Lamela acorrala a Trapero y le cita a declarar por «organización criminal»

F. Velasco - «La actuación de los Mossos el día 1 de octubre fue dirigida a obstruir cualquier actuación que bloquease el plan estratégico hacia la independencia. Con esta finalidad, se diseñó un plan premeditado para evitar actuar, que procedía de la cúpula policial de los Mossos d’Esquadra, cúpula comandada por Josep Lluis Trapero y en conexión directa con el «comité estratégico» encargado de orientar e implementar el «plan» que debía conducir a proclamar la independencia de Cataluña. Esta grave imputación es la que formula la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela en el auto donde se imputa al ex Mayor de los Mossos un nuevo delito de sedición. Además, la magistrada apunta ya la existencia de indicios que pueden culminar en un delito de organización terrorista. Trapero deberá declarar el próximo viernes por el nuevo delito imputado, no descartándose que se le impongan medidas restrictivas.

En este sentido, la magistrada pone de manifiesto cómo la actuación de la Policía autonómica catalana fue, desde el 20 de septiembre –fecha en que el control policial pasó a desempeñarlo el coronel de la Guardia Civil Francisco Pérez de los Cobos– de una «total inactividad», pese que se intentó enmascarar «bajo los principios de actuación policial, congruencia y oportunidad».

Pero no sólo fue una actuación pasiva, sino que, además, los Mossos no intervinieron en los casos en que agentes de la Guardia Civil eran agredidos y, en cambio, su acción fue orientada en algunos casos «a obstaculizar la actuación de aquellas otras policías, y en otros, a increpar e incluso enfrentarse a alguno de los agentes de la Guardia Civil y Policía Nacional».

De hecho, según la magistrada, existen serios indicios de que los agentes del Cuerpo que dirigía Trapero fueron igualmente utilizados para controlar las acciones de la Guardia Civil y Policía Nacional el 1 de octubre.

La conclusión a la que llega la magistrada Carmen Lamela respecto a la actuación de quien entonces era Mayor de los Mossos es clara y rotunda: «La finalidad inmediata de Josep Lluís Trapero Álvarez –en esos hechos– estaba orientada a facilitar la celebración del referéndum y con ello la proclamación de una República catalana, independiente de España, siendo consciente de que desarrollaba una actuación al margen de las vías legales, desatendiendo el mandato recibido desde el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y en contra de las decisiones adoptadas por el Tribunal Constitucional».

La valoración jurídica de estos hechos –los sucedidos entre el 20 de septiembre y el 1 de octubre-, señala la instructora, pueden ser constitutivos de dos delitos de sedición, pero ello «sin perjuicio» de que puedan constituir también un delito de organización criminal.

Además de Trapero, el próximo viernes declarará también el comisario jefe de la Comisaría de Coordinación Territorial del CME, Ferrán López, aunque éste en calidad de testigo.

La magistrada también reclama a la Secretaría de Estado de Interior para que le remitan «el instrumento por el que se nombró» a Pérez de los Cobos para coordinar y/o dirigir el dispositivo de seguridad» para cumplir con lo ordenado por el TSJ catalán en relación con el referéndum ilegal del 1-O.

A los Mossos le reclama información sobre la forma en que se les comunicó el operativo dispuesto para ese día, así como la identificación de quienes lo hicieron y las órdenes recibidas.