Margarita Robles: «Lesmes ejerce su función con un marcado carácter totalitario»

Rafael Catalá la presenta hoy en su conferencia «Qué se ha hecho de la Justicia y qué se puede hacer». Se unen un ministro del PP y una adalid del sector «progresista»

–¿Qué se ha hecho de la Justicia estos años?

–La Justicia ha sido una de las grandes olvidadas de la democracia. Mientras que Educación y Sanidad han sido prioritarias, la Justicia ha sido la gran olvidada, y esto ha repercutido en que los jueces estén colapsados de trabajo y que, a la vez, sean éstos los que estén dando una respuesta social a graves problemas de gran sensibilidad social para los ciudadanos en esta época de crisis económicas, como todo lo relacionado con los desahucios.

–¿Y hacia dónde debe ir?

–A que sea una prioridad absoluta, siempre dentro de un Pacto de Estado, y desde una doble perspectiva: independencia del Consejo General del Poder Judicial y hacerlo un órgano completamente diferente a cómo funciona en estos momentos, y, en segundo lugar, a dotar de medios necesarios a los jueces para que puedan tutelar realmente los derechos de los ciudadanos. Hay que invertir mucho más en Justicia, porque eso significa invertir en una mejor y mayor democracia.

–Usted en su conferencia hablará de la imagen de politización de la Justicia. ¿Es sólo percepción o hay algo mas?

–Hay que diferenciar entre el trabajo que realizan cada día los jueces, dando respuestas a problemas sociales y en la lucha contra la corrupción, donde no existe politización alguna, y la dejación por la política de la Justicia. Aparte de la situación en que se encuentran los juzgados, la imagen que tienen los ciudadanos de la Administración de Justicia es que es lenta, ineficaz, y, lo que es peor, que está politizada; y aunque esto no es verdad, esa apariencia de politización se debe en buena parte al funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial, que es imprescindible modificar, porque después de la última reforma que realizó Ruiz-Gallardón se ha debilitado aún más esa figura, que debería ser clave en la protección de la independencia de los jueces y magistrados. La labor de los jueces en absoluto está politizada, pero esa apariencia de politización es por la figura del CGPJ, el mecanismo de elección y su propio funcionamiento.

–No deja de ser significativo que le presente el ministro de Justicia, Rafael Catalá, del PP...

–El ministro Catalá, a diferencia de su antecesor, Alberto Ruiz-Gallardón, se ha caracterizado por ser una persona dialogante, que pacificó el mundo de la Justicia, que estaba muy convulsionado por las reformas de Gallardón. Hay que reconocer que el ministro Catalá ha implantado un talante de diálogo, que es muy positivo para cualquier reforma, y también hay que reconocerle una parte muy importante en la modificación de la ley de tasas, que creaba diferencias entre los ciudadanos por razones económicas, y todo eso no impide que tengamos diferencias en algunos aspectos.

–Se muestra muy crítica con el Consejo del Poder Judicial. ¿Qué habría que cambiar del mismo?

–Lo primero que quiero dejar claro es que soy una firme defensora de esa institución, que es clave en la defensa de la independencia judicial. Lo que sí hay que hacer es darle la vuelta como a un calcetín. El Consejo actual, con la reforma que se hizo, ha ido claramente en detrimento de la institución, ha modificado un órgano que la propia Constitución quería que fuese colegiado, y le ha dado un carácter eminentemente presidencialista, donde los poderes del actual presidente, Carlos Lesmes, nunca fueron tenidos por ningún otro presidente.

–Usted sostiene que no todos los vocales son iguales

-Sí, y esto me parece muy grave. Se han creado vocales de dos categorías, los de primera, que son los que forman parte de la Comisión Permanente, y los de segunda, los que forman parte de ellas y a los que se les deja muy reducidas las competencias; a los que se les sustrae la posibilidad de realizar cualquier otro tipo de actuaciones que no sea la mera asistencia al pleno. Como consecuencia de todo ello, hay un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional por la reforma del CGPJ, que espero que se resuelva pronto, porque el régimen actual de dos categorías de vocales, junto con esa imagen absolutamente presidencialista del Consejo, no ayuda en nada a la institución.

–En varias ocasiones se ha referido al presidente del Consejo, Carlos Lesmes. ¿Cómo definiría la labor que realiza al frente de esta institución?

–Ejerce su función con un marcado carácter totalitario, cuando lo que tenía era que potenciar mucho más la colegialidad del órgano y no asumir él la parte más importante de las funciones. La última reforma del CGPJ, que permite que sea el presidente el que diga qué vocales forman parte de la Comisión Permanente del Consejo, no ayuda al funcionamiento del Consejo como un órgano colegiado. Es difícil entender la desconfianza que respecto a los vocales que no forman parte de la Comisión Permanente tienen quienes sí integran esa comisión y la del propio presidente.

–Se refería también al sistema de elección de vocales, pero usted siempre ha defendido la elección parlamentaria, la vigente.

–Sí, lo he sido; pero la experiencia de los 35 años de existencia de Consejo, unida a los cinco años en que fui vocal del Consejo, han puesto de relieve que esa elección parlamentaria es una de las razones por las que se crea esa apariencia de politización. Y desde ese conocimiento, y también de resoluciones de organismos europeos, he llegado a la conclusión, y también la práctica totalidad de asociaciones –incluida Jueces para la Democracia, de la que formo parte–, de que en estos momentos sería mucho más conveniente que los 12 vocales de procedencia judicial fuesen elegidos directamente por los jueces y magistrados.

–¿Es necesario un Pacto de Estado por la Justicia?

–Es absolutamente imprescindible que se alcance ese pacto dentro de la nueva legislatura, y que en el mismo se aborde como cuestión básica, con la necesaria dotación de medios a los juzgados y tribunales, una reforma en profundidad del CGPJ. Es absolutamente imprescindible que nadie patrimonialice la Administración de la Justicia y que ninguna reforma salga adelante por un rodillo parlamentario, sino que sea fruto del consenso y debate necesario.

–¿Tratan por igual los jueces a todos los partidos a la hora de investigar casos de corrupción?

–Los ciudadanos deben tener la tranquilidad de que los jueces son absolutamente independientes cuando actúan; y el sistema español es muy garantista, con recursos que pueden corregir las decisiones. Los jueces se limitan a valorar cada caso concreto y a aplicar la ley, no miran de forma distinta unos casos y otros.