Moncloa advierte al Supremo de que debe aplicar la amnistía: "El objeto y el objetivo son claros"

La decisión del Tribunal Supremo de no amnistiar la malversación del "procés" ni levantar las órdenes de detención que pesan contra Carles Puigdemont ha supuesto un varapalo para el Gobierno. Pedro Sánchez apostó por impulsar el perdón a los independentistas, traicionando su propio discurso, cuando los siete votos de Junts fueron imprescindibles para superar su investidura tras el 23 de julio. Después del desgaste que esta decisión ha generado para el Partido Socialista, el freno en los tribunales está siendo un golpe duro de digerir. No por previsible el impacto ha sido menor.

Desde el PSOE evitaron ayer reaccionar públicamente al fallo judicial y prefirieron limitarse a trasladar, vía fuentes del partido, que "discrepan" con los "argumentos de la decisión acordada" por el Alto Tribunal. Pese a asegurar que no querían entrar a valorar las "consideraciones políticas que ha hecho el Supremo", acabaron valorando inmediatamente como "sorprendentes e innecesarias para la labor jurisdiccional que tienen encomendada". "Es en el ámbito político y no judicial donde corresponde opinar sobre las leyes, los pactos entre diferentes fuerzas políticas y la tramitación parlamentaria de las normas", aseguran.

Desde Moncloa la reacción hoy ha sido más taimada, aunque deslizando la orientación que deben seguir los tribunales en su interpretación de la amnistía. La portavoz del Gobierno evitó entrar al choque institucional entre poderes, pero sugirió que la lectura que están haciendo los jueces no se atiene a la literalidad de la norma. "El texto de la ley es muy claro y la voluntad del legislador es tan clara como el texto de la propia ley", ha señalado en rueda de prensa. Pilar Alegría recordó que la amnistía tuvo el respaldo de la mayoría absoluta de la Cámara baja, algo "que no es menor", señaló. "Lo que tienen que hacer los jueces es aplicar la ley", exhortó.

Sin querer entrar en un choque de legitimidades, la portavoz reiteró durante todas sus intervenciones que "el objetivo y el objeto de la ley son muy claros", en alusión, a que no van en la dirección que se ha interpretado por el Alto Tribunal. Fuentes gubernamentales aclararon posteriormente que lo previsible es que estas discrepancias, entre tribunales que sí están amnistiando los delitos y los que no, se acabarán de dirimir en el Constitucional.

Menos contenida se mostró, por su parte, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, que tomó la palabra en el turno de preguntas, pese a que no había sido interpelada directamente para ello, para dar su opinión sobre el contexto judicial. La líder de Sumar se despachó a gusto, censurando las actuaciones de algunos jueces y del propio Consejo General del Poder Judicial que "emitió informes para los que no tenía competencias o incumplía su ley, pronunciándose sobre normas que no existían", en alusión a la amnistía.

Tras este comentario, Díaz también atacó el nombramiento por parte del PP del magistrado José Mario Macías para cubrir la vacante del Tribunal Constitucional (TC). En su opinión, "el PP se descalifica por sí mismo" para atacar la legitimidad del TC cuando hace estos nombramientos de "magistrados de relevancia". Esta dura andanada de la vicepresidenta sorprendió a la parte socialista del Gobierno que, posteriormente en privado, señaló que quien marca la posición oficial del Gobierno es Alegría como portavoz.