Mas convocará la consulta «en horas o días»

El Parlamento de Cataluña aprobó ayer la nueva ley de consultas no refrendarias y de participación ciudadana, con el voto de CiU, ERC, PSC, ICV-EUiA, CUP y el diputado no adscrito Joan Ignasi Elena, lo que supone más de dos tercios de la Cámara.

Las jornadas calificadas de «históricas» se acumulan en el Parlament de Cataluña, cada vez más pequeño para asistir a las exhibiciones de los soberanistas. Ayer no cabían más corbatas en los palcos del hemiciclo y en las tribunas de invitados. Autoridades de todo tipo ocuparon todas las butacas para contemplar en primera persona cómo el Parlament aprobaba a las 19.05 horas el instrumento diseñado para habilitar la votación del 9 de noviembre: la ley de consultas.

Con 106 votos a favor (CiU, ERC, PSC, ICV, CUP y el ex socialista Joan Ignasi Elena) y 28 en contra (PP y Ciutadans), el Parlament aprobó una ley que, previsiblemente, el Tribunal Constitucional (TC) suspenderá en breve. Antes de que el Gobierno proceda a impugnarla, Artur Mas quiere reservarse un último golpe de efecto que ha querido envolver de misterio: la firma del decreto de convocatoria, cuya fecha no quiso revelar ayer ningún miembro del Govern.

No lo hizo la vicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega, encargada de los preparativos técnicos de la consulta, que compareció ante los medios al término de una sesión que acabó con aplausos, besos y abrazos de los promotores de la consulta. «Todo está listo para convocar en las próximas horas o días la consulta del 9 de noviembre», dijo únicamente Ortega.

Probablemente no será hoy, puesto que Mas tiene previsto desplazarse a mediodía a Cardona para presidir el acto de conmemoración del final de la guerra de Sucesión, un hecho histórico que ha marcado todo el año político en Cataluña.

Ninguna de las intervenciones parlamentarias sirvió para introducir alguna de las 95 enmiendas presentadas por PP, PSC, ICV y CUP, por lo que no se registró ninguna modificación al dictamen aprobado originalmente.

Así las cosas, la ley únicamente está pendiente de su aprobación en el Documento Oficial de la Generalitat de Cataluña para que entre en vigor. Según establece la norma, la consulta se realizará en un plazo de entre 30 y 60 días naturales a partir del día siguiente de la publicación del decreto de convocatoria. Podrán votar los mayores de 16 años, los ciudadanos de otros países de la Unión Europea que acrediten un año de residencia en Cataluña y los del resto de países con tres años de residencia legal.

La previsión es que el DOGC se publique como muy tarde el lunes –podría hacerse uno extraordinario entre el viernes por la tarde y el domingo– y que Mas firme el decreto de convocatoria inmediatamente. A partir de ahi, se pondrá en marcha el el Gobierno de Mariano Rajoy, que a lo largo de esta semana ya ha explicado que tiene el recurso apunto. Fuentes parlamentarias apuntan que lo más probable es una convocatoria extraordinaria del Consejo de Ministros para recurrir ante el TC tanto la ley como el decreto de convocatoria.

Antes de su paso por el TC, sus promotores y detractores se atrevieron a realizar las funciones de magistrado subrayando la legalidad/ilegalidad de la norma. El diputado de CiU Josep Rull, que coordinó la ponencia de la ley de consultas, admitió que la norma «será la de la consulta del 9 de noviembre», aunque también un instrumento para permitir consultar a los ciudadanos sobre aspectos de su día a día.

«Romper y dividir España»

El parlamentario del PSC Ferran Pedret justificó el apoyo de su partido a la ley de consultas por ser «un buen instrumento» para la participación ciudadana, pero dejó claro que no servirá «en absoluto» para la consulta soberanista y, de usarla para este objetivo, será como dar «un tiro en el pie» a la propia norma.

Por su parte, el portavoz adjunto del PP en el Parlament, Santi Rodríguez, aseguró que la Generalitat «no es nadie para preguntar sobre la independencia de Cataluña», por lo que rechazó la ley de consultas con «un triple sí: a la democracia, al Estado de Derecho y a la convivencia».

La presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, incrementó la contundencia del mensaje. «Hoy, Mas ha dado un paso adelante en su desafío inconstitucional y desleal de querer romper y dividir España. No estamos solos ni al margen del resto de españoles. Formamos parte de un gran país y estado democrático europeo que esta ley inconstitucional no va a romper», dijo. Y añadió: «Pero queremos trasladar serenidad y tranquilidad, que todos los catalanes y españoles sepan que la garantía del cumplimiento de la democracia y el Estado de Derecho la realizará el presidente Mariano Rajoy y el Gobierno de España».

El presidente de Ciutadans, Albert Rivera, se sumó a las advertencias y subrayó que la ley de consultas es un «desafío» al orden constitucional con la que se pretende convocar un referéndum «encubierto», que cree que puede ser un «trauma» para una sociedad a la que divide, y llamó a PP y PSOE a «seducir» a Cataluña y España.