Los Franco insisten en que la única opción es La Almudena

La Fundación emplaza al Ejecutivo a que responda a las alegaciones que presentó en enero.

La Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) emplazó ayer a la subsecretaria de Justicia, Cristina Latorre, instructora del expediente de inhumación de los restos del dictador, a responder a las alegaciones que presentó el pasado 21 de enero «a fin de poder entablar las medidas legales oportunas antes de que por el Consejo de Ministros se adopte ninguna decisión». La familia esperaba que el Ejecutivo diera el paso –«para su única rentabilidad política»– el viernes, pero decretará finalmente la exhumación pasado mañana, «quebrando la Constitución y el Derecho de los Tratados, violentando el principio de legalidad, transgrediendo el procedimiento administrativo e ignorando los derechos reconocidos a los ciudadanos por el Tribunal de la Unión Europea y por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos», según la nota de la FNFF.

Para la Fundación, con «una decisión ya tomada de antemano», el Gobierno se está saltando su propio procedimiento –«plagado de irregularidades» y que califica de «montaje»– para la exhumación, al decidir dar un nuevo plazo a la familia para que elija un lugar alternativo a la cripta de La Almudena para reinhumar los restos de su abuelo. Recuerda la entidad que preside Juan Chicharro que el Ejecutivo estableció «vía decretazo» que «sólo en caso de discrepancia de los familiares –la cual no existe– sería el Consejo de Ministros» quien decidiría «sobre el lugar de reinhumación». El Gobierno insiste en la «imposibilidad legal» de que los restos de Franco sean enterrados en la cripta de la catedral de La Almudena, como quiere la familia, amparándose en un informe de la Delegación de Gobierno que apunta a «evidentes riesgos para el orden público, la seguridad ciudadana y la movilidad», extremos que fueron desmentidos en su escrito de alegaciones por los Franco, que insisten ahora en su comunicado en el «carácter inviolable del lugar sagrado que es la Basílica del Valle de los Caídos» y «la vulneración» de la Constitución y del Acuerdo del Estado con la Santa Sede.

En cualquier caso, una vez que el Consejo de Ministros acuerde la exhumación, esta puede ser recurrida por la familia y las partes interesadas ante el Tribunal Supremo, lo que ya han confirmado que harán, por lo que el proceso se prevé largo.