La ONU pidió derogar el supuesto de malformación del feto de la «Ley Aído»

Madrid- Una de las reformas contempladas en el anteproyecto que reformará la vigente ley del aborto viene refrendada por un informe que Naciones Unidas emitió en el año 2011 con ocasión de la «Ley Aído», que se aprobó en el 2010, durante la última legislatura del Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero. El documento no fue precisamente positivo puesto que la organización internacional, concretamente el Comité sobre los derechos de las Personas con Discapacidad, no dejaba dudas de su postura de clara disconformidad con el supuesto de la ley que permitía abortar en los casos de malformación del feto.

Éste es uno de los muchos motivos que ha llevado al Gobierno a tomar la decisión de reformar la Ley del Aborto que prometía disminuir el número de abortos cuando los aumentaba exponencialmente.

La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad requirió, no obstante, que el supuesto fuese suprimido de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo («Ley Aído») aprobada por entonces desde hacía no más de un año por el Gobierno socialista e impulsada por la ex ministra de Sanidad, Bibiana Aído.

Con todo, el ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón asegura en la entrevista concedida a LA RAZÓN que el informe avala la reforma aprobada por el Gobierno el pasado 20 de diciembre y que la petición impuesta por la ONU se trata de un «requerimiento formal» que evita que se produzca una «discriminación en función de la capacidad del concebido». Asegura que la reforma se basa en un «principio ético» que ha de respaldar y proteger «el proyecto de vida del concebido». Así, la reforma defiende los derechos del discapacitado y asegura que tiene los mismos que aquél con el que no se plantea el aborto.

La nueva ley impulsa, por tanto, que se establezca igualdad en el concebido, con independencia de si éste presenta algún tipo de malformación o no. En ambos supuestos la protección jurídica ha de ser la misma, y que , por lo tanto, no se deben realizar ningún tipo de distinción por sus «capacidades psíquicas y físicas».

Ruiz-Gallardón manifiesta que la anterior ley llevaba en sí misma una «lógica perversa que asumía una disminución de derechos del concebido discapacitado que corría con los del nacido discapacitado».

Confirma que la ley tiene que abordar el conflicto que pueda surgir entre un proyecto de vida del concebido y el derecho de la mujer «cuando ese proyecto de vida puede afectar a la salud de la madre», pero niega que el aborto englobe en sus supuestos el derecho de la madre a abortar por malformación.