Junqueras sigue en prisión para evitar otra «explosión violenta»

El TS mantiene en la cárcel al ex vicepresidente, a Forn y a «los Jordis» por el riesgo de reiteración delictiva. Deja libres al resto de ex consellers.

Oriol Junqueras tendrá que hacer campaña desde prisión. Así lo decidió ayer el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, instructor de la «macrocausa» contra los impulsores del «procés», quien rechazó dejar en libertad al ex vicepresidente de la Generalitat, al que fuera conseller de Interior Joaquim Forn y a los líderes soberanistas Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, «los Jordis», porque, aunque descarta el peligro de fuga y de destrucción de pruebas, sí advierte riesgo de que vuelvan a delinquir. Sin embargo, los otros seis ex miembros del Govern podrán salir de la cárcel –en contra del criterio de la Fiscalía y de la acusación popular que ejerce VOX– si pagan cada uno de ellos una fianza de 100.000 euros. Una vez libres, deberán entregar el pasaporte, no podrán salir de España y tendrán que comparecer una vez por semana en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña o en el más cercano a sus domicilios. Cualquier incumplimiento, les advierte, acarreará su inmediato ingreso en prisión.

La Fiscalía ya ha anunciado que no recurrirá la decisión de Llarena, pero sí lo harán tanto VOX (que como el Ministerio Público pidió al juez el pasado viernes que todos siguieran en prisión) como algunas defensas de los investigados.

Para el instructor, «dar credibilidad» al compromiso de acatar la legalidad que los investigados exteriorizaron en sus comparecencias del pasado viernes supone «asumir un confiado pronóstico» que no es suficiente para difuminar el riesgo de reiteración delictiva, que en el caso de Junqueras, «los Jordis» y Forn –a diferencia del resto–, tendría «graves, inmediatas e irreparables consecuencias»”.

Y todo ello porque, continúa, las aportaciones al plan soberanista de esos cuatro investigados «están directamente vinculadas a una explosión violenta que, de reiterarse, no deja margen de corrección o de satisfacción a quienes se vean alcanzados por ella», algo que obliga a «un mayor grado de rigor y cautela» para evitar «comportamientos que lesionen de manera irreparable», no sólo la convivencia social o familiar así como el libre desarrollo económico y laboral, sino la propia integridad física».

En su resolución, Llarena defiende la existencia del riesgo de reiteración delictiva en el hecho de que, según la propia hoja de ruta independentista (el documento Infocats intervenido al número dos de Junqueras), ante una posible intervención de la Generalitat en aplicación del artículo 155 había que «perseverar en su determinación». «Los propios planes independentistas reflejan que el riesgo de permanencia en el delito existe y que es apreciable en todos los investigados», asegura.

«Daños irreparables»

El instructor rechaza equiparar la posible responsabilidad del ex Govern y «los Jordis» con la de Forcadell y la ex Mesa del Parlament (para ninguno de los cuales acordó prisión incondicional). En estos últimos, subraya, el riesgo de reiteración delictiva «se contempló respecto de aportaciones no violentas», pese al riesgo de que tras el 21-D tuviesen una «capacidad decisoria semejante a la que tuvieron».

La actuación de la Mesa del Parlament en el «procés», recuerda Llarena, «consistió en favorecer la proclamación de una falsa legislación paralela» y aunque contribuyó a la ruptura social, «no generó en sí misma los daños inmediatos, instantáneos e irreparables que sí pueden acompañar a la reiteración de los comportamientos de otros investigados».

Asimismo, el magistrado del Tribunal Supremo enumera varios indicios de que la participación de los cuatro investigados que siguen en prisión está «directamente vinculada con el ejercicio de la violencia». En primer lugar, por formar parte (salvo Forn) del comité estratégico encargado de definir «cómo y cuándo llevar a término cada una de las actuaciones del proceso y, consecuentemente, de la violencia y los tumultos». Una «posición de dominio» del «procés» que suponía, además, «dirigir las movilizaciones que pusieron en riesgo –o materializaron incluso– la violenta explosión social que contemplamos, habiendo llegado estos encausados incluso a intervenir en su ejecución material».

Sánchez y Cuixart, sostiene, «dirigieron a las masas durante las 19 horas que duró el cerco» a la Consejería de Economía el pasado 20 de septiembre, «modulando los actos de violencia que se desplegaron y facilitando finalmente la salida de la comisión judicial gracias a un pleno dominio de lo acontecido».