Un legado envenenado

Lo que está logrando Pedro Sánchez con su pacto inmoral con Carles Puigdemont y el independentismo desleal es llevar al Estado a la más completa indefensión. No ya sólo por la eliminación de la sedición, el abaratamiento de la malversación, la desactivación de la rebelión y la amnistía política declarada para todos los delincuentes del «procés», sino porque los instrumentos preexistentes en la legislación que dejó el Partido Popular en herencia, han desaparecido por completo. De manera que ahora cualquier presidente autonómico puede convocar un referéndum de autodeterminación e incluso hacer una declaración unilateral de independencia (DUI), sin que le pase nada. No es delito lo que pueda hacer un político separatista, por mucho que se pisotee la Constitución y se atente contra la unidad de España, que consagra la Carta Magna. Ese es el legado que el hoy presidente del Gobierno le va a dejar a quien le sustituya. Un legado envenenado. Un gobierno maniatado y a expensas de lo que decidan los «indepes», teniendo en cuenta que lo que hagan no será punible.

Por eso es importante el planteamiento del PP con relación a enmendar la totalidad de la ley de amnistía, una norma hecha por la vía de la prevaricación para permitir que Sánchez pueda seguir en la Moncloa. Se borran todo tipo de delitos a sabiendas de que, al ser a cambio de la investidura, es mucho más que una mera inmoralidad. Aprobar una legislación ad hoc para auto-beneficiarse (tanto Puigdi como Sánchez) es una contravención administrativa, perseguida por nuestra Jurisprudencia cuando se trata de funcionarios públicos. Y el presidente del Gobierno, los ministros y los diputados tienen, en tanto que cobran sueldos del Estado, la consideración de funcionarios. De ahí que la reforma del Código Penal que anunció ayer Miguel Tellado, más la iniciativa de Vox, sean muy convenientes a efectos de dotar a la Administración Central del arsenal que necesita para defender a la Nación de quienes pretenden destruirla. Ergo es más que pertinente el debate que habrá que abrir al respecto. Disolver a las organizaciones que promuevan referéndums ilegales, aprueban una DUI o demuestran deslealtad a la Constitución, está más que justificado.

Así es en Alemania. Sabemos que son iniciativas parlamentarias sin recorrido. Cierto. Pero lo importante es que se presenten, para que quede constancia de que quien deja a España y a sus instituciones vendidas, es el Gobierno de Sánchez Castejón. Algo que en realidad no va a quedar sólo ahí, pues la segunda parte de toda esta tragicomedia se desarrollará en Ginebra cuando el PSOE se comprometa a permitir una Agencia Tributaria dependiente sólo de la Generalitat, y un CGPJ sin relación orgánica con el CGPJ central. En eso están ahora, tratándose de un paso más grave si cabe, pues como decía Cristóbal Montoro, el golpe del 1-O se paró gracias a que Cataluña no tenía independencia financiera. De haberla tenido, como ocurrirá en unos meses, la DUI de Puigdemont hubiera triunfado. Salvo intervención armada del Ejército para restablecer la legalidad, pues por la vía de los hechos el que controla el dinero controla el poder. Lo sabía de sobra Artur Más cuando fue a pedirle a Rajoy el Pacto Fiscal. Es decir, lo mismo que ahora Sánchez le va a dar a Puigdemont.

Artur Más, auténtico responsable último del actual estropicio, lo dijo claro el otro día en la prensa catalana: «El gran tema es el pacto fiscal». Lo sabe perfectamente, como lo sabía Montoro. Con independencia financiera, la asonada secesionista hubiera sido imparable. Ni 155 ni nada. Por esa razón lo que está por venir es aún peor que lo que han puesto encima de la mesa. Eso sí, la propuesta del PP para reformar el Código Penal y disolver a los partidos que promuevan la independencia, es un acierto. A ETA la derrotó la ilegalización de Herri Batasuna. La amputación de sus estructuras financieras. Eso lo hizo Aznar, no Zapatero.