La Justicia merece respeto

La Razón
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Se está convirtiendo en una mala costumbre que algunas decisiones adoptadas por los jueces y magistrados en el recto ejercicio de su función jurisdiccional, reciban como respuesta las críticas más desairadas por parte de algunos representantes de determinadas formaciones políticas.

Vemos con demasiada frecuencia como cuando algún juez adopta una concreta medida cautelar o dicta una resolución desfavorable en causas en las que aparecen políticos implicados, rápidamente surge algún compañero de filas del encausado criticando abiertamente al juez y a su decisión, atreviéndose incluso a denunciar sin rubor alguno persecuciones en toda regla o aperturas de causas generales contra su partido, sea éste del color que sea.

La libertad de expresión, derecho fundamental recogido y amparado por nuestra Constitución, legitima el recurso a la sana crítica frente a cualquier decisión que provenga de los poderes públicos, y en esto no es una excepción el poder judicial. Lo que resulta inadmisible e incluso peligroso es que más allá del derecho a discrepar se descalifique de manera injustificada e irrespetuosa una determinada actuación judicial, a costa de caer en el recurso fácil al insulto personal o incluso llegando a acusar sin pruebas de conductas que sólo existen en la imaginación de quien las critica. Esta forma de proceder, además de suponer un ataque frontal al principio de independencia judicial, pudiera tener incluso relevancia penal, ya que en algunos casos supondría imputar a un juez la comisión de un presunto delito de prevaricación, con las graves consecuencias que ello comporta. Por fortuna, no todos los dirigentes políticos presentan siempre este indeseable comportamiento, por lo que la actitud de quienes sí lo practican les pone en vergonzosa evidencia frente a los que mantienen su crítica en términos aceptables.

En España disfrutamos de unos jueces magníficamente preparados y comprometidos con la importante misión que tienen encomendada, que actúan siempre con pleno sometimiento a la ley y que juzgan y hacer ejecutar lo juzgado con rectitud e imparcialidad, dentro de un proceso público, transparente y con todas las garantías. Si en algún momento se desvían de su cometido, es la propia ley la que arbitra los mecanismos para corregir esta situación. Que un representante de una formación política ponga gratuitamente bajo sospecha determinadas actuaciones judiciales ocasiona un irreparable daño a la confianza de los ciudadanos en su administración de justicia, precisamente en una situación de crisis económica y de valores en la que recuperar esa confianza en las instituciones se hace más necesario que nunca.

El régimen disciplinario aplicable a jueces y magistrados califica como falta grave la conducta consistente en dirigir a los poderes, autoridades o funcionarios públicos o corporaciones oficiales no ya censuras por sus actos, sino incluso felicitaciones, invocando la condición de juez, o sirviéndose de esta condición. Sería deseable y muy beneficioso para la salud de nuestro sistema democrático que todas las formaciones políticas de nuestro país demostrasen el mismo respeto y consideración por las decisiones judiciales, gusten o no gusten y afecten a quien afecten.