La Justicia exonera a Cospedal de la última de las acusaciones de Bárcenas

La Audiencia de Toledo archiva la causa por una supuesta «mordida» en 2007.

La Justicia ha desestimado definitivamente la acusación que salpicaba a María Dolores de Cospedal en referencia a una supuesta mordida de 200.000 euros que la empresa Sufi –filial de Sacyr– habría pagado a la entonces presidenta de la Comunidad de Castilla – La Mancha a cambio de un contrato de recogida de basuras en la ciudad de Toledo. La acusación había sido originada por una declaración de Luis Bárcenas al juez Pablo Ruz en la Audiencia Nacional que éste había derivado a la Audiencia Provincial de Toledo que precisamente ayer desestimó el recurso de apelación presentado por varias asociaciones de izquierda contra el archivo del caso que se produjo en junio de 2017.

Con el auto que se hizo público ayer, la Audiencia Provincial Segunda de Toledo, al frente de la cual está el magistrado Juan Manuel de la Cruz, ratifica la decisión adoptada hace ahora dos años por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Toledo, cuya investigación no encontró indicio alguno de que los funcionarios que componían la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Toledo en el momento de los hechos recibiera cantidad alguna en relación al contrato de recogida de basuras investigado.

La declaración del ex tesorero Luis Bárcenas ante Ruz provocó que el ex alcalde de Toledo, José Manuel Molina y su equipo de gobierno fueran acusados de prevaricación y delito electoral al adjudicar a la empresa de grupo Sacyr el contrato para la recogida de basuras. José Ángel Cañas, gerente del PP en Castilla - La Mancha también estaba siendo investigado por un posible delito de cohecho. Fue precisamente un recibí de Cañas la prueba que presentó Bárcenas para sustentar su acusación. Sin embargo el magistrado instructor no ve indicio de actividad delictiva y considera los argumentos esgrimidos por as acusaciones populares «meras conjeturas aventuradas al socaire de la rivalidad política que carecen de reflejo probatorio alguno según las diligencias de investigación practicadas».

Una lista de las acusaciones populares que recurrieron el archivo basta para darse cuenta de hacía donde apunta esa «rivalidad política» de la que habla el auto: el carpetazo del caso hace dos años fue contestado por Izquierda Unida Federación los Verdes, Ecologistas en Acción y las asociaciones de juristas de corte progresista ALA (Asociación Libre de Abogados) ADADE (Asociación de Abogados Demócratas de Europa) y Asociación Observatore de Drets Humans, representado en este procedimiento por el letrado Gonzalo Boyé, uno de los defensores del expresidente catalán huido en Bélgica Carles Puigdemont.