Moncloa eleva la presión al Supremo

Moncloa maniobra para marcar el paso a la Fiscalía y que suavice la acusación a los líderes del «procés» para poder sumar el apoyo de ERC y PDeCAT a los presupuestos.

La tramitación y posterior aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) transitan por una senda paralela a la causa del «procés» que instruye el Tribunal Supremo. El Gobierno necesita irremediablemente los votos de los partidos soberanistas para sacar sus cuentas progresistas adelante y estas formaciones no están dispuestas a cederlos gratuitamente. Desde los sectores independentistas en el Congreso se lleva semanas demandando «gestos» a Moncloa a cambio de avalar las cuentas. La gestualidad que se le presupone al Ejecutivo se encuadra dentro de su ámbito de influencia en el Poder Judicial, un área que los socialistas han intentado mantener a salvo de cualquier presión partidista. Al menos hasta ahora.

Ante la inminencia de que las partes personadas en la causa del «procés», entre ellas la Fiscalía y la Abogacía del Estado, presenten los escritos de acusación con las penas que piden para los acusados –tienen de plazo hasta el día 2 de noviembre–, el Gobierno comienza a realizar movimientos que marcan el paso de lo que esperan sea el resultado final del proceso: que se descarte el delito de rebelión para los políticos presos. Presumiblemente la Fiscalía y Vox acusarán por rebelión y la Abogacía del Estado, dependiente del Ministerio de Justicia, apunta a que lo hará por sedición –el tipo atenuado de la rebelión– junto a malversación.

En este sentido se ha iniciado una maniobra estratégica de presión que pasa por recuperar una demanda que el PSOE ya defendió en la oposición, pero que había desechado al llegar a La Moncloa: la reforma del delito de rebelión en el Código Penal. En mayo, cuando Sánchez todavía era líder de la oposición y en plena pugna con Ciudadanos por marcar la agenda política en Cataluña, el entonces secretario general socialista sorprendió anunciando que había que «adecuar» el tipo penal de la rebelión al siglo XXI. Esta adecuación no pasaba precisamente por hacer un favor a los soberanistas, sino por que la rebelión recogiera los supuestos de «responsables políticos que utilizan su posición para subvertir el orden constitucional». De sus palabras trascendió, lo que opina en privado, que este tipo delictivo no es aplicable a los soberanistas en prisión. Sin embargo, lo que entonces evitó explicitar para evitar cargar de argumentos a los secesionistas, ahora lo hace sin pudor desde la tribuna del Congreso de los Diputados para alborozo de sus socios independentistas. Sánchez recordó el miércoles que en 1994 Federico Trillo propuso que la rebelión, «se tiene que dar por militares o por civiles armados a la orden de militares».

En la misma línea se expresó ayer la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, que –en una entrevista con Carlos Alsina en Onda Cero– abogó por que se «adecúen» las normas a las «situaciones» en las que «en este momento nos movemos». La propuesta de una reforma del Código Penal en este sentido que ahora rescata el Gobierno quedó relegada con la llegada del PSOE a La Moncloa. En concreto, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, enfrió las expectativas señalando que se requiere un «consenso suficiente» de la mayoría absoluta de la Cámara, no en vano es una ley orgánica. También la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, aseguró en el mes de julio que «no procede, ni está determinado ni decidido» que esa reforma se fuera a llevar a cabo.

A pesar de la rectificación, los matices y que la reforma no se impulsará en lo que resta de legislatura –según avanzó Adriana Lastra–, el gesto del Gobierno ha causado satisfacción en los partidos soberanistas que reconocen la buena disposición del Gobierno. El portavoz del PDeCAT en el Congreso, Carles Campuzano, dio «la bienvenida» a esta reflexión que recoge «lo que hace tiempo que nosotros estamos diciendo, que no hay delito de rebelión». Menos complaciente se mostró el portavoz de ERC, Joan Tardá, que sigue defendiendo que «no hay causa». «Sólo cabe en nuestra mentalidad que se retiren las acusaciones, que esas personas estén en la calle y que sean absueltas», zanjó.

Esta presión a la Fiscalía, a través de las declaraciones y de la mano de la Abogacía del Estado, supone un paso más en la estrategia del Ejecutivo para granjearse el apoyo soberanista a los presupuestos. A priori, el Gobierno solo necesita los votos de ERC, porque le basta con cosechar más síes que los noes de PP y Ciudadanos (169). El tono con los republicanos es más fluido que con el PDeCAT, por lo que cunde el optimismo en Moncloa por conseguir sus votos.