La «ley mordaza» de Calvo

A tenor de las informaciones que cuestionan la ejemplaridad de los ministros del Gobierno de Sánchez, la vicepresidenta propuso «debatir una posible regulación de la libertad de expresión». Expertos en Derecho Constitucional responden que «limitar el sistema actual es establecer la censura».

Las continuas informaciones vertidas sobre los ministros del Gobierno de Pedro Sánchez, que ponen en entredicho su ejemplaridad como para ejercer un cargo público, condujeron a la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, a solicitar la apertura de un debate europeo para abordar la jurisdicción actual sobre la libertad de expresión. La también ministra de Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, aseveró en la inauguración de la XVI Jornada de Periodismo Coca-Cola, «¿Quién paga la mentira?, ¿Es de pago la verdad?», que «la libertad de expresión no lo resiste todo, como bien sabemos y como han dejado claro en numerosas sentencias nuestros altos tribunales». Para Calvo, la labor de algunos medios de comunicación están poniendo en jaque «la seguridad».

Dicha consideración es cuestionada por expertos en Derecho Constitucional en cuanto a la libertad de expresión y el derecho a recibir información. Según aseguran, el sistema jurídico español regula suficientemente los límites. «Acortar un derecho constitucional es establecer la censura», asegura Isabel Serrano, profesora de Derecho Constitucional del departamento de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense. Los doctores en Ciencias de la Información se remiten constantemente al artículo 20 de la Constitución, en el que se recoge el derecho a «expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción», así como el de «recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión». Esta ley también protege el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia, por lo que en caso de que el afectado considere que se han vulnerado estos derechos tiene la libertad para interponer una demanda judicial. «Creo que la propuesta de la vicepresidenta no tiene ningún recorrido», opina Serrano. «Los ciudadanos tienen derecho a estar informados para luego ejercer otro derecho que es del voto», asegura. Respecto a las afirmaciones de la vicepresidenta de que «los medios de comunicación juegan una baza capital», y la experta menciona el artículo 38 de la Carta Magna, en lo que concierne a la libertad de empresa. «Cualquier medio tiene el derecho a marcar su propia línea editorial, y en función de ella informar de los asuntos que considere. El Estado no puede controlar la libertad de información de un medio privado, pero es que tampoco debería poder hacerlo de uno público. Otra cosa es la ética, pero eso sólo es controlable en cuanto se ha publicado una mentira que no ha sido contrastada», concluye. Dentro del concepto de «información veraz» que recoge la Constitución, al que Calvo ayer se refirió como «una apostilla del tamaño de un trasanlántico», que «cuesta profundidad, formación y tiene un coste económico», mientras que, a su juicio, «la mentira es gratis», el doctor en Ciencias de la Información y profesor de la Universidad Francisco de Vitoria Humberto Martínez Fresneda explica que el periodista, que tiene la obligación de documentarse y contrastar sus informaciones antes de publicarlas, puede acogerse al «secreto profesional», siempre y cuando «no atente contra bien común ni contra la Seguridad Nacional de España. Martínez Fresneda asegura que nuestro sistema garantiza el buen funcionamiento de un sistema democrático. «Otra cosa es que se confunda libertad con libertinaje en algunos medios», afirma.