Junqueras y los ex consellers piden su libertad renuentes a la «vía Forcadell»

Quieren comparecer en el TS para que Llarena decida si hay motivos para mantenerles en prisión.

No hay tiempo que perder. Apenas unas horas después de que el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena haya asumido la investigación al ex Govern y a los líderes soberanistas Jordi Sánchez y Jordi Cuixart (que ayer mismo le remitió la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela), los ex consellers en prisión y «los Jordis» tienen previsto solicitar a partir de hoy al nuevo instructor, según confirmaron fuentes jurídicas, una comparecencia para solicitar su salida de prisión. Esas mismas fuentes insisten en que la intención de los investigados no es tanto acogerse a la «vía Forcadell», sino sobre todo instar a Llarena a «reevaluar» si persisten los motivos por los que Lamela acordó su prisión provisional: riesgo de fuga, de destrucción de pruebas y de reiteración delictiva. En todo caso, en esas declaraciones será el propio magistrado el que, como sucedió con la ex presidenta del Parlamente Carme Forcadell, inquiera a los comparecientes sobre su voluntad de acatar la legalidad si recuperan la libertad, más allá de una retórica asunción de los efectos de la aplicación del artículo 155. Y en ese terreno, a juzgar por los recursos de apelación que presentaron en la Audiencia Nacional –y que optarán por retirar para dejar únicamente en manos del Tribunal Supremo la decisión sobre su excarcelación–, los ex consellers del PDeCAT sí parecen más dispuestos a ese compromiso que sus compañeros de ERC, con Oriol Junqueras a la cabeza. Ellos sí acataron «expresamente» las medidas que acarreó el 155 (entre ellas su destitución), mientras que el ex vicepresidente de la Generalitat, por ejemplo, evitó dar ese paso de forma expresa y se limitó a constatar sus efectos, ante la evidencia de que ni él ni el resto de los ex consejeros «ostentan actualmente cargo ejecutivo alguno».

Pero lo que ni unos ni otros hicieron –a la espera de lo que suceda con Llarena– fue comprometerse a cumplir la ley en sus aspiraciones independentistas. Los que más lejos fueron, los ex consellers Jordi Turull y Joaquim Forn, se mostraron dispuestos a mantener sus aspiraciones políticas «en el cauce de la confrontación democrática electoral, con pleno respeto al pluralismo político que debe regir la convocatoria electoral». Pero de acatar la legalidad, nada de nada.

Por tanto, la intención de los investigados en las futuras comparecencias en el Supremo será doble. Por un lado, poner de manifiesto al instructor la supuesta inexistencia tanto de riesgo de fuga o de destrucción de pruebas como de que vuelvan a delinquir (más allá de una simbólica adhesión a la «vía Forcadell»). Por otro, denunciar la vulneración de su derecho a la participación política, y el del conjunto de la sociedad a la representación política, al privarles de participar en la campaña electoral.

¿Será suficiente para Llarena para suavizar las medidas cautelares y sustituirlas por la imposición de una fianza o la retirada del pasaporte y comparecencias periódicas? Dependerá, en todo caso, de si el magistrado entiende que si, casi un mes después (salvo en el caso de «los Jordis», que ingresaron en prisión el 16 de octubre), el riesgo de destrucción de pruebas se ha difuminado (por las diligencias ya practicadas) y el hecho de que la mayoría concurra a las elecciones supone que se esfume el riesgo de fuga. En cuanto a la reiteración delictiva, las defensas insistirán en que, despojados de sus cargos desde la aplicación del 155, esa posibilidad es incierta.

En el auto en el que acordó la prisión eludible bajo fianza de Forcadell, el magistrado del Alto Tribunal ya mostraba su temor a que los investigados persistieran, tras el 21-D, en mantenerse «fuera del marco constitucional», transformando la próxima legislatura en Cataluña «en un ilegal proceso constituyente».