Moncloa apelará a la Ley de Memoria Histórica para blindar La Almudena

La exhumación de Francisco Franco se diseñó como la medida estrella del Gobierno de Pedro Sánchez. Una iniciativa que supusiera un hito para España, como otros ejecutivos socialistas precedentes lograron importantes avances en derechos y libertades. Sin embargo, lo que se anticipaba como un golpe de efecto capaz de marcar la impronta del nuevo Gobierno se ha convertido en un auténtico quebradero de cabeza para el Gabinete de Sánchez que, si bien tiene a la Iglesia de su parte para sacar los restos del dictador del Valle de los Caídos, no cuenta con el necesario acuerdo de la familia. Este rechazo ya se anticipaba y, por ello, el Gobierno se empleó a fondo para alumbrar una «fórmula legal» a prueba de recursos en los tribunales por parte de la saga Franco. Este primer escollo fue el que retrasó casi dos meses el real decreto ley de la exhumación sobre las previsiones del presidente, que contaba con aprobarlo antes de vacaciones. Fue, no obstante, tras el descanso estival cuando se dio el pistoletazo de salida a un procedimiento que a día de hoy continúa, pero que el Ejecutivo mantiene que desembocará «antes de que acabe el año» con los restos del dictador fuera del Valle de los Caídos.

Precisamente ahora la disyuntiva se circunscribe a este punto. Sobre dónde debe reposar la «momia» de Franco. La familia está decidida a trasladarla a la cripta que poseen en la catedral de La Almudena, un destino que no comparte el Ejecutivo. Esto ha creado incluso una situación controvertida a nivel diplomático, que ha llevado al Vaticano a matizar el optimismo de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, que tras su reunión con Pietro Parolin hablaba de «acuerdo» para que «obviamente» no se inhume al dictador en un enclave tan simbólico de la capital. Moncloa, que hasta hace días lamentaba no tener «margen» para impedirlo, asegura ahora contar con «mecanismos legales» para ello, a pesar del rechazo de la familia. Éstos pasarían por invocar la Ley de Memoria Histórica –en su artículo 15– y el propio preámbulo del real decreto ley que impulsaba la exhumación en lo referente a evitar la «exaltación». Así lo señalan fuentes del Ejecutivo que se aferran a que «las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura».

No obstante, el Ejecutivo tiene por delante otros trámites antes de entrar a despejar dónde descansarán los restos de Franco. «Próximamente», en el Consejo de Ministros de esta semana o la siguiente, el Gobierno aprobará la respuesta del Ministerio de Justicia a las alegaciones de los familiares. Desde este momento operará un «plazo improrrogable» de diez días para que estos vuelvan a alegar lo que consideren oportuno. Tras este trámite ya sí el Consejo de Ministro resolverá si procede la exhumación y el traslado de los restos «con indicación, en su caso del destino que vaya a darse». Un destino sobre el que sigue sin haber acuerdo y el Gobierno tiene la última palabra.