Tribunal Supremo
Matas, condenado por tráfico de influencias, pide al Gobierno el indulto
Pretende así posponer su inminente entrada en prisión
Después de que la Audiencia Provincial de Baleares se haya negado por segunda vez a conmutar su sentencia a nueve meses de prisión por una multa, el ex presidente del Gobierno balear Jaume Matas ha solicitado al Gobierno el indulto por razones de «humanidad» y «proporcionalidad», segun declaró su abogada, Pilar Gómez Pavón, a Ep. Hoy se presentará la documentación pertinente ante la Sección Primera para probar que la medida de gracia ha sido pedida y, de esta manera, se suspenda la ejecución de la condena de 9 meses que pesa sobre el ex político balear. El Tribunal Supremo mantuvo el délito de tráfico de influencias y le absolvió del de fraude a la Administración, falsedad en documento oficial, falsedad en documento mercantil y prevaricación, pasando así su condena de los seis años que le había adjudicado la Audencia a los 9 meses actuales. Esta decisión del Tribunal Supremo ha sido asimismo recurrida ante el Tribunal Constitucional.
El tribunal que le condenó creyó probado que Jaume Matas influyó para que el periodista que le redactaba sus discursos, Antonio Alemany, recibiera remuneraciones económicas de la administración que dirigía el político balear. El propio Alemany fue también hallado culpable por la Audiencia Provincial y sentenciado a dos años y tres meses de cárcel.
Matas ha decidido por tanto acogerse a esta vía de carácter excepcional, que podrá derivar en la remisión total o parcial de su pena. En concreto, el indulto lo otorga el Rey a propuesta del ministro de Justicia, previa deliberación del Consejo de Ministros. Con la concesión de esta medida de gracia se extingue la responsabilidad penal pero no cancela, en ningún modo, los antecedentes penales. En su petición al Ejecutivo central, la letrada de Matas alega asimismo la «escasa peligrosidad» de su defendido, rebatiendo de este modo los argumentos esgrimidos por la Audiencia en el sentido de que esa peligrosidad existe desde la perspectiva de la entidad de los hechos por los que fue condenado. «Estamos ante un delito cometido dentro de las estructuras de poder que las sociedades civilizadas y democráticas tratan de combatir. El peligro de este tipo de acciones es innegable», apostilló el tribunal. La abogada de Matas lamenta, sin embargo, que prácticamente la mayoría de condenas inferiores a dos años de cárcel son suspendidas o conmutadas por una multa.
En un auto de 29 páginas, la Audiencia considera «inasumible» para la sociedad que «el titular de uno de los poderes del Estado en la fecha de los hechos durante la legislatura 2003-2007 cometa un delito de tráfico de influencias», lo que a juicio de la Sala constituye «un delito contra el Estado de Derecho por parte de quien ha sido presidente de la Comunidad Autónoma balear, a quien, precisamente por ostentar ese cargo, ha de exigírsele mayor imparcialidad, objetividad y probidad». En este sentido, el tribunal afirma que el delito cometido por Matas «es un atentado frontal al artículo 1 de la Constitución relativo al Estado social y democrático de Derecho, siendo el interés social y jurídico prevalente». En su resolución, la Sección Primera alude asimismo a causas en las que Matas continúa estando investigado, como los casos «Nóos», «Over» –ramificación de la «trama Gürtel» en Baleares– y «Ópera» –que investiga el contrato por el que el Govern encargó al arquitecto valenciano Santiago Calatrava un anteproyecto para ejecutar un teatro de la ópera en Palma–, todos ellos enmarcados en el «caso Palma Arena». También asevera cómo un jurado popular declaró culpable a Matas la pasada semana de exigir la contratación ficticia de su mujer y cobrar 42.000 euros de un hotelero mallorquín.
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