Letrados del Congreso señalan que Armengol debe tramitar la cuestión de confianza a Sánchez: "Es el mismo criterio que con la amnistía"

Junts registró el lunes la cuestión de confianza en el Congreso para debatir y votar sobre la continuidad de Pedro Sánchez en la Moncloa, pero el órgano de Gobierno de la Cámara (la Mesa) no decidirá si acepta su admisión a trámite hasta el martes que viene. Y todo dependerá del informe que elabore el letrado mayor, Fernando Galindo, quien es ex alto cargo del Gobierno de Pedro Sánchez y ya quedó en el punto de mira por haber dado su plácet a tramitar la amnistía. De hecho, letrados consultados por LA RAZÓN advierten de que el mismo criterio «amplio de admisibilidad» que Galindo usó para la amnistía se debe aplicar a la cuestión de confianza. «Es el mismo criterio», insisten.

En este sentido, con la medida de gracia, Galindo optó por usar ese criterio «amplio de admisibilidad» y emitir un informe favorable a aceptar la iniciativa a trámite porque consideró que no se daba una contradicción «palmaria y evidente» con la Constitución. «La Mesa no puede cambiar de criterio cada 24 horas», señalan las mismas fuentes, que aseguran que ahora el órgano de gobierno del Congreso «está cogido por el precedente que sentó con la amnistía». «El criterio de arbitrariedad de la amnistía condiciona mucho», insisten. «La Mesa tiene que probar ahora que es palmariamente inconstitucional», añaden, ya que consideran que los de Puigdemont llevan un tema a debate. «Otra cosa es que Junts dijera que plantea una cuestión de confianza y eso sí sería inconstitucional».

No obstante, otras fuentes del cuerpo de letrados se inclinan por pensar que se emitirá un informe desfavorable a la admisión a trámite de la iniciativa, ya que usarán la tesis de que la cuestión de confianza ya tiene «un mecanismo preestablecido». «Si hay un procedimiento preestablecido, lo puedes tumbar, según ese criterio. Y no cabría una iniciativa que clone ese procedimiento, como una proposición no de ley», sostienen los letrados consultados. En este sentido, fuentes parlamentarias apuntan a que hay un precedente de 2013 que podría usarse como equivalente y podría servir de base para previsiblemente tumbar la iniciativa: en concreto, en ese año, el PSOE promovió una moción que instaba a Mariano Rajoy a «asumir las responsabilidades políticas» por «falsedades» vertidas en el Congreso y los letrados optaron por rechazar la tramitación de ese contenido porque no se adecuaba al «cauce constitucional». El contenido no es literalmente el mismo, pero fuentes parlamentarias creen que sí hay una similitud que puede hacer a Galindo emitir un informe parecido.

Cabe recordar que Junts ha registrado una proposición no de ley que insta al presidente del Gobierno a someterse a una cuestión de confianza. Es decir, los posconvergentes únicamente quieren que se lleve a debate la iniciativa y ya luego sea el presidente del Gobierno quien decida si se somete o no a la misma, ya que existe un mecanismo establecido.

Por ahora, no hay ningún precedente idéntico y esto es lo que puede ser utilizado para Galindo como precedente que le permite sentar doctrina. No obstante, también puede estar limitado por el criterio que usó con la amnistía, teniendo en cuenta que esa decisión contradijo a la tomada por su antecesor en el cargo, Carlos Gutiérrez, quien había informado en contra de la medida de gracia.

También ha habido iniciativas similares a la de Junts que se han admitido a trámite: por ejemplo, recientemente se ha votado la petición al Gobierno para que cese al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, pese a que eso es solo potestad del propio Ejecutivo, según marca el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Es decir, también hay un «procedimiento preestablecido» que no se ha invocado para evitar la admisión a trámite de la iniciativa.

Todo queda pendiente del informe del letrado mayor, que tendrá que estar listo para el martes que viene. No obstante, tampoco cabe olvidar que el PSOE ha desatendido, cuando le ha convenido, los informes de los letrados (como en la Ley de Paridad, donde se incluyó la retirada de la capacidad de veto del Senado a los Presupuestos), por lo que la última palabra la tendrá Francina Armengol.