Mensajes cifrados para ocultar el «procés»

El CNI catalán instaló una aplicación en dispositivos del Govern y de altos cargos para proteger sus mensajes. La Fiscalía quiere que el Cesicat dé los códigos de once responsables de crear las estructuras de Estado.

La esposa de Puigdemont, Marcela Topor (izquierda), al finalizar el mitin de Junts per Catalunya ayer en Gerona, donde el ex president intervino por videoconferencia
La esposa de Puigdemont, Marcela Topor (izquierda), al finalizar el mitin de Junts per Catalunya ayer en Gerona, donde el ex president intervino por videoconferencia

El CNI catalán instaló una aplicación en dispositivos del Govern y de altos cargos para proteger sus mensajes. La Fiscalía quiere que el Cesicat dé los códigos de once responsables de crear las estructuras de Estado.

El Cesicat, el CNI catalán, había instalado una aplicación en los aparatos telemáticos (teléfonos, ordenadores, tabletas, etcétera) de los altos cargos de la Generalidad, incluidos algunos miembros del Govern, y de responsables de la administración de esta comunidad, con el fin de hacer ilegibles los e-mails y mensajería en general, salvo que se dispusiera de las claves para acceder a ellos. Era otra de las formas con las que pretendían ocultar los planes secesionistas que tenían en marcha, según han informado a LA RAZÓN fuentes de la investigación.

Este dato se ha conocido tras la presentación, por la Unidad de Policía Judicial de Cataluña de la Guardia Civil, de un nuevo informe ante el Juzgado 13 de Barcelona, en el que entre otras cosas solicita que se facilite, a efectos de continuar las pesquisas, el certificado digital y el pin del correo de Josep María Jové Lladó (jmjovellado@gencat.cat.).

Los mensajes que emitía Jové, personaje central en el plan separatista y en la creación de las nuevas Estructuras de Estado (EdE), salían cifrados del aparato en el que los había escrito. El receptor, para poder leerlos, tenía que saber las claves del «certificado digital», conocido popularmente como «llave». La aplicación, según las citadas fuentes fue adquirida en el extranjero, en un país que cuenta con gran experiencia en estos asuntos.

Jové, según la Guardia Civil, «era uno de los principales brazos ejecutores de este ideario (independentista), en el sentido de que bajo su responsabilidad se encontraban la logística para poder proveer los elementos fundamentales del referéndum, locales para guardar el material electoral, gestión de colegios electorales, contactos con los ayuntamientos, etcétera. Además, jerárquicamente, se situaba dentro del Departamento de Economía, que se había hecho responsable de los procesos electorales como máximo responsable en su calidad de secretario general».

La agenda de Jové, de la que se incautó la Benemérita, revela la composición del núcleo duro del proceso soberanista a los que cita nombre por nombre, tal y como ha publicado este periódico. A la vista de toda la información que acumulaba, la Guardia Civil solicitaba el mandamiento necesario para obtener el certificado digital y poder accede, además del de Jové, a una serie de correos. «Con ocasión de la entrada y registro en la sede del Centro de Telecomunicaciones y Tecnología de la Información (CTTI), se volcaron una serie de buzones de correo electrónico, si bien, una vez analizados los mismos, se ha podido comprobar que algunos correos son ilegibles ya que se encuentran cifrados mediante certificados digitales emitidos por el Cesicat», dice el escrito.

Precisamente, el iPhone 6S, con las inscripciones TCC ID: BCG-E2946A IC:579C-E2946A, perteneciente a Jové, que fue incautado en su domicilio por la Guardia Civil, tenía un sistema de encriptación que hacía imposible que los agentes accedieran a su contenido, para lo que contaban con autorización. Al estar dicho móvil bloqueado por el código de usuario, la Guardia Civil solicitó del juzgado que dos peritos del laboratorio del Grupo de Informática Forenses trasladaran el teléfono a la sede que la empresa Cellebrite (la misma que desbloqueó el iPhone de Diana Quer) tiene en Múnich (Alemania) con objeto de «proceder al desbloqueo del mismo con tecnología propia de dicha compañía».Tras realizar las gestiones previas, los agentes se trasladaron la ciudad alemana a para entregar el móvil al servicio técnico de la citada compañía que comunicó «la imposibilidad de acceder al desbloqueo del dispositivo en ese momento». Sin embargo, anunciaron que ya estaba en desarrollo una nueva tecnología. El 28 de octubre, Cellebrite se puso en contacto con la Guardia Civil para comunicarle que el sistema ya estaba disponible y que no era necesario el traslado del teléfono a Múnich, sino que esa técnica la podía desarrolla el laboratorio del Grupo de Informática Forense de la Benemérita).

Además de a Jové, la petición de la Guardia Civil para obtener el certificado digital se refería a los de Xavi Puig Farre; Toni Vargas Castillo; José María Sevilla Reig; Josep María Jové Lladó; David Palanques Bonavía; Mercedes Martínez Martas; Josep Ginesta Vicente; Josep Luis Salvado Tenes; David Franco Sánchez; Joan Angulo Arrese; y Josué Salient Ribes.

La Guardia Civil solicitaba qure se aportara copia de los duplicados de los certificados digitales personales, pertenecientes a las cuentas de correo electrónico de las personas antes citadas.

Asimismo, que se informara del código pin correspondiente para cada uno de los certificados pertenecientes a las cuentas de correo electrónico , con la finalidad de poder instalarlos y dar lectura a los correos electrónicos cifrados.

De los antes citados, cabe destacar, según las citadas fuentes, a Josué Sallent Ribes (Josue.Sallent@gentcat.cat) que ocupaba el cargo de director de Estrategia e Innovación en el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat (CTTI). Con anterioridad, había sido director del Centro de Seguridad de la Información de Cataluña (Cesicat), cargo que desempeñó entre septiembre de 2010 y marzo de 2011.

Según diversas informaciones, era uno de los encargados de los proyectos para crear «estructuras de Estado» (EDE) en el CTTI. Fue sometido, con autorización judicial, a intervenciones telefónicas, de las que la Guardia Civil obtuvo datos relevantes sobre los sistema de encuestas y bases de datos de catalanes en el extranjero; y la realización de un programa informático que sirvió como base de registro de votantes para la consulta independentista del día 9 de noviembre de 2014, hechos por los que varios empleados y directivos tuvieron que declarar como testigos en sede judicial.

El pasado 12 de julio recibió una llamada de José María Jové que, en opinión de la Guardia Civil, resulta sospechosa ya que hablan «de manera extremadamente comedida» y sin expresar claramente lo que están diciendo. De hecho, el propio Jové le dice «muy rápido, así en clave...».

Otra de las personas de gran interés para la investigación es Xavier Puig Farré, responsable del Área TiC de la Consejería de Exteriores, que se encargó dar seguridad a un sistema de encuestas de catalanes en el exterior.

En otro informe de la citada unidad de la Guardia Civil, también dirigido al Juzgado 13, se subrayaba que era precisa «la localización, intervención y puesta a disposición judicial, de cuanta documentación en soporte físico esté ubicada en las dependencias del Cesicat tanto de su titularidad privada como profesional, como titularidad de cualquier persona física o jurídica y que pudiera estar relacionada con la actividad presuntamente delictiva objeto de esta investigación y diligencias, y que pueda conducir al esclarecimiento de los hechos y descubrimiento de todos los autores, colaboradores, participantes o encubridores en todas las actuaciones encaminadas al desarrollo de las estructuras de Estado e independencia de Cataluña y demás hechos objeto de la presente investigación, así como documentación ubicada en cualquier otro habitáculo, mueble o archivo utilizado por miembros del Cesicat».

Por todo ello, solicitaba del juez que se realizaran «las actuaciones de visualización, acceso, adquisición y análisis de la información almacenada en los dispositivos informáticos, telefónicos y electrónicos» y que pudieran tener «relación directa» con los hechos objeto de investigación en la presente causa.