La Universidad y la Fiscalía investigarán el máster de Cifuentes

El rector ordena una inspección interna de las notas de la presidenta. Estudiantes han denunciado el caso ante la Justicia por delitos de falsedad en documento y cohecho.

La Universidad Rey Juan Carlos (URJC) no da por cerrado el «caso Cifuentes». Tampoco la Fiscalía quien, a petición de varias asociaciones de estudiantes, podría abrir una investigación sobre si existió un delito de falsedad en documento público y cohecho en la modificación de las notas del máster de Derecho Autonómico que la presidenta madrileña hace constar en su currículum desde hace años.

A través de un comunicado, el rector del centro público madrileño, Javier Ramos, anunció que el pasado miércoles ordenó la apertura de una investigación administrativa para aclarar en el seno de la institución las circunstancias en las que la presidenta de la Comunidad de Madrid aprobó una asignatura y el «Trabajo Fin de Máster» (TFM) en el mismo curso en el que se matriculó –el 2011/2012–, a pesar de que en 2014, cuando la entonces Delegada del Gobierno pagó las tasas de expedición de su título, una funcionaria modificó su expediente en el que ambas materias constaban como «no presentadas».

El propio rector y dos de los profesores involucrados en la polémica comparecieron anteayer en rueda de prensa y atribuyeron la confusión a una mala transcripción del boletín de notas en el programa informático: «Hasta ese momento no tenía constancia de irregularidad alguna» por lo que, añade la nota de la URJC, «aportaron actas y constancias firmadas que verificaban la regularidad de los procesos». En concreto el rector ha encomendado a la Jefa de Inspección de Servicios de la Universidad (en un procedimiento que recoge el artículo 28 del Real Decreto 33/1986, de 10 de enero) para aclarar todo lo sucedido y depurar las responsabilidades que pudieran existir en su caso.

Además de las modificaciones que se produjeron en las calificaciones de Cifuentes años después de la fecha en la que aprobó su TFM –según el acta que el Ejecutivo de la Comunidad de Madrid facilitó a la Prensa presentó su trabajo el 2 de julio de 2012–, la institución educativa deberá dirimir también si la composición del el tribunal que lo juzgó era la reglamentaria. Según informó ayer «Eldiario.es» las tres doctoras que evaluaron a Cifuentes forman parte del claustro de la URJC cuando el reglamento de este centro exige que un miembro del tribunal sea «profesor de otra universidad» o un «experto» para garantizar la imparcialidad.

Al margen de la investigación académica, la Justicia podría llamar a declarar a Cifuentes como investigada si toma en consideración la denuncia que le han remitido varios colectivos de estudiantes y que apuntan a la funcionaria que modificó el expediente de la presidenta madrileña, Amalia Calonge, al director del máster y a los miembros del tribunal que calificó el TFM, como responsables de un presunto delito de falsedad de documento público y cohecho para favorecer a la dirigente popular. En el escrito al que tuvo acceso Europa Press, se reclama al Ministerio Público que se pidan a Cifuentes los correos electrónicos, las comunicaciones con su tutor del TFM y las anotaciones y evaluaciones a la confección del mismo, así como copia o documentos de haber depositado el citado TFM «en tiempo y forma correspondiente al curso académico 2011/12». También reclama que se tome testimonio a la funcionaria que modificó el expediente académico y al tutor del trabajo del máster. La denuncia también pide la comparecencia del personal designado por el Instituto de Derecho Público de la URJC para que aporte documentación respecto al nombramiento del tribunal para evaluar el TFM de este máster así como la copia de la agenda y libros de visita en Delegación de Gobierno y de la Comunidad de Madrid correspondiente a las fechas de realización de la comisión evaluadora y los correos del director del máster, a fin de cotejar la «verosimilitud» de la información que ha mostrado la presidenta madrileña sobre este caso.