La sospecha de un urbanismo turbio lastra la gestión de Castedo

La hasta ahora alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo (PP), ha dimitido de su cargo tras estar imputada en dos casos judiciales de presunta corrupción urbanística que tienen, según la investigación policial, un mismo hilo conductor: su relación con el empresario Enrique Ortiz.

El presunto amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y las supuestas irregularidades en la tramitación de un macroproyecto urbanístico en el barrio de Rabasa han lastrado en los últimos años la gestión de Castedo al frente del Ayuntamiento de Alicante donde, antes de ser alcaldesa -cargo al que accedió en 2008-, ocupó la Concejalía de Urbanismo.

Su dimisión como alcaldesa se produce después de que el pasado 28 de octubre el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tras los últimos casos de corrupción como el de la operación Púnica, pidiera disculpas a todos los españoles en nombre de su partido por haber nombrado para algunos cargos a personas que no han sido “dignas” de ello y que, “en apariencia”, han abusado de los mismos.

Además, deja el cargo tras el pleno municipal celebrado el 31 de octubre en el que ella y el resto de concejales respaldaron una moción de UPyD para instar a los partidos políticos a excluir de las listas electorales a imputados.

Castedo ha sido relacionada con el constructor Enrique Ortiz -también imputado en ambas piezas- desde que estalló la ramificación del caso Brugal relativa a la ciudad de Alicante.

Uno de los bloques del Brugal es el referente a las supuestas anomalías del PGOU de Alicante y otro, al proyecto urbanístico de Rabasa, en cuyo terrenos se preveía la construcción de 13.500 viviendas y de una gran superficie comercial de la multinacional sueca Ikea.

Las escuchas telefónicas registradas en el marco de la investigación policial sobre este último asunto, el plan Rabasa (proyecto aprobado en 2005 por populares y socialistas), recogieron conversaciones entre Ortiz y representantes políticos (algunos de ellos no sólo del PP, sino también del PSPV-PSOE local), entre las que destacan las que mantuvieron el empresario y Castedo.

El contenido de esas conversaciones apuntaría a posibles indicios de una supuesta influencia ejercida por Ortiz sobre cargos públicos para impulsar resoluciones en materia de urbanismo favorables a él.

Por el caso Rabassa, Castedo está imputada por los presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias.

Además, en el sumario del caso Brugal sobre el PGOU, a la alcaldesa se le atribuyen los supuestos delitos de revelación de información privilegiada, cohecho y tráfico de influencias en las supuestas ilegalidades en el diseño del PGOU a favor de Ortiz.

Según la oposición, la situación judicial de Castedo por su doble imputación ha “paralizado” a esta ciudad y dañado la “imagen” del municipio.

La decisión de Castedo de abandonar ahora el cargo se produce a tan solo cinco meses para expirar la legislatura, con unas elecciones municipales a la vuelta de la esquina en las que el PP pretende ganar de nuevo en Alicante.

El president de la Generalitat y del PP en la Comunitat Valenciana, Alberto Fabra, ha repetido en muchas ocasiones que no habrá imputados en las listas electorales de su partido.

Una máxima interpretada como “una advertencia”: la regeneración democrática que postulan los populares no casa con políticos salpicados de asuntos aparentemente sospechosos, aunque posean un buen tirón electoral, como es el caso de Castedo, quien en los últimos comicios locales encabezó una candidatura que revalidó y amplió la mayoría absoluta en Alicante, al pasar de 15 a 18 ediles.

Nacida en Ribadeo (Lugo) en 1970, aunque residente desde niña en Alicante, Castedo es licenciada en Sociología por la Universidad de Alicante en la especialidad, precisamente, de Urbanismo.

En 1995 accedió al gabinete de prensa del Ayuntamiento alicantino, en el que dos años después asumió las labores de jefa de prensa.

Cuatro años más tarde fue edil de Turismo, Playas y Partidas Rurales, puesto en el que permaneció hasta 2003.

Durante un lustro, entre 2003 y 2008, fue concejala delegada de Urbanismo, presidenta del Patronato Municipal de la Vivienda y primer teniente de alcalde.

En septiembre de 2008 accedió a la alcaldía, después de la renuncia al cargo de Luis Díaz Alperi, imputado también en la pieza del Brugal sobre el PGOU.

Tras las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2011, fue elegida alcaldesa con mayoría absoluta y diputada autonómica por el PP.

El 2 de mayo de 2014 presentó su renuncia al escaño en Les Corts “por motivos personales” con efectos desde el 30 de abril, cuando era investigada por el Tribunal Superior de Justicia valenciano por las presuntas irregularidades del PGOU.

Ahora, tras seis años al frente del consistorio, ha dimitido como alcaldesa.