Moncloa condiciona la amnistía a tener antes los Presupuestos

Hasta el último momento el PSOE ha seguido insistiendo en la labor de pedagogía con sus socios para que entiendan el rechazo a las enmiendas que no fueron incorporadas en el debate en ponencia sobre la ley de amnistía, y que llegan vivas a la comisión de Justicia, donde se debatirán esta mañana.

El terrorismo, por «Tsunami Democràtic» y los CDR, es el principal punto de confrontación, y los socialistas no han dejado de insistirles a sus socios que la ley ya llega al límite en esta materia, puesto que incluye hasta a los que están afectados por terrorismo, siempre que no haya sentencia firme. La tarea de persuasión de los socialistas sobre sus costaleros independentistas también incorpora el aviso de que no deben perder de vista que el Gobierno y ellos se quedarán sin control sobre la ley una vez que sea aprobada definitivamente por el Congreso y su aplicación quede en manos de los jueces.

A Carles Puigdemont le preocupa la amnistía, pero a Moncloa lo que le preocupan son los Presupuestos Generales del Estado (PGE), y aunque se cuiden de no ligar una cosa a la otra, la amnistía sí va unida a los Presupuestos de este año: el Gobierno de Sánchez quiere que tengan el visto bueno definitivo del Congreso antes de que termine el proceso de tramitación de la medida de gracia para aplacar la tendencia revolucionaria de quien hoy sigue siendo un prófugo de la Justicia española.

Unos Presupuestos, como se escucha decir en el grupo socialista, «bien valen una amnistía», y en Moncloa se fían tan poco del partido de Carles Puigdemont como los de Junts de los socialistas.

El equipo de Sánchez ha aprendido varias lecciones de la negociación de los tres primeros decretos leyes de la legislatura, y atar el apoyo de Junts a los PGE es un objetivo que ven tan complicado, después de la mala experiencia, que prefieren tener una bala en la recámara, en este caso, la amnistía de la que depende el futuro de Puigdemont y de tantas otras personas vinculadas a Junts y a ERC. Estos últimos, los independentistas de Pere Aragonès, no les preocupan ya que con ellos tienen como moneda de cambio los Presupuestos de la Generalitat, mientras que a Puigdemont la estabilidad de la Generalitat no es que le dé igual, sino que cuanto peor, mejor.

Las cuentas públicas de este año no pueden salir adelante sin el apoyo de Junts, y la cuestión social no funcionará como elemento persuasivo si no va acompañado de contrapartidas al independentismo que Puigdemont pueda colgarse directamente en su solapa. Por eso en el equipo del presidente Sánchez ven la ley de amnistía como el único instrumento seguro para mantener atado, con sus importantes matices, a Puigdemont.

Esta gestión de los tiempos parlamentarios valida que aquella afirmación del PSOE de que el acuerdo de investidura de Pedro Sánchez era un pacto de legislatura no se correspondía con la realidad, y que cada iniciativa les exigirá una cesión, sobre todo una vez que se les acabe la «carta» de la concesión de la impunidad a todos los que participaron en la organización de la declaración unilateral de independencia.

La elaboración de los PGE va retrasada sobre los plazos previstos inicialmente, y es muy posible que Hacienda no tenga listo el proyecto antes de finales de febrero. En cuanto a la amnistía, los trámites podrían terminar a finales de abril o principios de mayo.

Esta mañana se conocerá la posición definitiva de los socialistas en el debate de enmiendas en la citada comisión de Justicia, sin que sobre ellos haga mella el informe de los letrados que advertía incluso que la norma puede chocar con el derecho europeo al excluir las causas de terrorismo cuando no haya sentencia firme. Este redactado fue presentado por el PSOE, por presión de sus socios, y no ha sido modificado.

En la tramitación de la ley de amnistía los socialistas sí se han opuesto a las modificaciones dirigidas a que se anulen las resoluciones judiciales condenatorias o a que se incluya algún tipo de reparación en el caso de los líderes de organizaciones civiles.

Por otra parte, más allá del debate de hoy en el Congreso, los socialistas tendrán que seguir engrasando su relación con Junts, mucho más conflictiva que con ERC. A los republicanos creen que los tienen «domesticados» por su debilidad en la Generalitat y también porque hay una conexión ideológica mucho mayor que con Junts, lo que les pone más difícil desmarcarse de las medidas que presenta la coalición. Prueba de ello es que con ERC no tendrían problema, o eso creen, en continuar con la estrategia de los decretos ley, que ya se impuso como norma en la pasada legislatura. Mientras que Junts ya ha forzado que todo vaya vía proyecto de ley, y que antes se negocie con Puigdemont.