El PP muestra su poder autonómico en el Senado frente a las cesiones de Sánchez al separatismo

El PP ha hecho este jueves una demostración de fuerza en el Senado: ha usado su mayoría absoluta en la Cámara Alta para activar la Comisión General de Comunidades Autónomas y mostrar todo su poder autonómico, ya que han desfilado todos sus barones por allí (los populares gobiernan en 13 de las 19 autonomías). El objetivo de la Comisión era rechazar las cesiones que está negociando el PSOE con los independentistas (con la amnistía como principal elemento). Los populares han querido evidenciar que esas cesiones suponen un agravio para el resto de territorios: es decir, van en detrimento de la igualdad de todos los españoles.

El PP ha desplegado todo su poder autonómico frente al president de la Generalitat, que sí ha asistido, a diferencia del PSOE, ya que no ha acudido ningún miembro del Gobierno ni ningún barón socialista. Ante este escenario, los populares acusan a los socialistas de haber «permitido que Pere Aragonés actúe como portavoz del Gobierno de coalición y de los planteamientos que marcan la negociación de la investidura de Pedro Sánchez». Fuentes del PP sostienen que el Gobierno tiene que plantarse ante las palabras de Aragonès porque define a España como «un estado opresor». Las mismas fuentes critican que Sánchez haya permitido «que un dirigente de ERC sea quien verbalice en su nombre los puntos que están marcando las cesiones de los socialistas al independentismo». Recuerdan que Aragonés ha fijado la amnistía y el referéndum para la independencia de Cataluña como imprescindibles para apoyar al candidato del PSOE. «Sánchez ya ha defendido la amnistía y no faltará mucho para que lo haga con el referéndum», advirtien. «Lo que pide ERC solo tiene interés porque el PSOE está dispuesto a dárselo». El PP indica que «una negativa al independentismo restaría valor a las inaceptables reivindicaciones de los partidos que propugnan la independencia de Cataluña». «Por lo tanto, este país no tiene un problema con lo que ERC y Junts piden, sino con lo que Sánchez concede». Destacan que «ni España, ni sus instituciones» han de pedir «disculpas» a los independentistas por lo sucedido hace seis años. Tampoco por aplicar el 155 con el apoyo de Sánchez. «La amnistía no es otra cosa que el reconocimiento de culpa de nuestro país en lo ocurrido en aquellos días».

La ausencia de los presidentes autonómicos del PSOE y del Gobierno en funciones socialista de España fue considerada por todo el PP como «una ofensa al sistema parlamentario español».

Alberto Núñez Feijóo había dejado claro en varias de sus intervenciones que recurrirá a «todos los medios que tengan a su alcance» para denunciar las «prebendas» que haga Sánchez con los independentistas y a un prófugo de la justicia. También lo harán los barones populares. Al menos cinco de ellos, el de Aragón, Andalucía, Castilla y León, Murcia y Valencia, aprovecharon ayer la tribuna de la Cámara Alta para anunciar que irán al TC, además de Madrid, si se aprueba la amnistía y rompe con el principio de igualdad al condonar la deuda de los catalanes.

El presidente de Andalucía, Juanma Moreno ha advertido de que «la amnistía, se le ponga el nombre que se le ponga es un retroceso en la credibilidad de las instituciones democráticas». «No es generosidad sino interés personal».

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado contra Pedro Sánchez que, dijo, «no da la cara» mientras pretende hacer un «mercadillo» con las instituciones y subastar España «a cambio de unos meses más de poltrona» y, ha preguntado: «¿Cuánto dura una nación que se deja traicionar, que niega sus leyes, sus instituciones y a los que se jugaron la vida por ellas?».

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha criticado que haya «tanta mansedumbre con algunas cosas y tanta mano dura con otras», recodando así que el Gobierno acaba de recurrir la ley del litoral gallega ante el TC mientras negocia una amnistía «inconstitucional». El presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, ha avisado de que la amnistía tendrá un coste desconocido y cargó contra Aragonès por querer apropiarse de una parte del territorio valenciano: «Si ha venido aquí a decir que Guardamar del Segura es Cataluña no solo es una ensoñación, un dislate y un insulto».

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, indicó que «España somos todos y el futuro tenemos que decidirlo y construirlo entre todo». «Si el gobierno está dispuesto a la quita de la deuda, tendrá que beneficiar a todos por igual». El presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán aseguró que «el fin no justifica los medios salvo que sea utilizado para una política maquiavélica». La presidenta de Baleares Marga Prohens reconoció que su autonomía «comparte» muchas cosas con Cataluña y quieren relacionarse de «tú a tú, sin tutelas», pero se mostró en contra de la amnistía que supone ir contra la separación de poderes.

El presidente de la Región de Murcia Fernando López Miras, evidenció los «cambios de opinión» de Sánchez cuando la amnistía era inconstitucional y «siete votos después es constitucional». El presidente de Aragón Jorge Azcón replicó a Pere Aragonès que, si «le importará Cataluña, le importaría España» y tildó de «ilegal, inmoral» lo que se está negociando. «La amnistía es una transacción infame». La presidenta extremeña, María Guardiola reprochó al líder del PSOE que ceda y sea tan permisivo con los que «nunca han querido lo mejor para España» y el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, avisó de que si solo se produce una condonación de la deuda con Cataluña para lograr los apoyos de los independentistas, la Junta de Castilla y León acudirá a la vía judicial.