Los cursos para despedidos de los ERE formaban parte del lote sindical

La jueza Alaya
La jueza Alaya

Alaya ha desvelado las comisiones en los ERE y estudia el desvío de fondos para formación

Los sindicatos UGT y CC OO también pactaron con la Junta de Andalucía la gestión de los cursos de formación de los trabajadores despedidos en los ERE financiados con fondos públicos. En los casos más significativos, las centrales sindicales acordaban con la Administración autonómica itinerarios de reinserción para los empleados que incluían cursos de reciclaje que impartían en sus propios centros. Es el caso de la formación recibida por los ex mineros de la Faja Pirítica de Huelva, uno de los ERE investigados y que es uno de los motivos de la detención el pasado martes dentro de la segunda parte de la «operación Heracles» del actual secretario general de UGT en Cádiz, Salvador Mera, y el ex secretario general de la Federación Minerometalúrgica de CC OO en Andalucía Roberto Carmona. En un correo electrónico que consta en las actuaciones judiciales y al que ha tenido acceso este periódico, este último traslada a la Junta de Andalucía los problemas de cobro de algunos ex trabajadores acogidos a las becas formativas como parte del plan de reestructuración de la minería. El e-mail lo envía Forem Huelva y en él se destaca la importancia «alta» del asunto. Se trata de la Fundación para la Formación y el Empleo de Andalucía (Forem), un organismo creado por la Confederación Sindical de Comisiones Obreras de Andalucía en febrero de 1992. Forem se define como «una entidad privada, sin ánimo de lucro, que nació con el objeto de satisfacer las necesidades de los trabajadores y trabajadoras andaluces en materia de formación y empleo». Según anuncia en su página web, «a partir de 1993, los cursos que realizaba CCOO-A pasan a ser realizados por su fundación».

En el caso concreto del ERE de la Faja Pirítica –en el que fueron despedidos unos 2.000 mineros–, la formación forma parte del protocolo de colaboración firmado entre la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico y las organizaciones sindicales UGT y CC OO para la gestión de ayudas. El primero de los puntos se refiere a las prejubilaciones y es el segundo en el que se habla de la formación. En concreto, el Gobierno andaluz y los «sindicatos de clase» acuerdan que la Junta «realizará un Plan de Formación Básica y Especializada para los trabajadores que se relacionan en el anexo número 2, dotado con una beca de asistencia de 420.71 euros mensuales. Este plan de formación se mantendrá hasta que los trabajadores hayan adquirido la cualificación necesaria que posibilite su recolocación». El correo electrónico muestra cómo las centrales sindicales acaban también participando en este proceso e impartiendo las acciones formativas.

Hay que recordar que la juez Alaya ha abierto una nueva línea de investigación sobre el destino otorgado por los sindicatos a los fondos para formación concedidos por la Junta de Andalucía. Recientemente el colectivo Manos Limpias ha denunciado a UGT por el presunto desvío de fondos del dinero para los parados y el juez decano de Sevilla, Francisco Guerrero, la ha trasladado al juzgado de Alaya porque «conocía los mismos hechos» por razones de una investigación judicial con anterioridad, en referencia al «caso de los ERE». En el trasfondo de ambas piezas, la instructora trata de desvelar una presunta financiación irregular de los sindicatos.

En el caso de los ERE, esta línea de trabajo está bastante avanzada. La magistrada ha sido contundente en algunos de sus autos. En el que justificó la prisión del dueño de Uniter, una de las mediadoras que recibía comisiones de la Junta y luego repartía entre los actores de la trama, aseguró que «los sindicatos, además de las cuotas de sus afiliados y de las subvenciones públicas anuales, encontrarían durante una década en Andalucía esta otra forma de financiación irregular». En este mismo auto apuntó que José González Mata –el administrador de Uniter– «sería uno de los principales partícipes en el saqueo de las arcas andaluzas, con la indiciaria connivencia de sindicatos y cargos públicos de la Junta». La juez considera que UGT y CC OO, o empresas vinculadas a ellos, recibieron 7,6 millones de euros en comisiones por su intervención en los ERE.

Otra línea abierta es la utilización por parte de los sindicatos de asociaciones de ex trabajadores afectados por los ERE creadas para recibir los fondos públicos. En el caso de la Asociación constituida para atender a los ex empleados de la Faja Pirítica, los dos sindicalistas detenidos el martes –Mera y Carmona– fueron clave en su constitución. La labor de esta asociación, según Alaya, está plagada de irregularidades. Controlada por UGT y CC OO, la gestión le correspondió al bufete de abogados Villasís, cuyo máximo responsable, Carlos Leal Bonmati, se encuentra en libertad tras abonar una fianza de 150.000 euros. Entre otros aspectos que la instrucción ha revelado, los sindicatos se «apoderaron de las indemnizaciones» que el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) abonó a cada prejubilado. Una cantidad de 7 millones de euros «que se destinó este dinero para un uso particular y ajeno a los trabajadores cedentes de dichas indemnizaciones: abonar a Estudios Jurídicos Villasís cinco millones de euros de honorarios correspondiente a su relación con Uniter y el resto a la citada mediadora, no descartando que los sindicatos pudieran haberse quedado con alguna parte», aseguró la juez Alaya en el auto de prisión del abogado Leal Bonmati. De hecho, la relación entre este imputado y las centrales sindicales ha virado radicalmente tras su declaración ante la juez y los representantes sindicales le han demandado por apropiarse indebidamente de unos 600.000 euros de la asociación.