El fiscal general del Estado se ha convertido en una pieza más del juego político. La exhibición del vínculo que ata a la Fiscalía al Gobierno, quien promueve su nombramiento, va mucho más allá de la frase lapidaria que Pedro Sánchez pronunció en la campaña electoral de 2019 –«¿De quién depende la Fiscalía? Pues eso...»–, también se visibilizó con el salto directo de Dolores Delgado desde la cartera de Justicia o con el alineamiento casi total de las tesis del Ministerio Público con el Ejecutivo en las causas judiciales que les afectan. De ahí que la investigación judicial a Álvaro García Ortiz por su supuesta implicación en la filtración de los datos fiscales de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, se haya asumido como una causa propia y al propio fiscal general como un soldado más de las filas socialistas al que hay que proteger.

En Moncloa consideran que el PP ha puesto en la diana a García Ortiz, como pieza de caza mayor, para debilitar al Gobiernoy están dispuestos a llevar su defensa hasta el final, incluso, si acaba sentado en el banquillo. La decisión sobre el procesamiento del fiscal general se producirá de manera inminente, una vez se produzcan las últimas testificales previstas para esta semana.

Al borde del banquillo

Fuentes gubernamentales consultadas por este diario asumen la misma tesis y creen que García Ortiz está al borde del banquillo por un delito de revelación de secretos. Sin embargo, pese al profundo descrédito que esto supone y la crisis reputacional en la que se encuentra inmersa la Fiscalía, un pilar del Estado de Derecho, en Moncloa no están dispuestos a forzar ningún movimiento de desestabilización. Hay que recordar que el Gobierno no puede cesar al fiscal general, pero sí puede retirarle su confianza a fin de que sea él mismo quien dimita.

Nada más lejos de la realidad. «No vamos a darles su cabeza», aseguran, en unos términos muy elocuentes las fuentes gubernamentales consultadas. En el Ejecutivo consideran que este es un caso «fabricado» en el que «no hay ni una sola prueba concluyente contra él», más allá de meros indicios en los que le sitúan con un papel «preeminente» en la filtración, y que esto crearía un «peligroso precedente» para el futuro. «¿Y si luego se libra de ir al banquillo? ¿Y si sale absuelto?», se preguntan las mismas fuentes, que consideran que se lanzaría el mensaje de que se puede acabar con la carrera de una persona, forzándola a dimitir, con «acusaciones infundadas». «Eso sí sería un chantaje», resuelven, en alusión al caso de los mensajes filtrados entre el presidente del Gobierno y el exministro de Transportes José Luis Ábalos.

En este contexto, en Moncloa aseguran que «mantendrán su apoyo hasta el final, incluso si se sienta en el banquillo». Lo cierto es que durante toda la instrucción el aval a García Ortiz no se ha tambaleado en ningún momento. Incluso cabría reseñar que desde el Gobierno se le ha empujado a seguir en el cargo, cuando el propio fiscal general habría estado tentado de apartarse para defenderse.

En el Ejecutivo también lo ubican ya como una pieza más de la lucha política y de la «cacería» que entienden que se ha desatado contra el Gobierno, por lo que no están dispuestos a mostrar ni un ápice de debilidad o hacer un movimiento que pueda ser interpretado como inculpatorio. Bien es cierto que en el Ejecutivo siempre se sostuvo que esta cuestión quedaría «en nada» y que «la verdad y la justicia acabaría imponiéndose», pero han ido asistiendo al avance de la instrucción y a resultados de la investigación que colocaban al fiscal general, cada vez, en una posición más delicada.

El propio Sánchez le defendió vehemente desde una rueda de prensa en Bruselas, en la que exigió una disculpa pública a todos aquellos que habían pedido su dimisión cuando la Guardia Civil encontró «cero mensajes» que le implicaran en sus terminales móviles. Después se supo que esos «cero mensajes» se debían a un exhaustivo borrado. Entonces sí, algunas fuentes mostraron su incomprensión por la estrategia que estaba siguiendo García Ortiz, generando suspicacias sobre su falta de colaboración con la justicia pese a representar la cúspide del Ministerio Fiscal, pero nunca llegó a cuestionarse abiertamente su continuidad. Sánchez sabe que si le deja caer, mostrará debilidad.