Leyes antiokupa: 411 días bloqueadas en el Congreso por PSOE y Sumar

La preocupación por la vivienda y la okupación están a la orden del día en España, pero el Gobierno de PSOE y Sumar parece que se empeña en ignorarlo. Así queda reflejado con el bloqueo que están aplicando a las leyes de PP y Junts contra la okupación, ambas ya en periodo de ampliación de enmiendas ya que las dos formaciones del Gobierno se niegan a aceptar su tramitación para que sean aprobadas por la mayoría alternativa que forman populares y posconvergentes, con la ayuda de Vox, en el Congreso.

En concreto, PSOE y Sumar, al controlar la Mesa del Congreso, tienen el manejo de los tiempos para la tramitación de todas las leyes. Sin el plácet de ambas formaciones, ninguna ley puede ser tramitada pese a que sí cuente con el apoyo de la mayoría del hemiciclo, como es el caso con las iniciativas antiokupa. La ley del PP lleva ya en fase de ampliación de enmiendas un total de 409 días, desde el 12 de marzo de 2024; la de Junts lleva mucho menos, tan solo dos días (desde el 23 de abril), aunque todo hace prever que el PSOE va a adoptar la misma posición que con los populares por mucho que los posconvergentes traten de meter presión.

¿Qué es la ampliación del plazo de enmiendas? Es el mecanismo que tienen PSOE y Sumar para evitar que las leyes vayan a pleno y se debatan, se voten y se aprueben. Como ambas formaciones suman cinco de los nueve votos de la Mesa del Congreso, pueden decretar semana tras semana la ampliación del plazo de enmiendas de forma "tramposa" ya que ese mecanismo está diseñado realmente para dar tiempo a los grupos parlamentarios a elaborar los cambios que quieran introducir en un proyecto legislativo, pero los de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz lo usan para bloquear las leyes.

Ambas leyes son bastante parecidas en contenido y buscan acelerar el desalojo de los okupas, sin dar ningún margen para que se atrincheren. Tanto PP como Junts están buscando mecanismos legislativos para poder expulsar a los okupas en un plazo de entre 24 y 48 horas. Y ambas formaciones se han mostrado bastante conciliadoras cuando se han debatido sus respectivos proyectos legislativos tanto en el Congreso como en el Senado.

En concreto, la ley del PP quiere que cuando se presente una denuncia, el okupa sea desalojado en 24 horas por la autoridad pública o los agentes si no es capaz de "acreditar en dicho plazo el título jurídico que le autoriza o le atribuye la posesión del bien o, en su caso, la tolerancia o liberalidad del propietario o poseedor real". "Si se tratara de flagrante delito, la autoridad pública o sus agentes procederán al desalojo inmediato", recoge la proposición de ley del PP.

La ley de Junts se parece en este sentido a la del PP también: los posconvergentes introducen una reforma en el artículo 544 de la Lecrim para que cuando se presente una denuncia por delito de allanamiento de morada o delito leve de usurpación, la Justicia adopte (previa solicitud de parte) la medida cautelar de expulsión del inmueble de los okupas, que tendrán un plazo de 48 horas para acreditar su posesión legítima.

Ambas leyes han superado ya el trámite de toma de consideración, que es la primera votación del Pleno: a partir de ahí, ya los tiempos quedan en manos de PSOE y Sumar, que controlan el órgano clave del Congreso para bloquear las dos iniciativas antiokupa de PP y Junts.