Moncloa se da 40 días para formalizar la exhumación

Sugiere una vía alternativa a las enmiendas en el Congreso para vetar la Almudena.

El Gobierno sigue avanzando en el trámite administrativo para exhumar a Francisco Franco aunque con un horizonte incierto sobre el destino final que dará a los restos del dictador. La determinación del Ejecutivo de trasladarlos del Valle de los Caídos es inquebrantable, pero se ve dificultada por las trabas que está poniendo la familia, a la que desde Moncloa acusan de «obstruir» el proceso. Este proceso, en todo caso, ha estado marcado por la improvisación y la necesidad de «buscar salidas a los obstáculos que nos vamos encontrando», en palabras de la propia vicepresidenta. El nuevo giro de guión viene dado ahora por la intención del Gobierno de «habilitar los recursos y el procedimiento que estime oportuno» con el fin de evitar que los restos del dictador reposen en la Almudena, como defiende la saga Franco. En Moncloa no concretan cuáles serían esos recursos, que se anticipan el enésimo as en la manga para vetar la Almudena, tras el fiasco de todo lo explorado hasta ahora. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, aseveró que «el Gobierno de España no va a permitir que un dictador siga ocupando un lugar público que se preste al enaltecimiento». Y lo evitará «con ley en la mano y con todas las declaraciones del Parlamento Europeo y con la legislación española».

En un primer momento fuentes gubernamentales lamentaban que no existía «margen» para rebatir la decisión personal de la familia de trasladar al dictador al espacio privado que la familia posee en la parroquia aneja a la catedral de la Almudena. A los dos días, Moncloa «descubre» la Ley de Memoria Histórica y el artículo 15 que impide la exaltación del franquismo. Tras enarbolar con vehemencia esta norma, se advierten las lagunas que posee y se da un paso más, se anuncian enmiendas al proyecto de ley de la misma que se encuentra en tramitación en el Congreso de los Diputados para introducir en el texto la prohibición, bajo amenaza de cierre, de aquellos centros de culto en los que se den episodios de enaltecimiento o exaltación del franquismo. Sin embargo, fiar el futuro de la inhumación fuera de la Almudena al normal funcionamiento de la Cámara Baja es una trampa para el Gobierno, ya que PP y Ciudadanos controlan la Mesa del Congreso y pueden dilatar el proceso de tramitación. Es por esta razón que desde Moncloa ya se asumía que ni atendiendo a los cálculos más optimistas conseguiría sacar a Franco antes de que acabara el año, tal como se habían comprometido. Este sentimiento lo explicitó el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el miércoles en una comparecencia en Moncloa. Sin embargo, Celaá se mostró ayer más ambiciosa al señalar que «el año 2019 arrancará sin contar España con un dictador que pueda ser enaltecido». Esto hace prever que los «recursos» a los que hacía alusión la portavoz del Gobierno en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros irían encaminados a acelerar el proceso, salvando el bloqueo del Congreso, lo que podría traducirse en una reforma de la Ley de Memoria Histórica vía real decreto.

Proceso «garantista»

En paralelo a los trámites para la inhumación transcurren los de la exhumación, una correlación entre ambos hechos que en Moncloa buscarán que sea «coherente», esto es, que aunque no estén «subordinadas» ambas actuaciones, no se promoverá el traslado de los restos hasta que no se tenga cerrado el destino en el que reposarán. En esta línea, una vez concluido el proceso de alegaciones, se ha encargado a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, que remita al Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial el proyecto necesario para llevar a cabo la exhumación, cuya redacción ha de encargarse a los servicios técnicos de Patrimonio Nacional. Asimismo, la titular de Justicia solicitará a la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, organismo competente en materia de sanidad mortuoria, un informe no vinculante sobre el proceso de exhumación, que deberá ser emitido en el plazo máximo de un mes. Después se abrirá un plazo de 10 días hábiles para que las partes afectadas presenten alegaciones, tras el que se concluirá finalmente un procedimiento que en Moncloa califican de sumamente «garantista». Tras estos 40 días hábiles, otro Consejo de Ministros será el encargado de «resolver si procede la exhumación y el traslado, con indicación, en su caso, del destino que vaya a darse a los restos mortales afectados». Esta decisión tendrá un plazo de un año para llevarse a cabo. Con el calendario en la mano, sí se darían las circunstancias para exhumar a Franco en 2018, siempre que se opte por una fórmula alternativa de reforma de la Ley de Memoria Histórica.