Mas destina una partida de los Presupuestos de 2014 a la consulta pese a los recortes

No será fácil para la Generalitat cumplir este 2013 con el objetivo de déficit del 1,58 por ciento que le ha puesto Cristóbal Montoro. El mismo conseller de Economía, Andreu Mas-Colell, admitió anteayer que arranca el curso con el propósito de «sobrevivir» los cinco meses que quedan con unos presupuestos prorrogados. Y, precisamente, porque están prorrogados, nadie sabe cómo se concretarán los recortes que ascienden a 2.000 millones de euros. Apenas, 24 horas después de que el conseller de Economía y la oposición se enzarzaran en una disputa parlamentaria sobre la opacidad con la que la Generalitat gestionará este ejercicio el dinero, la vicepresidenta del gobierno catalán, Joana Ortega, avanzó ayer que en 2014, se guarda una partida específica para sufragar los gastos de organizar la consulta soberanista.

Está previsto que para 2014, la Generalitat tenga unos presupuestos nuevos que podrían empezar a negociarse este otoño. Con la idea de que el inicio del debate presupuestario no coja a la vicepresidenta desprevenida, la semana que viene reunirá a la Unidad de Procesos Electorales para calcular cuánto dinero necesita la Generalitat para organizar un referéndum. Las urnas que se utilizan en las elecciones son del Estado.

Aunque Mas sigue esperando que el cartero le entregue la carta con noticias de la Moncloa, la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, avisó ayer que «no se puede celebrar un referéndum ilegal». Sánchez-Camacho avanzó al presidente de la Generalitat que la carta de Rajoy estará basada en el diálogo, la recuperación de las relaciones y la búsqueda de alternativas a la consulta, como por ejemplo, la negociación de un mejor sistema de financiación para Cataluña. Pero Mas está decidido a mover ficha antes de leer la respuesta de Rajoy. Tal y como le aconsejó su consejo de sabios, el Consell Assessor per a la Transició Nacional, empezará a trabajar para organizar la consulta y dotarse del material electoral al margen del Estado.

Si el Gobierno de Mariano Rajoy rechaza la consulta es de cajón que no preste el material para su celebración. «Tendremos que hacer un concurso para dotarnos del material necesario, como urnas, cabinas y otro material que hasta ahora nos dejaba el Estado», explicó Ortega.

La vicepresidenta alegó que como Govern «hemos de actuar paso a paso, sin prisas, pero hemos de tener las cosas preparadas y, sobre todo, hacerlas bien». Por eso, pedirá una partida para el departamento que dirige, Gobernación y Relaciones Institucionales, para cubrir los gastos que puedan generarse.

A falta de que la Unidad de Procesos Electorales de la Generalitat calcule el gasto de la consulta, el referente son las elecciones de 2012, que costaron 36 millones de euros, 25 millones que incluían el sistema informático de transmisión de datos y recuento de votos, las gratificaciones y dietas al personal de la administración y miembros de la mesa y los seis millones del envío de las papeletas y la propaganda electoral. Los envíos los hacía Correos, pero ante la posibilidad de que no quiera colaborar con la consulta, la Generalitat sopesa alternativas, aunque el coste pueda incrementarse. También incluye el operativo de seguridad que en las elecciones del 25-N fue de 8.000 agentes entre Mossos y policía locales. A esta cifra habría que sumar los 8,5 millones que se gastaron los partidos con representación parlamentaria en sus campañas.

El proceso sigue su curso

La semana que viene, también se reunirá la comisión de estudio del derecho a decidir con la misión de elaborar el plan de trabajo y aprobar las primeras comparecencias. Paralelamente, los organizadores de la cadena humana por la independencia azuzan la Diada. Ayer, a las 20.14 horas, hizo un ensayo en las fiestas del barrio de Sants de Barcelona. Ortega no confirmó si participará o no en la vía catalana, pero sí dijo que una participación del 50 por ciento en la consulta sería sólo un «aprobado».

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