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La Policía busca al «dinamizador» de la célula yihadista detenida en Madrid

La Brigada de Información ha retirado a su agente infiltrado ante el peligro que corría.

  • El supuesto dinamizador tenía, antes de la operación policial, un local cerca de la mezquita de la M-30 de Madrid
    El supuesto dinamizador tenía, antes de la operación policial, un local cerca de la mezquita de la M-30 de Madrid

Tiempo de lectura 4 min.

23 de enero de 2017. 01:08h

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23/1/2017

La Brigada Provincial de Información (BPI) de Madrid ha tenido que retirar urgentemente al agente que había conseguido infiltrarse en ambientes yihadistas y delictivos dado el peligro que corría su vida, según han informado a LA RAZÓN fuentes antiterroristas. Su labor se mantenía en secreto (hasta la difusión de determinadas informaciones), y sus actividades formaban parte de una pieza separada y secreta en el Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, que estuvo informado, así como la Fiscalía, de los trabajos de este agente y de la citada operación, que fue denominada «Serkan».

Las pesquisas continúan, ya que aún no ha terminado el examen de los dispositivos de memoria, ordenadores y teléfonos que se incautaron a los dos arrestados, por lo que, según las citadas fuentes, su mantenimiento en prisión, ordenada por el titular del citado juzgado a petición del fiscal, se considera imprescindible, mientras no se conozca su contenido completo.

Los agentes de la BPI, pese a las dificultades que suponen las continuas noticias (cuyo fin parece ser el de tratar de demostrar que la operación no fue contra el yihadismo) y, pese a que el individuo ya está lógicamente advertido, se centran, entre otros aspectos, en una persona, M., a la que se considera dinamizadora de la célula de la que formaban parte los encarcelados y que podría estar en contacto con otros islamistas dispuestos a radicalizarse en cualquier momento.

La operación «Serkan» se inició en noviembre de 2015 y, en principio, iba dirigida a combatir el tráfico ilegal de armas. Los agentes comprobaron que aparecían entre los sospechosos personas de origen árabe pero sin ninguna conexión con el yihadismo. De cada paso, se daba cuenta a la Audiencia Nacional y a la Fiscalía. Por ello, se les informó de que un policial iba a tratar de infiltrarse en esos ambientes, lo que logró no sin dificultades.

La forma de trabajar de este tipo de agentes consiste en que obtengan información y la pongan en conocimiento de sus responsables, pero sin darles cuenta de la marcha global de las investigaciones con el fin de que actúen de una forma pura, sin contaminaciones.

Hasta sus oídos llegó la información de que había un grupo de jóvenes que tenía la intención de comprar armas. En el mundo de la delincuencia se mueven una serie de individuos cuya finalidad es la de tratar de obtener dinero a cambio de supuestas informaciones relevantes. En este caso, el sujeto es un tal M. R, alias «Lolo», que ha pasado por todos los servicios –Policía, Guardia Civil, CNI y que ha llegado a declarar en la Audiencia Nacional– aportando datos, casi siempre contradictorios e imposibles de contrastar, y que, al final, ha sido descartado por todas las unidades policiales y de información. La BPI llegó a ofrecerle la posibilidad de convertirse en «testigo protegido», para dar mayor cobertura a sus actividades, pero cuando le explicaron los pasos legales que había que formalizar, no mostró el más mínimo interés, todo lo contrario, y la BPI lo ignoró a partir de ese momento.

A lo largo de las pesquisas, llegaron a manos del agente infiltrado tres vídeos en los que, en los dos primeros, se pudo identificar a los dos encarcelados, con un fusil AK-47 Kalashnikov y un cuchillo. Uno de los protagonistas advertía de que «Vais a morir todos». En el tercero, aparecía otro que daba lectura a un manifiesto que no ha podido ser traducido, ya que va mezclado con música yihadista. Detrás de él estaba la bandera del Daesh y al final se superponía la imagen de la Puerta del Sol de Madrid.

Con posterioridad, y como si quisieran demostrar que «iban en serio», los dos encarcelados hicieron llegar al agente infiltrado la propuesta de si podía suministrarles, a través del mercado negro, dos kalashnikov; dos pistolas Glock; munición para ambas armas y bombas de manos. Le aseguraron que tenían dinero suficiente para pagar las armas, (en el registro de la casa de uno de ellos se encontraron casi 3.500 euros que, según él, pertenecían a su madre por limpiar en domicilios). El agente les dio largas y dijo que ya les contestaría.

Ante estas evidencias, que se entendían como una amenaza para la seguridad de los españoles, los responsables de la BPI se pusieron en contacto con el juez Santiago Pedraz, titular del JCI 1 y el fiscal Jesús Santos. Se plantearon dos posibilidades de actuación: entrada y registro en los domicilios de los sospechosos, o, lo que se hizo, su inmediata detención.

En las primeras declaraciones que realizaron tras su arresto, en las que, lógicamente, trataban de exculparse (uno de ellos llegó a decir que era católico y apostólico), se presentaban como víctimas de un complot urdido por terceros. Ya en la cárcel, y en conversaciones con los funcionarios, implicaron al «Lolo». Lo cierto es que en el domicilio de uno de ellos se encontró una tarjeta SD en la que estaban los mismos vídeos que fueron entregados en su día al agente infiltrado. Había archivos yihadistas.

Entre los motivos por los que ha habido que sacar al agente infiltrado del ambiente en el que se movía, lo que supone echar a perder todo el trabajo realizado durante años, está el hecho de que personas próximas a M., el supuesto dinamizador de la célula, le andaban buscando, se supone que no con muy buenas intenciones.

La BPI mantiene que se trata de una operación contra el yihadismo, que quedará avalada cuando se puedan examinar todos los dispositivos incautados que aún están siendo analizados.

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