Las cartas que se han intercambiado Artur Mas y Mariano Rajoy comparten un mínimo común denominador, ambos ofrecen diáogo para buscar una salida al encaje de Cataluña en España. En el texto que Mas envió al presidente del Gobierno antes de verano, pedía diálogo para negociar la celebración de una consulta en Cataluña. Y en la respuesta que llegó ayer al Palau de la Generalitat –pese a que la dirección, «pina de Sant Jaume», no era exacta–, Rajoy se define como «una persona comprometida con el diálogo para resolver las diferencias políticas o de cualquier otra índole».

Por diálogo el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (RAE) entiende una «discusión o trato en busca de avenencia». Aunque también tiene una acepción para definir una «conversación en la que dos interlocutores no se prestan atención», lo que se conoce como «diálogo para sordos», que es como puede acabar el careo entre Mas y Rajoy. Porque el president de la Generalitat quiere hablar de la consulta y sólo de consulta, y Rajoy le ha respondido que dialogará «desde la lealtad institucional y desde el respeto al marco jurídico». Como la consulta, para el Gobierno, no cabe en la Constitución, se entiende que descarta hablar de la convocatoria de un referéndum de autodeterminación. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, fue muy clara en su comparecencia tras el último Consejo de Ministros: «Las últimas sentencias del Tribunal Constitucional sobre esta cuestión han sido muy clarificadoras». Esta actitud, de parapetarse tras la Constitución, provocó un alud de respuestas a la carta de Rajoy en Cataluña.

La primera, de Mas, prisionero de su promesa de convocar una consulta legal en 2014. El president de la Generalitat creía que el éxito de la cadena humana por la independencia le iba a dar fuerzas para negociar con el Gobierno, pero el golpe de puerta de Rajoy al clamo por la consulta, lo pone en una difícil situación. Antes de recibir la carta, teniendo en cuenta el avance que ofreció Sáenz de Santamaría, Mas avanzó que seguirá con su plan para que Cataluña ejerza su derecho a decidir el año que viene. Y está dispuesto a trasladárselo de nuevo a Rajoy por carta.

Pero antes buscará el aval del Parlament, se movilizará para obtener una respuesta «lo más conjunta, unitaria y consensuada posible». En el debate de política general,que el Parlament de Cataluña celebrará en diez días, tratará de sumar más apoyos a su proyecto para volver a pedir la celebración de una consulta legal y acordada. El PSC volverá a estar en el punto de mira del president, que tratará de sumarlo a su causa para poder exhibir músculo ante Madrid.

Mas tiene el apoyo «incondicional» de sus socios de Unió y de ERC. Oriol Junqueras, que tras conocer el contenido de la carta convocó una rueda de Prensa «urgente», defendió que Cataluña «busque su camino» si el Gobierno «ignora el clamor popular para poder votar y se ampara en falsas limitaciones jurídicas para dilatarlo».

Y seguir con su camino es lo que harán el Parlament, el gobierno catalán y los partidos pro derecho a decidir. Todos continuarán con el proyecto de convocar la consulta el año que viene, ignorando las palabras de Rajoy. Mañana se reunirá la comisión sobre el Derecho a Decidir, en la que participan los socialistas, para debatir el primer informe que elaboró el consejo de sabios de Mas sobre las cinco vías legales para realizar la consulta. Esta semana también se presentará el documento para ampliar apoyos al Pacto Nacional por el Derecho a Decidir, cuyo objetivo es sumar al PSC.

Apoyo internacional

El Govern, por su parte ha enviado sendas cartas a los ministros de Exteriores europeos, aprovechando la visibilidad que la cadena humana dio a los soberanistas, para reivindicar una consulta legal.

Los sectores pro derecho a decidir son de la opinión de que la consulta no es una cuestión legal, sino de voluntad política. El presidente del Consell Nacional de Unió, Ramon Espadaler, sin ir más lejos, expuso que «si hay voluntad política, hay maneras desde la legalidad de poder hacer una consulta». El democristiano pidió a Rajoy que no se escude en la legalidad de la Constitución para cerrar las puertas a una consulta que avala el 75 por ciento de los catalanes, según el último barómetro del Centro de Estudios de Opinión del Govern. Al fin y al cabo la Consitución prevé constitucionalmente su reforma, recuerdan desde Unió. Pero desde el Gobierno no ven adecuado abrir el melón de la reforma. «Primum vivere, deinde philosophari».

Duran allana el diálogo

Poco después de las cinco de la tarde, la hora del te, la hora en que la carta de Mariano Rajoy llegó ayer al Palay de la Generalitat, twitter ardía. Para el líder de Unió, Josep Antoni Duran Lleida, de viaje con la comisión de Asuntos de Exteriores en Panamá, era la forma más rápida de hacer oír su reacción. Hasta cuatro tuits escribió. El primero, para intentar de calmar los ánimos de los soberanistas, aunque sin rebajar el tono de disgusto con la respuesta de Rajoy. «En Panamá, leo la carta de Rajoy a Mas. No cierra puertas, pero no es lo que la sociedad catalana espera. No atiende a nuestra posición», decía. Luego escribía: «Creo que se debe tomar seriamente la actitud de diálogo, pero sin ingenuidad para intentar la consulta». Seguidamente, puntualizaba que «la legalidad permite la consulta. Es nuestro objetivo y compromiso electoral, Hay que acordar los marcos legales que la amparan y la pregunta o preguntas». Y finalmente, cerraba filas en torno a Mas a reconocía que «lo más inteligente es buscar una respuesta unitaria».