Método 3 espió a los payeses por encargo del tripartito

El fraude en las subvenciones concedidas por la Generalitat bajo el mandato de José Montilla fue también objeto de investigación por la agencia de detectives Método 3. Eso sí, el informe, bajo el nombre «Consultaría y asistencia técnica para la realización de un estudio de la realidad socioeconómica», fechado el 7 de agosto de 2007 y que le costó la nada despreciable cifra de 30.000 euros al departamento de Agricultura, Alimentación y Acción Rural, que entonces dirigía Joaquím Llema, también realiza un estudio de sociedades, identificación y patrimonio de 16 agricultores de Cataluña, entre ellos, Joan Caball, coordinador nacional del sindicato agrario Unió de Pagesos. Así se desprende del informe, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, cuya documentación incluía datos de las sociedades, activos, balances, cargos directivos, así como la relación con otras sociedades de la cúpula del sindicato agrario mayoritario de Cataluña. Entre los investigados, además de Caball, se encontraban colaboradores suyo como Alberto Falip Gasull, Joan Josep Vergé o Josep Alzina i Rovira, entre otros.

Un informe, que en su primera parte, realiza un exhaustivo análisis de las ayudas agroambientales que concedió la Generalitat en 2006 para concluir, entre otras cuestiones, que sólo el 17% de las empresas que recibieron subvenciones por la avellana debieron percibirlas. Por el contrario, el restante 83% no debía haberlas recibido. El extenso informe sostiene que sólo 4 de las 24 sociedades cumplían los requisitos para recibir dichas ayudas, o lo que es lo mismo, se repartieron de forma irregular más de tres millones de euros de las ayudas destinadas al cultivo de la avellana. «Con este informe se pretende determinar si los receptores de subvenciones son payeses profesionales y, por ende, dedican el 50% de su tiempo al trabajo agrario», explica el informe, que asegura que uno de los motivos de fraude es que las ayudas no favorecen al pequeño agricultor, sino que «cinco de los mayores perceptores de subvenciones son sociedades». Pero si llamativa es la concesión a grandes sociedades, aún lo es más que muchas de ellas ni siquiera tengan el cultivo del fruto seco como principal actividad mercantil.

Así, por ejemplo, la empresa Lluís Quer SL «se dedica a la transformación maderera y del corcho» y recibió 54.402,80 euros de la Generalitat por la transformación de productos forestales; la sociedad Reig D'Estanyol es «una mera patrimonial dedicada a la tenencia de propiedades» de la familia Gifre Dalmau; Can Feliú CB pertenece a la familia Feliu Bassols, «una familia de industriales con multitud de sociedades y que no se dedican a la avellana», dice el informe. Y así hasta una veintena de sociedades que según el estudio recibieron dinero público de forma irregular, como es el caso de otras tres empresas –Regadíos y Cultivos, Finca Agrícola Mas Vidal y Agrícola Alcover– que tenían en vigor deudas con Hacienda, hecho que ya impide cualquier posibilidad de recibir alguna subvención. Y la lista la completan, entre otras, constructoras, inmobiliarias, hostelerías y empresas dedicadas a la restauración y hasta una sociedad de ingeniería.

Pero no todo iban a ser irregularidades. El informe detalla cuatro empresas que sí cumplen con los requisitos. La primera de ellas, Montcover SA, una granja de cría de ganado que compagina con el cultivo de frutas y frutos secos; Cirepolls, una productora agrícola con sede en Girona, y Albada Serveis Agraris SL, una mercantil dedicada a la explotación agrícola, aunque también se dedica a la elaboración y fabricación de aceites. Por último, Granges Duch SL, una mercantil dedicada por completo a la avicultura.

La Generalitat, además, incumplió gran parte de las recomendaciones que desde la UE, como principal entidad financiera de las ayudas –el Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agraria sufraga el 50%, el Ministerio de Agricultura contribuye con un 25% y el restante 25% lo aporta la Generalitat–, entre ellas «realizar controles sobre el terreno» y «seguir la línea de investigación que establece que únicamente se debe pagar a quien se dedique, al menos en un 50%, a la agricultura». Por todo ello, concluye el informe de Método 3, «si se hubiera solicitado el Impuesto de Actividades Económicas (IAE), se podría haber ahorrado casi el 50% de las ayudas, pudiendo la Generalitat facilitar estas ayudas a un mayor número de agricultores o, en su caso, abonar mayores ayudas a los verdaderos necesitados de las mismas».