Política

Lea íntegra la intervención de Mariano Rajoy

La Razón
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Señorías, el 20 de diciembre de 2011, cuando me presenté en esta Cámara para solicitar la investidura, hace ahora poco más de tres años, les dije lo siguiente:

«Un país en el que cada día que pasa se destruyen miles de empleos no puede permitirse vacilaciones a la hora de señalar prioridades.»

«Me propongo, pues, dedicar toda la capacidad del Gobierno y todas las fuerzas de la nación a detener la sangría del paro, estimular el crecimiento, y acelerar el regreso de la creación de empleo.»

Estas fueron las prioridades que señalé para esta legislatura y que aceptó la Cámara: detener la sangría del paro, estimular el crecimiento y acelerar el regreso a la creación de empleo.

Por eso, es razonable preguntarse ¿en qué grado de desarrollo está hoy este compromiso? Dicho de otra manera: ¿Cuál es el estado de la Nación respecto a lo que yo mismo propuse ante esta cámara?

Las prioridades no podían ser otras: a finales de 2011 se cerraban empresas sin interrupción, desaparecían las inversiones, no existían ni siquiera perspectivas de crecimiento, y tres mil doscientas personas perdían su empleo cada día1.

Otra cosa es que fuera fácil abordarlas.

No lo era en absoluto. Había que atender a los gastos de cada día con la caja vacía. Los ingresos fiscales se habían desplomado mientras la deuda crecía vertiginosamente. Nuestro crédito era un recuerdo. Se tenía muy poca confianza en nuestra capacidad para devolver los préstamos, con lo cual el dinero que necesitábamos nos salía carísimo. Recuerden las escaladas de la «prima de riesgo». Existía un riesgo cierto de quiebra. La intervención nos rondaba como una amenaza. Éramos candidatos claros para salir del euro... No necesito insistir porque, aunque parece mentira, todo esto ocurría hace ahora nada más que 3 años.

Un panorama invernal, gélido y desolador.

Tuvimos que soportar una batalla diaria contra quienes nos empujaban para que pidiéramos el rescate.

No quiero ni pensar cuáles hubieran sido las consecuencias económicas y, sobre todo, las consecuencias sociales de aceptar la intervención. A ello me referiré luego.

El caso, es que no lo aceptamos.

Queríamos sacar al país del atolladero, restaurar el tejido productivo, detener la desaparición de los empleos, recuperar la confianza... pero sin intervención exterior, sin dejar de actuar como un país soberano, sin renunciar al control de nuestro destino, sin dejar abandonados a todos los españoles que no podían atravesar el desierto por sus propios medios.

Tuvimos que dedicar dos años enteros a enderezar aquel desastre.

Dos años duros, de esfuerzos y renuncias para lograr ajustar las cuentas.

Les recuerdo, señorías, que todo lo que conseguíamos ahorrar se nos iba en pagar los intereses de la deuda. Porque no se sabía aún si éramos fiables.

Fueron dos años de estrecheces sin más apoyo que la esperanza, porque, como es natural, se sufrían las penalidades, pero no asomaban las recompensas.

Realmente, señorías, y desde la distancia que marcan el tiempo transcurrido y el evidente cambio de situación, es de justicia reconocer que los españoles hemos pagado un precio muy alto para recordar algunos principios elementales que nunca deberían volver a olvidarse: principios como que no se puede gastar lo que no se tiene, que no se puede vivir de prestado y que hay que contar muy despacio y con mucho tino el dinero que pedimos a la gente.

El caso es que, pese a toda suerte de dificultades, logramos recuperar la confianza, el crédito y, por encima de todo, la creación de empleo.

No abundaré en hechos que ustedes conocen. Me bastan unos pocos datos para reflejar la situación de esa manera objetiva e incontestable que ofrecen los números.

Donde durante seis años se destruía empleo, comenzó a crearse. En 2013 el empleo aún caía al -3,3%. En 2014 creció al 0,8%. El avance del empleo neto alcanzó a 440.000 personas.

Esto, en lenguaje llano, significa que se ha invertido la situación, señorías. Hemos detenido la caída, dejado de destruir puestos de trabajo y estamos abriendo las puertas del empleo, que era, exactamente, lo que nos habíamos propuesto al comienzo de la legislatura y, para algunos, parecía inalcanzable.

Señorías, España inició esta recuperación mirando al exterior, recuperando su competitividad. Nuestras exportaciones crecieron, incluso, en los peores momentos y nos sirvieron para aguantar mejor los duros años 2012 y 2013. A día de hoy, las ventas exteriores suponen ya cerca del 33% del Producto Interior Bruto español; han aumentado en los últimos años más que en ninguna otra economía del G7, salvo Alemania.

Equilibramos nuestro saldo exterior y detuvimos la espiral de endeudamiento que nos atrapaba. España, que creció durante años por la vía del endeudamiento frente al exterior, hoy produce y vende suficientes bienes y servicios para financiar todas sus compras en el extranjero 2. Esto, señorías, no ocurría desde el año 1998.

Esto no ha sido ni una casualidad ni un regalo. El número de las empresas que exportan con regularidad ha crecido más de un 22% desde 2011. Muchos de nuestros empresarios iniciaron su aventura exterior, en un proceso que ya no tiene retorno. La economía española se internacionaliza cada día más y coloca los cimientos de un desarrollo más sólido y diversificado.

En este fenómeno, no ha sido ajeno el hecho de que nuestros precios evolucionasen, incluso mejor que los de Alemania, la economía más competitiva de la Unión Económica y Monetaria. Nuestros productos son atractivos por calidad, pero también por precio, algo que habíamos perdido en un pasado no tan lejano.

Recuperamos la confianza del exterior cuando los inversores internacionales vieron que España era competitiva y podía sostenerse sin endeudarse. La prima de riesgo comenzó a descender: pasamos de superar los 635 puntos básicos en 2012 a los poco más de 100 puntos en el día de hoy. Hay quien piensa que esto fue un regalo del Banco Central Europeo, pero todas las medidas del BCE, no hubieran servido de nada si España hubiera seguido siendo un país con una competitividad muy baja;

A mediados de 2013, cuando habían pasado seis trimestres de legislatura, logramos lo que muchos pensaban inviable: que la actividad económica española comenzara a crecer, revirtiendo la recesión económica que heredamos del anterior gobierno. Llevamos ya un año y medio en que nuestra economía crece mes a mes; hemos cerrado 2014 con un incremento de nuestro Producto Interior Bruto del 1,4%. Es el primer año en que se crece desde el inicio de la crisis.

Nuestra expansión ya no es solamente producto del sector exterior; las familias y las empresas han recuperado la confianza y su capacidad de consumir e invertir. Se armoniza la demanda interna y la exterior y los bienes y productos que producimos los españoles son atractivos para cubrir ambas. Los hogares perciben ya cierta mejora en sus presupuestos, como demuestran los datos de ventas minoristas 3, de matriculaciones de vehículos 4, nuevas hipotecas 5, todo ellos en franco crecimiento. La confianza de los consumidores, medida por los distintos índices tanto nacionales como internacionales, está en máximos históricos 6: está renaciendo el optimismo en cuanto a las expectativas de España.

Gracias a la reestructuración del sistema financiero, el crédito, o mejor dicho, la falta de crédito, ese dogal que nos ha atenazado los últimos años, va quedando atrás: en 2014, las nuevas operaciones de las Pequeñas y Medianas Empresas con las instituciones financieras, subieron un 9%, el mayor aumento porcentual desde que se inicia la serie en 2004, y además el coste de las mismas ha bajado sustancialmente 7.

En fin, señorías: la culminación de este proceso es la creación de empleo. 2014 es el primer año de la crisis, el primer año, desde 2006, en que se crea empleo y se reduce el paro. Con los datos de enero de 2015, ya podemos decir que hay 74.000 parados registrados menos que en el primer mes de la legislatura, en enero de 2012 8. Y también podemos decir que, con los datos de Eurostat de diciembre, últimos datos conocidos, en España hay 156.000 parados menos que desde el primer mes de la legislatura.

Además, uno de cada dos puestos de trabajo que se crearon en 2014, según la EPA, era indefinido. Dicho de otra manera, aunque aún queda mucho por hacer, estamos mejorando, y cubriendo las etapas de forma cada vez más rápida.

Y éste es un crecimiento sostenido y estable, con bases sólidas, que, si no torcemos el rumbo, se puede mantener y acelerar:

España va a cumplir con sus objetivos de déficit en línea con nuestros compromisos europeos.

Mantendremos un superávit exterior, reduciendo por tanto nuestra deuda con el resto del mundo.

Nuestros precios mantendrán la senda de descenso, gracias a la bajada del precio del petróleo y la estabilidad en otros bienes y servicios, lo que mantiene nuestro poder adquisitivo y nos permite, al mismo tiempo, ganar competitividad frente al exterior.

Gracias a esto, y al esfuerzo de todos, la economía española creará, entre 2014 y 2015, en torno a un millón de empleos netos, cumpliendo así el compromiso que adquirí en esta Cámara con el conjunto de los españoles.

Pues bien, señorías, esta es la situación de la economía española a día de hoy.

No necesito ya traer promesas ni alentar esperanzas. Disponemos de algo mejor: hechos sólidos que se palpan, se miden y se cuentan porque son realidades objetivas.

El estado que debatimos hoy es el de una nación que ha salido de la pesadilla, se ha rescatado a sí misma, ha recuperado la confianza económica, goza de prestigio, vuelve a ser atractiva para los inversores, ha reordenado su funcionamiento, ve crecer el consumo... Una Nación en la que comienza a girar de manera creciente la rueda de la actividad económica y, gracias a todo ello, está ya empezando a crecer el empleo y a reducirse el número de los parados.

No hemos necesitado una década, señorías. Hablo de tres años. Eso es lo que ha tardado España en levantarse después de la caída.

Sólo se puede comparar la velocidad de nuestra recuperación con la velocidad con la que nos hundíamos anteriormente.

España ha pasado de ser un país al borde de la quiebra a convertirse en el ejemplo de recuperación en el que, a día de hoy, se fijan otros países de la Unión Europea.

Ya no es un problema para Europa, ni necesita un rescate, ni tiene que dejar el euro. De eso ya no se habla.

España ya no está en los titulares de la prensa, ni en las conversaciones de los dirigentes europeos o de las instituciones internacionales, salvo para bien.

Aquel país que recibimos hundido en la ruina, es de los que más crece de toda Europa, y el que más empleo crea. Aquel país al que, para prestarle dinero, había que tomar precauciones y aplicarle unos intereses insoportables, ahora encuentra todas las puertas abiertas y los tipos de interés más bajos de nuestra historia.

Ningún otro país en dificultades ha visto algo parecido.

A partir de ahí, cada uno valora las cosas como le parece o como le conviene.

Yo, señorías, me atengo a lo que dicen los que no tienen que hacer campaña electoral en España.

Todos los países del mundo y todos los foros internacionales están poniendo a España como ejemplo de la recuperación económica, por lo que ha hecho y por las perspectivas que se le ofrecen.

No es que alaben la situación actual por sí misma, que ya sería mucho. Alaban la situación actual comparándola con la que recibimos, es decir, miden el salto que hemos dado desde lo más hondo. Por eso, el mérito les parece doble y lo confiesan.

El Gobierno ha hecho lo que tenía que hacer, pero el mérito corresponde a España y a los españoles.

A esto ha contribuido todo el mundo: las comunidades autónomas, los municipios, los trabajadores, los funcionarios, los empresarios, las familias...

Los resultados demuestran que esta Nación, cuando se la dirige con responsabilidad, sabe responder, sobreponerse y actuar, porque cuenta con recursos, con ambición y, no me olvido, con ese espíritu de solidaridad que todo el mundo reconoce en los españoles, porque aflora en todas las adversidades, y sin el cual la travesía hubiera sido muchísimo más ingrata.

Señorías, se lo dije hace dos años en esta misma cámara, los españoles han demostrado que no son niños. Fueron conscientes de las dificultades y supieron distinguir perfectamente lo que les ayudaba de lo que les perjudicaba. No confundieron lo que les podrían gustar con lo que les convenía en aquel momento dramático.

De mejor o peor humor, con mayor o menor resignación, aceptaron los sacrificios; aceptaron lo inevitable. Entendieron que era la hora de tomarnos en serio a nosotros mismos y de pelear con ahínco por nuestro propio futuro. Hoy podemos decir con satisfacción que lo lograron.

Los españoles saben estar a la altura de las circunstancias. Tienen motivos para estar orgullosos de lo que han hecho y de los resultados obtenidos con tanto esfuerzo.

Pero nos queda mucho por hacer.

Claro está que nos queda mucho. No confundamos el final de un acto con el final de la obra.

Sabemos lo que nos falta. La tasa de desempleo está todavía demasiado alta, muchísimos españoles llevan más de un año sin trabajo, y muchos, más de dos años. La tasa de desempleo juvenil sigue siendo inaceptable...

Nos queda mucho por hacer, pero hemos creado las condiciones para hacerlo. Ahora sabemos que podremos hacerlo.

Hemos dado un paso de gigante que, en sí mismo, constituye el mejor estímulo para acelerar nuestra marcha. Porque si en tres años hemos logrado, entre todos, superar lo más difícil, que era detener la caída, dar la vuelta a la situación, recuperar el brío y comenzar el avance, ¿qué puede impedirnos, si perseveramos, acelerar el ritmo de crecimiento, consolidar el bienestar y recuperar el empleo?

Sólo una cosa: nosotros mismos. Luego me referiré a ello, Señorías.

Ahora quiero referirme al Estado de Bienestar.

La crisis económica no sólo provocó en España una caída de la economía, un aumento sin precedentes del paro y un importante desplome de los ingresos tributarios, en concreto, señorías, en 70.000 millones de euros. Todo ello puso en riesgo del mantenimiento y la calidad de nuestros servicios públicos fundamentales. Además, la crisis económica generó un aumento de la desigualdad social, del riesgo de pobreza y de exclusión social a un ritmo mucho más acelerado que en el conjunto de la Unión Europea. No podía ser de otra forma: el motivo fundamental de la desigualdad es el paro y su ascensión ha sido imparable en los años de la crisis.

Pocas cosas hay más injustas que el hecho de que alguien no pueda tener un trabajo para sostenerse.

Es obvio que el reto que se le presentaba a este Gobierno no se limitaba solo a la corrección de los grandes desequilibrios macroeconómicos y la creación de empleo. Había que hacerlo preservando lo fundamental de nuestro sistema de bienestar social.

Se trataba, pues, de sacar adelante a España entera, no a fragmentos sueltos de ella, no dejar a nadie a la espalda, y menos a los más débiles, a quienes peor lo estaban pasando, a los que, en aquel momento, se acogían con fuerza al calor familiar o a las ayudas altruistas que, por fortuna, nunca han faltado en un país solidario como España.

Queríamos salir de la crisis todos juntos, sin desgarros sociales, sin que ni las circunstancias, ni nuestras intervenciones ahondaran las desigualdades.

No era fácil, como todo el mundo sabe, porque no había dinero.

En verdad, señorías, era muy difícil. Había muchos que aseguraban que no era posible lograr lo que pretendíamos: una especie de cuadratura del círculo que consistía en recuperar la economía reduciendo el déficit, haciendo reformas estructurales y, al mismo tiempo, mantener el grueso del gasto social.

Y, por eso, nos animaban a pedir el rescate.

Pero no lo hicimos.

Señorías, esta fue la gran decisión de la legislatura.

Esa fue la gran medida de política social: evitar el rescate. Queríamos decidir sobre nosotros mismos. Y, mientras otros se vieron obligados a tomar medidas drásticas, nosotros pudimos fijarnos unas líneas rojas que no íbamos a traspasar. Y no lo hicimos.

El rescate es implacable, no considera la edad, ni la condición social, ni la fortaleza o debilidad de cada familia. Es una ayuda, pero una ayuda muy exigente, que no deja opción para adaptarse a la austeridad, ni margen para ayudar a los más débiles.

Eso no entraba en las consideraciones de quienes nos urgían a pedirlo; esos que glosaban las ventajas del rescate pero que no dedicaban ni una palabra a valorar sus contrapartidas sociales. Nosotros sí lo hicimos. Era nuestra obligación. Por eso, fuimos prudentes en nuestras declaraciones y sólidos en nuestra determinación de evitarlo.

Señorías, lo más fácil hubiera sido aceptar las presiones, pero era lo más injusto. Y, por eso, no lo hicimos.

Nos negamos a salir de la crisis a expensas de los pensionistas, de los parados o de la caja de la Seguridad Social.

Sin duda, lo que pretendíamos era más difícil, más arduo, más laborioso..., pero más equitativo. Podíamos fracasar, pero nadie podía decir que no mereciera la pena intentarlo.

Nos impusimos, pues, el compromiso de proteger en aquel naufragio el Estado de bienestar, mantener las prestaciones sociales, y garantizar los pilares de los servicios básicos, como Sanidad, Educación, pensiones, prestaciones por desempleo y el resto de servicios sociales.

Para ello, y para recuperar el crecimiento y el empleo – la mejor garantía del estado de bienestar-, pusimos en marcha la política económica que ustedes conocen.

Paralelamente, se crearon mecanismos extraordinarios de apoyo a las administraciones públicas, locales y autonómicas porque muchas de ellas no podían atender sus vencimientos de deuda, pagar a sus proveedores o mantener los servicios públicos. Me refiero a la línea ICO, el Plan de Pago a Proveedores o al Fondo de Liquidez Autonómica. Les recuerdo que más del 70% de esos fondos se han destinado a gasto social. Luego me referiré a este asunto con más detalle.

El conjunto de todas estas decisiones y políticas, ha producido los resultados por todos sabidos. El más importante: hemos logrado que nueve millones doscientos setenta y cinco mil pensionistas hayan cobrado y cobren puntualmente, mes a mes, sus pensiones.

No sólo no se ha recortado el gasto, sino que ha crecido, porque hoy hay más pensionistas que en 2011, y porque ha subido la cuantía de las pensiones. Estamos pagando más de 19.000 millones más al año en pensiones que los que se pagaban en el año 2011, cuando otros las congelaron.

Y han ganado poder adquisitivo.

Por cierto que esta comparación que hago entre la situación actual y la de 2011 no refleja bien la realidad. Esconde todo aquello que hemos evitado, pero que muy bien pudiera haber ocurrido, como todavía ocurre en otras naciones. Pudiera haber sido que las pensiones se rebajaran como ha ocurrido en los países bajo rescate, donde en algún caso han llegado hasta el 20%. Esa es la comparación adecuada, la que refleja bien de qué hemos sido capaces de librarnos.

También se nos decía que no podríamos pagar las prestaciones por desempleo. No ha sido así. Se han pagado puntualmente. Y no estoy hablando de una cantidad menor. Es bastante más dinero que el que gastamos en cualquiera de los ministerios. De hecho, el gasto en desempleo, casi llegó a ser tanto como el gasto conjunto de todos los Ministerios. Insisto, señorías, casi tanto dinero para el desempleo como el que dedicamos, conjuntamente, a todos los ministerios.

Además, desde el primer momento, el Gobierno se comprometió a ayudar todo lo posible a quienes se vieron afectados por el paro de larga duración. Una de las primeras medidas que adoptamos fue mantener el programa PREPARA hasta que la tasa de paro no bajase del 20%.

Y ahora, en cuanto las circunstancias lo han permitido, el Gobierno ha acordado con los interlocutores sociales una nueva ayuda durante 6 meses a la que podrán tener acceso 450.000 parados de larga duración. Su objetivo es facilitar la inserción en el mercado laboral a través de un tratamiento intensivo de los servicios de empleo, que se ajuste a las dificultades de colocación a las que se enfrentan estas personas.

En otro orden de cosas, y para ayudar a las Comunidades Autónomas y a las Corporaciones Locales a cumplir con las políticas sociales que son de su competencia, se han articulado instrumentos como el Fondo de Liquidez Autonómica o el Fondo de Pago a Proveedores. En los tres últimos años, el Estado ha proporcionado a las Comunidades Autónomas más de 122.000 Millones de euros de esta manera. De ellos, más del 71% se ha destinado a financiar servicios públicos fundamentales: sanidad, educación y servicios sociales. En este año 2015, estamos poniendo a su disposición nuevos instrumentos de financiación y liquidez, para garantizar la prestación de estos servicios básicos por un importe de 39.869 millones de euros. Así, por ejemplo, se crea un Fondo Social para financiar las deudas con Entidades Locales que se deriven de convenios en materia de gasto social.

Señorías, no voy a entrar en lo que son las decisiones de las distintas Comunidades Autónomas en las materias que son propias de su competencia, fundamentalmente sanidad y la educación, pero sí debo recordar que medidas adoptadas por mi gobierno han permitido que hoy haya 750.000 españoles con tarjeta sanitaria que antes no la tenían, que un millón de parados de larga duración ya no paguen el 40% del precio de los medicamentos o que estemos dedicando a becas el mayor presupuesto de toda la historia.

Y no quisiera, Señorías, terminar esta parte de mi intervención sin referirme a la reforma tributaria ya en vigor desde primero de año que pondrá en manos de los contribuyentes 9.000 millones de euros, y harán posible un crecimiento adicional del PIB del 0,55%. Se trata de una reforma ambiciosa, que persigue impulsar la creación de empleo, reforzar la competitividad de nuestra economía y reducir la excesiva carga fiscal sobre las nóminas. La reforma, además, configura un sistema tributario más equitativo, prestando una especial atención a los colectivos más desfavorecidos, las rentas medias y bajas, las familias numerosas y los discapacitados. Veinte millones de contribuyentes cuentan ya con más renta disponible cada mes, y, quienes tengan rentas inferiores a 24.000 euros al año, se beneficiarán de una rebaja que casi duplica la rebaja media. Se ha llevado a cabo un fuerte aumento de los mínimos personales y familiares, de hasta el 32%, y se han creado tres “impuestos negativos” o “cheques familiares”, para familias numerosas y con personas con discapacidad, que beneficiará a unas 750.000 familias.

En suma, señorías, hemos logrado dotar de sostenibilidad a un Estado del Bienestar al borde del colapso y mantener las prestaciones de nuestro sistema público.

Lo más importante es que hemos salido de la crisis y lo hemos hecho sin renunciar a la cohesión social.

Quiero hacer una mención especial a esas clases medias de nuestro país que han soportado el coste de mantener la cohesión de nuestra sociedad durante esta durísima crisis. Creo que es necesario y es de justicia poner en valor su esfuerzo y su solidaridad.

En todo momento intentamos ser equitativos en el reparto de los costes de la crisis; así quienes mantenían su trabajo o tenían unos mejores ingresos contribuyeron con su esfuerzo a ayudar a quienes habían perdido su empleo o quienes ya no tenían edad para volver al mercado de trabajo.

Hemos pedido muchos esfuerzos a los españoles y sé que las clases medias han soportado sobre sus hombros buena parte de esos esfuerzos. Por eso quiero aprovechar esta tribuna para decir que España les debe mucho y que ahora llega el momento de empezar a aliviar su situación. En esa línea van buena parte de las propuestas que hoy voy a presentar ante esta cámara.

Ahora, superados los momentos más difíciles, podemos empezar a aplicar políticas sociales más avanzadas, pero insisto en la idea: para avanzar en política social, es preciso asentarse sobre una base sólida de crecimiento económico. El dinero no crece en los árboles, tenemos que producirlo con nuestro trabajo diario; para repartir hay que crear, porque en caso contrario, lo que se acaba repartiendo es desesperación y miseria.

Y pasamos ahora, señorías, a otro orden de cosas.

Señorías, nada ha suscitado tanto descontento entre los ciudadanos como la corrupción. Lo cual es natural. Creo que el objetivo de todos es procurar evitar que estos comportamientos se vuelvan a repetir en nuestro país.

Para mi gobierno, desde luego, es un objetivo prioritario. Ya antes del primer Debate de Política General de la legislatura, adoptamos las primeras medidas en esta dirección.

Aquellas primeras reformas fueron la avanzadilla del mayor paquete legislativo que se haya presentado nunca relativo a la prevención, la disuasión y el castigo de las prácticas corruptas.

Como ustedes recuerdan, las reformas afectan desde la financiación de los partidos políticos hasta el modelo de funcionamiento de los mismos; desde la transparencia de la Administración hasta los requisitos que han de cumplir los altos cargos públicos en el desempeño de sus funciones; desde el endurecimiento de determinados delitos hasta la manera en que se puede agilizar la instrucción de los sumarios...

Me refiero, esencialmente, como saben, a la ley reguladora del alto cargo, la de financiación de los partidos políticos, la ley de transparencia y, naturalmente, a la reforma del Código Penal.

Con cada una de estas medidas y con todas ellas en su conjunto, hemos dado un gran paso para secar las fuentes de la corrupción, eliminar las penumbras que la protegían o agravar las penas que tenían asignadas.

Aunque no desaparezca este fraude, porque nunca desaparece el delito, hoy es ya mucho más difícil que la corrupción se produzca; y si lo hace, será mucho más difícil que pueda eludir el brazo de la Justicia y, en consecuencia, serán mucho más graves las penas que tenga que soportar.

Todavía es pronto para apreciar los frutos de estas reformas, pero puedo asegurarles que, al término de la legislatura España contará con una de las legislaciones más exigentes para prevenir y castigar la corrupción.

Señorías, permítanme que me refiera ahora a los acontecimientos que se han producido en Cataluña en los últimos meses; en particular, al referéndum de autodeterminación convocado para el pasado 9 de noviembre; una iniciativa ilegal que finalmente no se celebró y fue sustituido por una suerte de evento propagandístico carente de cualquier legitimidad democrática y cualquier efecto político.

Señorías, desde el primer momento dije que esa consulta no se podía celebrar primero porque era ilegal - lo dije yo, lo dijo el Tribunal Constitucional y lo dijo la mayoría de esta cámara - pero además porque era una iniciativa perniciosa que rompía la igualdad de los españoles y privaba a millones de compatriotas de su derecho a decidir que quieren que sea su país.

Desde el primer momento mi gobierno se empleó en la defensa de la legalidad y de los derechos de todos los españoles. Lo hemos hecho con prudencia y con determinación, con firmeza y con proporcionalidad.

Desde el primer momento nos empleamos también en defender la concordia, la convivencia armoniosa entre ciudadanos, la necesidad de hacer frente juntos a los retos que tenemos por delante, y también por poner en valor lo bien que nos ha ido juntos durante nuestra larga historia común.

Claro que hubiéramos preferido que ese simulacro no hubiera llegado a celebrarse. Hubiéramos preferido que no se hubieran dilapidado tantos recursos y tanta energía en un proyecto condenado al fracaso desde el primer momento. Hubiéramos preferido que la Generalitat dedicara esos esfuerzos a superar sus dificultades financieras, a buscar la mejor manera de ayudar a sus emprendedores, o conseguir más inversiones extranjeras, o de estimular sus empresas exportadoras.

Señorías, mantengo mi disposición permanente a hablar, a buscar puntos de entendimiento con la Generalitat de Cataluña como con cualquier otra administración del Estado. Siempre desde el respeto a la ley y a las normas que nos hemos dado entre todos. Son las que nos han garantizado décadas de convivencia pacífica, de bienestar económico, de una descentralización sin paragón en los países desarrollados y de respeto a la pluralidad de nuestro país.

En cualquier caso para dejar clara mi posición, quiero reiterar una vez más que nunca aceptaré que se ponga en tela de juicio la unidad de España, la soberanía nacional, la igualdad de los españoles y sus derechos fundamentales. Y tampoco permitiré que se pretenda violar lo que dice nuestra Constitución o que se pretenda modificar por procedimientos distintos de lo que en ella se establecen. Porque, señorías, España es un estado democrático y de derecho, en el que todos – incluído este Parlamento y , por supuesto, el Gobierno y su Presidente - estamos sometidos a la ley.

Señorías, no puedo comparecer en esta cámara para hablar del estado de la Nación sin hablar de Europa, porque para nosotros la política europea forma parte de la política doméstica.

Nuestras relaciones con la Unión Europea son parte fundamental de la política nacional y lo hemos podido comprobar de forma directa y evidente durante estos años tan difíciles de lucha contra la crisis.

Yo creo, señorías, que Europa también ha cambiado mucho, y para bien, en estos tres años. Me refiero, por ejemplo, a la Unión Bancaria, con su sistema de supervisión único y el mecanismo de resolución al que se han incorporado los bancos españoles después de los magníficos resultados que obtuvieron en los test de stress realizados y que demuestran el éxito del proceso de reestructuración que se ha llevado a cabo en nuestro sistema financiero.

Desde el primer momento de la legislatura, mi gobierno dio la batalla en Europa para avanzar de las políticas de austeridad a las de crecimiento, del conformismo al impulso en la integración. Desde ese punto de vista siempre he mantenido que los éxitos de nuestra política en este terreno, se encuentran en nuestra capacidad para convertir los intereses estrictamente españoles en prioridades de la agenda europea, en intereses comunes de todos los europeos.

Por ello, creo que debemos celebrar el paquete de medidas para fomentar la inversión en Europa, el llamado “Plan Juncker” que aprobó el Consejo Europeo en su reunión del pasado mes de diciembre y que enlaza con lo que hoy es la prioridad de la Unión: el crecimiento económico y la creación de empleo. Como saben, el objetivo de esta iniciativa es movilizar hasta 315.000 millones de euros entre 2015 y 2017.

Parte de estos recursos irán destinados a financiar pequeñas y medianas empresas así como las “sociedades de mediana capitalización”. No es necesario subrayar la importancia de este punto, sencillamente les recuerdo señorías que este tipo de empresas suponen la parte principal de nuestro tejido empresarial y las mayores creadoras de empleo.

El otro componente del plan Juncker son los proyectos de infraestructura de alcance europeo en áreas como redes digitales o energía, pero también en transporte, educación, investigación y desarrollo, eficiencia energética o energía renovable. España ha identificado ya una serie de proyectos que encajarían en esas pautas; seguimos trabajando en ese proceso que es vivo y dinámico.

Además de este plan de inversiones, el Consejo Europeo de diciembre encomendó a la Comisión una propuesta de extraordinaria importancia para nuestro país y que también es susceptible de acogerse a la financiación del Plan Juncker.

Se trata de avanzar en el mercado común de la energía mediante el desarrollo de las infraestructuras energéticas y singularmente de las interconexiones. Esta cuestión resulta esencial para conseguir que la península ibérica deje de ser una isla energética y para equilibrar nuestros precios con los de nuestros vecinos. El interés de España y Portugal, tantas veces pospuesto, coincide ahora con un interés estratégico del conjunto de Europa, que lograría diversificar sus fuentes de energía y evitar situaciones de dependencia que puedan operar contra el interés de sus ciudadanos.

La semana pasada tuve la satisfacción de inaugurar una nueva interconexión de alta tensión entre España y Francia. Se trata de una infraestructura vital que nos acerca al objetivo de lograr una capacidad de interconexión entre ambos países del 10% de la capacidad instalada. Objetivo, que, por cierto, lleva 10 años de retraso, pues tendría que haberse alcanzado en 2005.

El gran avance experimentado en este campo es que el Consejo Europeo ha asumido que esa reclamación histórica de España y Portugal de incrementar sus conexiones energéticas con Europa, pase a formar parte de las prioridades de actuación del conjunto de la Unión.

A tal efecto, mi gobierno está organizando una cumbre en Madrid para el próximo 4 de marzo, a la que asistirán el presidente francés, Francois Hollande, el primer ministro portugués, Passos Coelho, el presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker y el Presidente del Banco Europeo de Inversiones , Werner Hoyer, con el objetivo de dar un impulso determinante a esta cuestión.

Señorías, a pesar de las dificultades, Europa va dando pasos en la buena dirección y el reciente acuerdo con Grecia es buena prueba de ello.

Mi gobierno acoge con gran satisfacción el acuerdo del Eurogrupo celebrado el pasado viernes; en él se constata la voluntad del gobierno griego de seguir cumpliendo con las normas y acuerdos de la zona euro, de mantener el actual marco institucional de desarrollo del programa bajo supervisión del FMI, el BCE y la Comisión Europea, y de concluir con éxito el actual programa.

No ha sido fácil llegar a dicho acuerdo. Por un lado, están las reglas y compromisos de la zona euro en cuanto a asistencia financiera - sólo con Grecia, el Estado español ha comprometido más de 26.000 millones de euros- y por otro, la pretensión del nuevo gobierno de redefinir su deuda y su política económica a pesar de los compromisos adquiridos en el actual programa. Después de tres reuniones del Eurogrupo y una del Consejo Europeo, la conclusión de estas negociaciones se ha enmarcado en el mejor espíritu europeísta que define a todos los estados miembros. Se cumplirán los compromisos, se aplicará flexibilidad allí donde estaba previsto y cómo estaba previsto, y permanecen intactas las garantías que obtuvimos los países acreedores cuando hicimos el esfuerzo de solidaridad con Grecia.

El euro es uno de los más importantes componentes del proyecto de integración europeo, todos los Estados que formamos parte de la Eurozona tenemos que asumir derechos y obligaciones, particularmente todas aquellas que garanticen la sostenibilidad de la moneda común. La Unión Europea es una comunidad de derecho donde las reglas han de ser observadas por todas las partes que las suscriben. No se trata de un club a la carta y no hay cabida ni para imposiciones ni para medidas unilaterales.

Señorías, los principios que rigen la Eurozona son los de responsabilidad y solidaridad. Ambos son caras de la misma moneda. La Unión Europea ha actuado con gran solidaridad hacia Grecia y esa solidaridad europea exige idéntica responsabilidad por parte de los gobiernos griegos.

Por eso celebro este acuerdo.

No quisiera terminar esta parte de mi intervención sin hacer referencia a otros dos asuntos que han ocupado mucho tiempo en los últimos Consejos Europeos y que nos preocupan especialmente como europeos y españoles.

Me refiero en primer lugar a la crisis de Ucrania: los jefes de Estado y de Gobierno apoyamos el acuerdo alcanzado en Minsk por los presidentes de Rusia, Ucrania, el Presidente de la República francesa y la canciller alemana, que brinda una nueva oportunidad para lograr una solución a esta crisis.

Para mí es muy importante que la Unión Europea mantenga una posición unida en relación con la situación en Ucrania.

Creo que toda solución deberá ser política y negociada, y garantizar la independencia y la integridad territorial de Ucrania.

La Unión seguirá prestando a Ucrania su respaldo político y financiero (como lo prueba un nuevo tramo de ayuda macro financiera por importe de 1.800 millones de euros, que se suma a los 11.100 millones comprometidos con anterioridad) para impulsar las reformas económicas y sociales que precisa el país.

La solución de la crisis habrá de incorporar necesariamente a Rusia, que es un socio y vecino principal de la Unión Europea, y que debe velar por el cumplimiento de los acuerdos de Minsk.

En segundo lugar quiero llamar la atención de sus señorías sobre la Declaración aprobada en el Consejo Europeo de febrero sobre la lucha contra el terrorismo yihadista, que ha contado con contribuciones españolas y cuya redacción final cuenta con nuestro pleno respaldo.

A petición del Presidente Tusk, intervine en el debate para trasladar la experiencia de España en el combate contra esta lacra. Esta experiencia nos ha enseñado, y así lo expliqué a mis colegas del Consejo Europeo, que el Estado de Derecho puede derrotar al terrorismo sobre la base de tres condiciones: compromiso político y social; decidida y constante acción policial y judicial; y cooperación internacional. Me referí al reciente Pacto de Estado con el Partido Socialista Obrero Español, firmado el pasado 2 de febrero, destacando que es parte fundamental del consenso político y social e imprescindible para afrontar con éxito a esta grave amenaza.

Un elemento prioritario es el reforzamiento del control en las fronteras exteriores de la UE, salvaguardando todos los avances que hemos logrado en el acervo de Schengen. Ello nos permitirá incrementar la seguridad, preservando la libre circulación de personas. Es necesario, asimismo, impulsar la cooperación internacional con terceros Estados.

Me complace en especial que, a iniciativa de España, la declaración incluya un reconocimiento al papel de las víctimas y del mantenimiento de su memoria. Nadie como ellas puede transmitir fielmente el testimonio de la sinrazón terrorista y la superioridad moral de los demócratas frente a los que atentan contra la libertad y los derechos de todos.

Señoras y señores Diputados.

Queda menos de un año para el fin de esta Legislatura. Una Legislatura en la que hemos sentado las bases para un crecimiento sostenido y un bienestar sostenible y en la que empezamos ya a constatar los resultados de las reformas. A recoger los frutos de tantos esfuerzos.

Hoy somos el país que más crece y el que crea más empleo de todas las grandes economías de la zona euro.

Nadie lo esperaba hace tres años. Pero nadie duda, hoy, que este año España seguirá liderando el crecimiento.

Hemos recuperado la confianza porque hemos demostrado nuestra determinación a la hora de tomar medidas y prudencia a la hora de valorar sus efectos.

Por eso, esperamos una mejora adicional de las previsiones de crecimiento para este año.

Les anuncio que el Gobierno puede anticipar, en este momento, que en 2015 el crecimiento de la economía española alcanzará el 2,4%. Cuatro décimas más de lo que se preveía hasta ahora.

No es una predicción producto del voluntarismo, sino todo lo contrario, porque son numerosos los analistas que dicen que probablemente superaremos esa cifra.

Desde luego el Gobierno trabajará para que así sea, como hemos hecho hasta ahora. Los antecedentes demuestran que, con el trabajo de todos, la realidad puede superar las expectativas oficiales, como ya ocurrió en 2013 y 2014.

Las bases para conseguirlo están ahí, ya las hemos construido. Nuestra economía ya no se basa en el endeudamiento, sino en la confianza y en la competitividad.

Por eso, prevemos que el consumo siga creciendo en torno al 3%, de manera coherente a como lo ha hecho en 2014.

La inversión en bienes de equipo crecerá por encima del 7% y, como novedad, tras siete años consecutivos de caída, lo hará también en la construcción, residencial y no residencial.

Anticipamos también un mejor comportamiento del sector exterior. La balanza de pagos por cuenta corriente registrará superávit y la capacidad de financiación de la economía española al resto del mundo será superior al 1% del PIB.

Por otro lado, el comportamiento de los precios seguirá siendo especialmente favorable para la economía española.

Con estas previsiones estaremos claramente en condiciones de crear más de 500.000 empleos solo este año.

Es decir, llegaremos al final de la Legislatura con un millón de empleos creados durante 2014 y 2015.

Por eso mismo, porque este Gobierno cumple sus objetivos y supera sus previsiones, seguiremos trabajando. Hay quien podría pensar que únicamente resta esperar a la cosecha. No es el caso de este Gobierno.

La Legislatura no está agotada. Y nuestra agenda reformista tampoco.Nuestra tarea en este último año de Legislatura es aprovechar al máximo el crecimiento, consolidar la recuperación y extender sus efectos a todos los niveles. Para eso no es necesario cambiar de política, sino seguir haciendo políticas para el cambio.

Para favorecer, primero, la creación de empleo y la calidad del mismo; segundo y en consecuencia, la mejora del bienestar social; tercero y necesariamente, la solidez del crecimiento y la competitividad; y cuarto, la estabilidad institucional necesaria para acometer estas tareas con éxito. Esa será nuestra Agenda de aquí al final de la Legislatura.

He comenzado por el empleo, porque sigue siendo nuestra mayor preocupación y nuestra prioridad esencial.

Seguiremos trabajando para favorecer la creación de empleo, estable y de calidad, y la inserción laboral de los colectivos que tienen mayores dificultades para acceder a un puesto de trabajo. Por eso, una vez que finalice la vigencia de la tarifa plana para contratación, pondremos en marcha una tarifa reducida para los nuevos contratos indefinidos. Los primeros 500€ del salario estarán exentos de cotizar a la Seguridad Social.

Esta rebaja de cotizaciones favorece en especial la incorporación de los trabajadores más vulnerables: aquellos donde se concentra más el paro y la temporalidad, porque carecen de experiencia o de formación, o porque llevan tiempo en desempleo.

Señorías, a lo largo de esta Legislatura nos hemos preocupado de favorecer la incorporación de los colectivos con mayores dificultades de acceso al empleo. Prueba de ello es el acuerdo con los agentes sociales que introduce el Programa extraordinario de activación, al que ya me he referido esta mañana.

Pero, más allá de las medidas extraordinarias, vamos a impulsar nuevos cambios estructurales en esta materia.

El Gobierno está hablando con los agentes sociales con el objetivo de acometer la reforma del sistema de formación profesional para el empleo. Queremos potenciar la empleabilidad de los trabajadores, en especial de los más vulnerables, y favorecer la productividad y competitividad a las empresas.

Se trata de un nuevo modelo de formación, basado en la transparencia, la calidad y la eficiencia a la hora de asegurar la inserción y la progresión laboral.

La segunda prioridad de mi gobierno para lo que resta de legislatura es la mejora del bienestar social. Por eso este mismo viernes hemos remitido a las Cortes los proyectos de Ley de protección a la Infancia; en las próximas semanas enviaremos los proyectos de ley del Tercer Sector de Acción Social y del Voluntariado. Asimismo aprobaremos el Plan Integral de Apoyo a la Familia y el Marco de Actuación para las personas mayores,

Señorías, como les he dicho ya, una de las principales medidas sociales de este Gobierno ha sido la Reforma Fiscal que ha empezado a entrar en vigor este año.

En esta Reforma incorporamos varios “cheques familiares”: ayudas para las familias numerosas o con ascendientes o descendientes con discapacidad. Estos cheques suponen 1.200 euros al año para cada uno de los casos, son acumulables entre sí y se suman a la ayuda de 100 euros al mes para madres trabajadores con hijos menores de tres años que está en vigor desde el año 2002.

Quiero extender estos “cheques familiares” a las familias monoparentales formadas por un progenitor y dos hijos.

Con esta extensión, entre otras, el conjunto de todos los beneficiarios de estos “cheques familiares” de la Reforma Fiscal podrá superar el millón de personas.

Es de justicia reconocer el papel de las familias y la dedicación de los padres porque están construyendo país y garantizando nuestro futuro.

Quiero recordar, además, que seguiremos trabajando por la plena igualdad de oportunidades. Con medidas como el Plan Especial para la igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito laboral y salarial o el de promoción de la mujer en el medio rural.

Y seguiremos poniendo en marcha medidas concretas. Así, por ejemplo, en el marco de la reforma del Estatuto del Trabajo Autónomo que pensamos llevar a Consejo de Ministros en las próximas semanas, estableceremos una bonificación especial para la conciliación, dirigida a los trabajadores autónomos.

Se trata de facilitar que puedan contratar a un trabajador, en caso de tener que dedicarse al cuidado de sus hijos menores de siete años o familiares en situación de dependencia. En definitiva, para que tengan las mismas facilidades de un trabajador por cuenta ajena.

Y en este punto, quiero incidir en un asunto. Las familias españolas, como los autónomos y empresarios, han sufrido especialmente la crisis. Y arrastran de forma dramática sus efectos. Especialmente cuando van acompañados de muchas deudas.

Y lo que va a hacer este Gobierno es promover reformas para facilitar la “segunda oportunidad” de todos los ciudadanos. Aprobaremos con carácter inmediato, un Real Decreto-Ley que les dará mayores facilidades para afrontar la dificultad.

Las familias van a poder a partir de ahora lograr una reestructuración de sus deudas mediante un acuerdo extrajudicial de pagos: un procedimiento coordinado, transparente y reglado, que les permitirá negociar de forma unificada y supervisada con sus acreedores.

Este procedimiento se hará especialmente sencillo para los particulares, de forma que en plazos muy breves y con los menores costes administrativos puedan acordar quitas, aplazamientos y otras formas de reducción de la deuda.

Cuando estos acuerdos no sean posibles, se habilitará en la Ley Concursal que las personas naturales puedan liberar las deudas que queden impagadas tras ejecutar las garantías y sus bienes.

Hasta ahora, incluso quien se veía obligado a vender sus bienes para pagar sus deudas, seguía siendo responsable de pagar la parte remanente. Esto condenaba a los hogares y empresarios a vivir con la losa de la deuda pasada incluso habiendo renunciado a sus bienes. Con esta reforma, en el marco de un procedimiento controlado judicialmente y con todas las garantías, será posible liberarse de esa losa.

Como han hecho otros países europeos, acometeremos igualmente una revisión completa de los plazos de prescripción de las reclamaciones de la deuda, que en el caso general quedarán fijados en 5 años, en lugar de los quince vigentes en la actualidad.

No tiene sentido que una familia o un profesional tenga que vivir pensando en una deuda que no se ha reclamado en quince años, ni que este plazo no se haya cambiado desde el Código Civil de 1889.

Reformaremos el Código de Buenas Prácticas bancarias para que un mayor número de familias puedan beneficiarse de sus medidas. Este Código ha permitido hasta la fecha alrededor de 12.000 reestructuraciones viables de deuda y 3.500 daciones en pago. A partir de ahora incluirá una clausula para que las personas acogidas al mismo se puedan beneficiar también de una inaplicación definitiva de las clausulas suelo. Con ello, tendrán mejores condiciones para seguir haciendo frente al pago de su hipoteca.

Señorías, esta nueva regulación de la segunda oportunidad vendrá a complementar otras medidas de apoyo a la financiación y la liquidez de la iniciativa emprendedora y empresarial.

Porque, en el mes de abril, se aprobarán de forma definitiva en el Parlamento la nueva Ley Concursal, que entronca directamente con este espíritu para ampliar las posibilidades de las empresas de hacer frente a sus deudas. O la nueva Ley de fomento de la financiación empresarial, para facilitar el acceso al crédito y otros mecanismos financieros de las pequeñas y medianas empresas.

Quiero poner de relieve, con ello, que el Gobierno seguirá impulsando medidas para facilitar la actividad económica. Para adecuar el marco jurídico al potencial de la recuperación. Para mejorar la capacidad de crecer, competir y crear empleo.

Es decir, continuaremos haciendo reformas estructurales y consolidando aquellas que ya están en marcha. Reformas que suponen un profundo cambio en la fachada de nuestro país, nuestra economía y nuestro sector público.

Me refiero a cuestiones como la aprobación de la Ley de Desindexación, que permitirá reforzar el control sobre los precios y el mantenimiento de la competitividad.

O la plena operatividad de la Unidad de Mercado, acelerando la adaptación normativa necesaria para asegurar sus plenos efectos. Abordando la reforma de 35 normas estatales prioritarias, que abarcan medidas de flexibilización y racionalización en sectores tan diversos como la inserción laboral, el transporte, las inspecciones técnicas de vehículos, o las telecomunicaciones.

Esta completa reforma normativa entronca directamente con el objetivo de la Reforma de las Administraciones Públicas. Una reforma en la que seguimos trabajando y que queremos consolidar, con una vocación de permanencia, para que la racionalidad, la eficiencia y la transparencia sean principios irrevocables del sector público.

Para ello, remitiremos a las Cortes un nuevo marco jurídico del sector público, que distingue entre su régimen jurídico y el procedimiento administrativo.

Y que incorpora medidas determinantes. Como la estricta regulación de la Administración institucional, para evitar la inflación de entes accesorios que ha tenido que atajar el Gobierno –con la liquidación de más de 2.000 entidades-. O la definitiva incorporación de la Administración Electrónica, no como una filosofía de futuro, sino como el modo habitual de servicio público en el presente.

Y junto con la reforma de las Administraciones Públicas, un avance en la agilización de la Justicia, con la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil y la revisión del sistema de tasas.

En otro orden de cosas, Señorías, como he apuntado antes, uno de los grandes objetivos de esta Legislatura ha sido la regeneración democrática.

Por eso, como decía, este Gobierno ha trabajado desde el primer poniendo medios a disposición de los que persiguen el fraude y la corrupción y adoptando medidas para prevenirla desde todos los puntos de vista.

Continuando con esa tarea, en las próximas semanas remitiremos al Parlamento el proyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal, que yo mismo les anticipé desde esta Tribuna.

Por este motivo, la Ley plantea medidas fundamentales para facilitar la agilidad procesal, fijando un plazo máximo a la instrucción de los procesos penales y regulando mejor la conexidad de las causas, para evitar que los grandes procesos, los macroprocesos, supongan una dilación en la determinación de las verdaderas responsabilidades.

Para juzgar más rápido, sancionar de forma más eficaz, y también recuperar con mayor agilidad lo robado. Por eso, la Ley incluirá también medidas eficaces para el decomiso de los bienes derivados del delito.

Y se creará la Oficina de Gestión y Recuperación de Activos derivados del delito, que se pondrá en marcha antes de que finalice el año.

Para recuperar estos bienes con la toda la eficacia necesaria y para obtener de ellos el mayor rendimiento posible. De forma que revierta en beneficio de la sociedad y en compensación al daño sufrido.

Por último, Señorías, quiero decirles que también tenemos como objetivo de aquí al final de la legislatura seguir avanzando en el control del fraude, ya sea de carácter fiscal, tributario o contra la Hacienda Pública o a la Seguridad Social.

Presentaremos una Ley de Reforma de la Ley General Tributaria, que permita prevenir el fraude, con, entre otras medidas, la publicidad de aquellos de mayor cuantía y de los que merecieron reproche penal.

Reformaremos también la Ley Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo, Seguridad Social y Seguridad y Salud Laboral; que intensifique la coordinación en la lucha contra el fraude.

En suma, señorías, por resumir todo, sin entrar en valoraciones:

1. -Hemos invertido la situación, que es lo que se nos encargó hace tres años. Nos hundíamos y ahora estamos creciendo, y seguiremos haciéndolo.

Nos ha costado dos años recuperar el vigor. Ya en el tercero han aparecido los primeros frutos en forma de crecimiento y, sobre todo, en forma de empleo.

A estos datos objetivos, se unen otros más difíciles de ponderar, pero innegables, como es la confianza creciente de los inversores, de los empresarios y de los consumidores.

2. -En segundo lugar, España ha demostrado que se puede salir adelante de la peor crisis conocida, sin desgarros en la estructura de la sociedad, sin ahondar en las desigualdades y sin poner en peligro el Estado de bienestar.

3. -Me falta un dato muy importante. No podemos olvidar que nada de lo que hemos conseguido es irreversible. Todo está recién construido y se puede deshacer como un azucarillo en el agua, lo cual, como he dicho antes, no depende sino de nosotros mismos.

De eso les quiero hablar a continuación.

Señorías, lo que hemos conseguido es muy importante, ha costado mucho trabajo y debiéramos tomárnoslo muy en serio, porque no hemos hecho más que empezar. Estamos dando los primeros pasos.

Por eso es muy importante mantener la misma trayectoria con perseverancia. De lo contrario, todo lo que hemos ganado en tres años se puede perder en unos pocos meses.

Estamos inaugurando una fase expansiva de nuestra economía llena de oportunidades para consolidar la recuperación del crecimiento y del empleo, pero que todavía es frágil y está expuesta a cambios en la situación internacional, dificultades coyunturales, y también a ventoleras ideológicas – o simplemente ventoleras- de las que hemos conocido algunos ejemplos.

No hemos llegado hasta aquí por casualidad, como algunos piensan, ni la mejoría es fruto de un cambio de clima económico, como dicen los que ya no se atreven a negarla.

El clima ha sido el mismo para todos, pero España es el país que más crece en Europa y el que más empleo crea. Antes, con el mismo clima que todos los demás, España era la que más retrocedía y la que más paro creaba en Europa. No es el clima, sino el esfuerzo bien orientado lo que marca las diferencias, las buenas políticas.

Es cierto que las circunstancias de hoy (la caída del precio del petróleo, la bajada del euro, la compra de deuda por el BCE) nos favorecen, pero lo hacen porque ya nos habíamos situado en condiciones de aprovecharlas mejor que otros.

No es bueno sembrar esa idea de que salimos adelante, arrastrados por las circunstancias, a pesar de nosotros mismos y a pesar del gobierno.

Una cosa es negarse a reconocer los méritos del gobierno y otra negárselos a los españoles. Conviene no mezclarlas.

Decir que la mejoría actual ha venido sola, que los esfuerzos de los ciudadanos no han merecido la pena, que se podían haber evitado... además de ser falso, es la mejor manera de preparar la tierra para que la siembren con éxito los demagogos. La mejor manera.

La verdad es muy distinta: en España estamos saliendo de la peor crisis conocida porque hemos aplicado una política que lo ha hecho posible, y porque los españoles han aceptado sacrificios que era inevitables.

Ni los esfuerzos han sido inútiles, ni los resultados se hubieran podido obtener por otro camino.

Se ha hecho lo que se debía hacer. Esa es la verdad.

Los buenos resultados avalan los buenos procedimientos, del mismo modo que los pésimos resultados de antes dan cuenta de la calidad de los procedimientos que nos hundieron, y que pueden volver a hundirnos, en el paro y en la ruina.

Yo también podría decir a los españoles, como hacen otros, que el salario mínimo se duplica esta tarde, que las pensiones aumentarán un 5% mañana por la mañana, que todo el mundo tendrá una vivienda subvencionada pasado mañana, que cada recién nacido recibirá mil euros...y así hasta que me canse. Dicen, con razón, que hablar es gratis.

Si, además de prometerlo, pretendiera cumplir mi palabra, tardaríamos seis meses, tal vez menos, en regresar a la ruina más descarnada.

Está claro que, si lo hiciera yo, sería un gesto de inconsciencia temeraria. Y, si lo hacen los demás, ¿qué es?

A los españoles hay que decirles la verdad, que su bienestar, su Estado de bienestar, su Seguridad Social, sus pensiones, su sanidad... no se los regala nadie y que son inseparables de nuestra capacidad económica.

Estamos recuperando el bienestar porque hemos aplicado una política económica que ha sabido crear las condiciones para que pudiéramos disfrutar de un enorme desahogo en el pago de los intereses de la deuda, y así atender los gastos sociales.

Es bueno que esto se sepa, para que no se busquen remedios mágicos, ni se preste atención a quien se los quiera vender.

Si no hubiéramos logrado reducir a la mitad los intereses de la deuda, habríamos tenido que reducir a la mitad las prestaciones por desempleo, señorías. En vez de dedicarle treinta mil millones el pasado año no hubiéramos podido pasar de quince mil.

Es muy peligroso pensar que cabe una política social que no esté amparada por una sólida política económica, que el Estado de Bienestar se puede levantar sobre hipotecas o, peor aún, que se puede salir adelante con el dinero ajeno.

Cuando está en juego el bienestar de todos conviene ser prudentes con lo que se dice.

Quien no crea empleo no garantiza el Estado de bienestar. Porque, allí donde existe, lo sufraga y lo sostiene el beneficio que generan los que están trabajando.

Por eso dije en el discurso de la Investidura: «El empleo es la piedra angular que puede sustentar la tarea de nuestra recuperación. Que surjan empleos significa que aumente la actividad económica, que el Estado recupere ingresos, que la Seguridad Social ensanche su base y sus cotizaciones, que los pensionistas respiren tranquilos, que podamos mejorar la educación, financiar la sanidad, etcétera. No existe ninguna posibilidad de enderezar la marcha de la nación que no comience por crear las condiciones que permitan a los españoles que no tienen trabajo ponerse a trabajar».

Esta es la senda, señorías. No necesitamos voluntarismos mágicos, sino empleos.

La pregunta es ¿cuántos?

No me digan que «todos» porque eso es lo obvio.

Lo que me estoy preguntando es cuántos empleos necesita España para que su crecimiento se consolide, deje de correr riesgos, para poder sentirse segura ante las eventualidades o los cambios de coyuntura.

La respuesta es muy sencilla. España necesita alcanzar una cifra de empleo parecida a la que teníamos antes de la crisis, es decir, contar con unos 20 millones de puestos de trabajo.

Esto es lo mínimo que, a partir de ahora, deberíamos perseguir sin descanso.

¿Es el final de la obra? No. Es el final de otro acto. Es la estabilidad, el desahogo, el sentirse tranquilos, sin sobresaltos, sin temor a vaivenes ni a retrocesos.

Porque con esa cifra de empleados somos muy capaces de liberar a la Seguridad Social, asegurar suficientes ingresos para atender sin agobios el Estado de bienestar, y gozar de una imagen en el exterior tan sólida y tan fiable como la que más.

¿Cuánto nos falta para alcanzar ese escalón que representa la estabilidad?

Tres millones de empleos netos.

Este, insisto, debe ser nuestro próximo objetivo, porque es alcanzable, si no cometemos torpezas.

Hoy que ya conocemos los resultados del año 14 y que percibimos las perspectivas del 15, podemos plantearnos retos que hace un año nos hubieran parecido ilusorios.

Si somos capaces de mantener el ritmo de crecimiento, y se cumplen los vaticinios de que podemos hacerlo bastante por encima del dos por ciento anual, bien podemos decir que tenemos un millón de empleos netos al alcance de la mano entre el pasado año y éste.

Hoy sabemos que, si no dejamos que las cosas se tuerzan, podemos aspirar a crear más de medio millón de empleos cada año.

Repito: este debe ser el próximo objetivo de los españoles. No consentir que se desmantele lo que hemos construido, sino completar la tarea y consolidar la salida de la crisis. Tres millones de empleos para estar a resguardo de eventualidades y continuar creciendo en bienestar y en seguridad.

Por eso, señorías, mi principal propósito en esta legislatura que se agota es afianzar las condiciones que permitan dar ese próximo paso con éxito.

Porque, cuando concluya esta legislatura, ese objetivo no será una utopía, no será un sueño, sino una meta económica, política y social, al alcance de la mano de los españoles.

Y eso es casi tanto como decir que estamos obligados a perseguirla.

Decíamos hace dos años, al dar con éxito los primeros pasos para salir del atolladero, que España había recuperado su derecho a tener un futuro, porque lo había perdido.

Ahora que España ya está en marcha y ha recogido los primero frutos de su esfuerzo, tiene derecho a que ese futuro de crecimiento y de empleo se asiente sobre unos cimientos sólidos. Tiene el derecho de proteger su bienestar y el deber de conseguirlo.

Señorías, voy terminando.

Contemplo a España como un país que hace tres años ocupaba en Europa el rincón que corresponde a los problemas, a las inquietudes, a las molestias.

Un país que ha sabido salir adelante por sus propios medios de una manera que muchos estiman ejemplar, y convertirse en una nación fiable que está comenzando a tomar velocidad, y que, si persevera en su propósitos, tiene el futuro despejado...

Es digno de destacar que nuestra nación haya logrado recuperar su vigor sin rupturas sociales ni territoriales, que sea capaz de sufragar su propio Estado de bienestar, y capaz de proteger la unión y la igualdad de todos los españoles.

Somos también, en lo negativo, un país que arrastra la cifra de una deuda millonaria, y de una tasa de paro inaceptable, sin olvidar que a una buena parte de la población no le alcanza todavía el beneficio de la recuperación económica.

A esto se añade el riesgo cierto y grave de que, bien por cambios en la coyuntura internacional, bien porque los españoles lo consintamos, se produzca un retroceso que nos haga perder todo lo conseguido y vuelva a situarnos en el punto en que nos encontrábamos al comienzo de la legislatura, o peor.

Hay muchas cosas que mejorar todavía en España y, al mismo tiempo, es preciso que sepamos consolidar lo ya conseguido.

Sobran, pues, motivos para no interrumpir el esfuerzo y eludir los riesgos, de manera que la tarea continúe en la buena dirección hasta lograr que la recuperación económica alcance a todas las familias, el trabajo a cuantos lo demandan, y la situación económica consolide su fortaleza.

Hace tres años hablé de recuperar el empleo, porque eso significaba invertir la situación que estábamos sufriendo. Hoy, logrado aquello, bien podemos ponerle cifras a nuestro propósito.

He propuesto una nueva frontera para las aspiraciones de nuestra nación. Un nuevo objetivo de tres millones de empleos netos, perfectamente alcanzable en los próximos años y que, a diferencia del anterior, no reclama sacrificios ni estrecheces, sino voluntad y perseverancia.

Debo reconocer, señorías, que durante este trienio, los españoles, con la convicción de que marchábamos por el único camino que nos permitían las circunstancias, han realizado un esfuerzo encomiable.

No ha sido preciso explicarles que no se puede vivir de lo que no se tiene, y que, por ingrato que pudiera parecer, era necesario reducir temporalmente todos los gastos salvo los indispensables. No ha sido necesario, porque es lo mismo que hace toda familia española cada vez que necesita ajustar su economía.

Debo reconocer que, sin ese sentido de la realidad que mayoritariamente han mostrado los españoles, la tarea del gobierno hubiera sido mucho más complicada, porque en ningún momento han faltado voces que aconsejaran a los ciudadanos el rechazo del esfuerzo, la condena de la prudencia en el gasto, y sembraran la especie de que, no se sabe bien cómo, las cosas podían ir mejor en la dirección contraria.

No han faltado voces. Tampoco faltan ahora. No se les ha hecho caso antes, y estoy seguro de que tampoco se les hará caso ahora. Porque si hubiera sido temerario hacerlo cuando emprendíamos la marcha, mucho más lo sería ahora que ya hemos recorrido la parte más áspera del camino, tenemos los primeros frutos en las manos y se despeja nuestro horizonte.

Este es, en resumen, el estado de la nación que hoy debatimos. Si hace tres años estábamos obligados a soñar con un futuro que no existía, hoy bien podemos decir que ese futuro ha llegado y estamos dejándolo atrás.

Ha llegado la hora de acelerar la marcha, completar la recuperación, extenderla a todos los hogares españoles, y construir las nuevas oportunidades que precisan nuestros jóvenes.

Eso está al alcance de nuestra capacidad y no depende, señorías, sino de nosotros mismos.

Nada más y muchas gracias.