boye. Con esta decisión, la JEC da la razón a PP y Ciudadanos que habían presentado recursos ante el órgano arbitral para intentar tumbar las candidaturas de los candidatos indepenentistas huídos al extranjero Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí.

Los tres concurren a las europeas del 26 de mayo en los tres primeros puestos de la lista de Junts per Catalunya-Lliure per Europa, confeccionada por Puigdemont. El miércoles Ciudadanos registró un recurso ante la JEC y una hora después lo hacía el PP. Los de Pablo Casado y Albert Rivera alegan que Puigdemont y los entonces consellers de Salud y Educación, Comín y Ponsatí “huyeron de España” en 2017 y se encuentran en “situación de rebeldía procesal”. PP y Ciudadanos señalan que la ley orgánica del régimen electoral general (Loreg) recoge que son elegibles los españoles mayores de edad que posean la cualidad de elector y no se encuentren incursos en alguna de las causas de inelegibilidad. “Es evidente que el artículo 6.2 de la Loreg no prevé expresamente entre las mismas [causas de inelegibilidad] la de encontrarse deliberadamente en situación de rebeldía procesal penal”, se puede leer en el recurso.

El fallo de la JEC recuerda que la candidatura tenía hasta las 18.00 horas de hoy para nombrar a tres sustitutos para que la lista pueda concurrir en los comicios europeos. Asimismo, conforme al artículo 49 de la Loreg, una vez se proclamen las candidaturas, “cualquier candidato excluido y los representantes de las candidaturas cuya proclamación hubiera sido denegada, disponen de dos días para interponer un recursos ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo contra el acuerdo de proclamación”.

Junts per Catalunya-Lliure per Europa reaccionó enseguida. A través de un comunicado ha acusado a la justicia española de “impedir una candidatura que propone llevar la voz del 1 de Octubre y de la república catalana a las instituciones europeas”.

La candidatura ha anunciado que desplegará “todas las acciones jurídicas en España y en Europa para defender los derechos de los tres candidatos y los derechos de los electores a votar a esta candidatura”. Alegan que no se resignan a aceptar una resolución que “la legislación española y europea contradicen”. Entienden que los recursos del PP y de Ciudadanos “demuestra la imposibilidad de impedir que, en caso de ser elegidos, los candidatos puedan ejercer libremente el cargo”. Y pone en entredicho la “independencia” del sistema jurídico español. Tras recordar que el Eurobarómetro publicado la semana pasada por la Comisión Europea sitúa a España en la cola de los países de la UE en percepción de independencia judicial, dicen “estar convencidos de que las maniobras de determinados órganos de la justicia española volverán a ser desautorizados”.