Más de 1.000 irregularidades en las ayudas para los parados en Andalucía

El presunto fraude afecta a toda Andalucía, con mayor presencia en Almería y Granada. La cantidad desviada será «llamativa», aunque lejos de 2.000 millones de euros

Andalucía protagoniza un nuevo caso de corrupción vinculado en esta ocasión a presuntas irregularidades en la concesión de subvenciones para cursos de formación para desempleados. Fuentes conocedoras del asunto aseguraron ayer a LA RAZÓN que pese a que la investigación está aún en fase inicial, la cantidad del presunto desvío de fondos será «enorme y llamativa», aunque lejos de los 2.000 millones de euros apuntados desde algunos ámbitos. El volumen de fondos que se revisa se sitúa en torno a los 4.000 millones de euros, lo que no significa que toda la partida se haya defraudado. Un alto porcentaje se corresponderá con subvenciones bien ejecutadas. A día de hoy, según las fuentes consultadas por este periódico, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional tiene detectadas en torno a mil irregularidades que afectan a un número importante de empresas sobre las que lleva meses trabajando. Algunas de estas anomalías afectarían a la misma sociedad o institución receptora de fondos públicos y que tendría presencia en varias provincias andaluzas, de ahí la dificultad en delimitar el número de empresas investigadas. De hecho, y aunque el origen de las pesquisas se ha centrado en Málaga, el fraude está dispersado por toda la geografía andaluza y el mayor número de expedientes sobre el que se concentran las sospechas se sitúa en las provincias de Almería y Granada.

En este sentido, la Fiscalía de Málaga admitió ayer que mantiene abiertas unas diligencias de investigación preliminares desde mayo de 2013 sobre un presunto fraude en el uso de subvenciones en cursos de formación para desempleados. Estas pesquisas, las más avanzadas, afectarían solo a 17 empresas, aunque el número final en toda la comunidad será mayor. El origen de la investigación se centra en una denuncia de la Seguridad Social.

Además, no todas las irregularidades son de la misma cuantía. Hay acciones formativas que no se llevaron a cabo completa o parcialmente. Y alertan de casos muy evidentes, como la concesión de una subvención de 60.000 euros para cursos de peluquerías y en la que hay constancia de que el beneficiario ni tan siquiera publicitó los cursos.

Al igual que en otros casos de corrupción recientes en Andalucía –como las ayudas de la empresa pública de capital riesgo Invercaria–, los agentes de la UDEF trabajan con un informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía sobre «Fiscalización de subvenciones del SAE para la formación profesional para el empleo» –relativo a los ejercicios 2009 y 2010– y por el que también se interesó la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la comunidad. Esta auditoría ya alertó de que la Junta de Andalucía gestionó sin control 800 millones durante esos dos años. Entre otras irregularidades, en el trabajo se apuntaban que el 89% y el 36% de las ayudas de 2009 y 2010 se concedieron utilizando el procedimiento de concurrencia no competitiva y que «tan sólo el 11% de los cursos subvencionados en las convocatorias de 2009 y 2010 conducían a la obtención de certificados de profesionalidad».

La «operación Edu» ahonda en algunos de estos aspectos, aunque las fuentes insisten en que todavía muchos de los trabajos están por desarrollar y lamentan la «filtración». Aseguran que, por el momento, no han detectado irregularidades en organizaciones sindicales, pese a que tanto UGT como CC OO son perceptores habituales de subvenciones para formación. Ambas centrales aseguraron ayer que están «tranquilas» y recalcaron la «absoluta legalidad» de sus actuaciones en cursos de formación. En el caso de UGT-A, el asunto de las facturas falsas y el presunto desvío de fondos que también podría afectar a la partida de formación se encuentra judicializado en los juzgados de Instrucción de Sevilla.

Igualmente, las pesquisas iniciales tampoco señalan a cargos políticos, aunque aquí introducen un matiz: la Junta de Andalucía podría verse afectada por «omisión del deber de vigilancia».