La UE insiste en el peligro de que las pensiones se liguen a la inflación

El Ejecutivo comunitario recela de las cuentas de Sánchez y las vigilará con lupa.

Sobre el papel, los números cuadran. En la realidad, a Bruselas se le presentan muchas dudas. Las fuentes consultadas anticipan algunos desencuentros importantes entre la capital comunitaria y el Ejecutivo de Sánchez que se traducirán en algunos avisos de mayor o menor virulencia según el análisis pausado del anteproyecto de presupuestos remitido ayer a la capital comunitaria. La indexación de las pensiones para vincularlas al IPC preocupa especialmente a Bruselas, que en numerosas ocasiones se ha mostrado en contra de esta medida al considerar que ponen en peligro la sostenibilidad del sistema en el largo plazo. Llueve sobre mojado. El aplazamiento del factor de sostenibilidad ligado a las pensiones tampoco sentó bien en la capital comunitaria.

Además, Bruselas observará con lupa cada capítulo de ingresos y las estimaciones realizadas por el Gobierno español. No es la primera vez que hay choques en este sentido y suelen ser la tónica habitual con casi todas las capitales europeas. Parece que esta vez tampoco va a ser la excepción. El Ejecutivo español ha fiado el aumento del gasto público a ingresos extraordinarios por valor de 5.678 millones de euros. Dos de las medidas estrella son los cambios en el IRPF y en nuevo impuesto a las tecnológicas, la conocida como «tasa Google». Esta última medida no disgusta a Bruselas, que incluso está promoviendo introducir este impuesto en los Veintiocho, pero los cálculos que ha realizado el Gobierno pueden pecar de optimistas. España confía en ingresar 1.200 millones de euros cuando las estimaciones de Bruselas calculaban que este impuesto introducido de manera simultánea en todos los países europeos conseguiría recabar unos 5.000 millones de euros.

Las fuentes consultadas han sido cautelosas a la hora de hacer juicios concluyentes sobre las partidas presentadas por el Gobierno. Los anuncios de la semana pasada fueron deliberadamente ambiguos y un documento de esta envergadura necesita ser analizado de manera minuciosa. España ha prometido un esfuerzo estructural del 0,4% del PIB, lo que supone un ajuste de unos 4.800 millones. Bruselas se conformaría con una cifra menor aunque esto supondría dejar para 2020 algunos recortes y debilitaría la confianza en nuestro país. La presencia de Nadia Calviño como titular de Economía ha sido un factor de credibilidad que puede evaporarse si se comienza a cometer errores. Las pistas sobre la opinión de Bruselas pueden llegar antes de lo previsto. El semestre europeo permite que dentro de una semana Bruselas pueda enviar una carta pidiendo explicaciones a cualquier país concernido.

Según explican fuentes comunitarias, esta medida tan sólo se tomará si existe «preocupación» sobre los números, ya que Bruselas está en contacto con las capitales y puede pedirles de manera informal algunas aclaraciones en el curso de esta semana. Si tras la recepción de una hipotética misiva, Bruselas no recibe explicaciones concluyentes, el 29 de octubre los presupuestos pueden ser devueltos en su totalidad. Un escenario que nunca ha sucedido y que Italia puede estrenar.

El choque frontal entre Bruselas y Roma puede convertirse en el mejor aliado de Sánchez. El comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, está dispuesto a cierta manga ancha con nuestro país como modo de evitar que cualquier equiparación desate el temido efecto contagio y conatos de una nueva crisis de deuda. Si no hay sorpresas de última hora, se espera que las advertencias a España se pospongan hasta el mes de noviembre.