Ningún fondo ni impuesto para fines del «procés»

La aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña terminará de estrechar el cerco sobre las finanzas de la Generalitat, de tal forma que le sea imposible seguir financiando el desafío independentista.

La aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña terminará de estrechar el cerco sobre las finanzas de la Generalitat, de tal forma que le sea imposible seguir financiando el desafío independentista. Aunque el Ministerio de Hacienda ya gestiona desde el pasado mes de septiembre los gastos de los servicios públicos básicos, la realidad es que el Ejecutivo de Carles Puigdemont se las ha ingeniado para esquivar en parte el control del Gobierno y mantener los gastos de su aventura secesionista, como sucedió con el referéndum ilegal del pasado 1 de octubre.

Por eso, el Consejo de Ministros aprobó ayer fiscalizar también la recaudación tributaria que gestionaba directamente la Generalitat a cuenta de los impuestos cedidos por el Estado, así como los tributos propios. En concreto, el Gobierno afirmó que tomará las medidas necesarias para «garantizar que los ingresos que corresponde recaudar o recibir por cualquier título a la comunidad autónoma, a sus organismos entes y entidades vinculadas o dependientes de la misma y a su sector público empresarial, no se destinen a actividades o fines vinculados o relacionados con el proceso secesionista».

Los grandes impuestos (IVA, IRPF, Sociedades y Especiales) son recaudados por el Estado, con independencia de que parte de ese dinero sea transferido luego a las comunidades. Sin embargo, el cobro de algunos tributos corresponde a Cataluña, fondos que el Gobierno quiere controlar para evitar nuevos desvíos que permitan seguir financiando la causa independentista.

En el capítulo de impuestos cedidos están Sucesiones y Donaciones, Patrimonio, Transmisiones Patrimoniales, Actos Jurídicos Documentados y las tasas sobre el juego. Según la oficina estadística de la Generalitat, Cataluña recaudó el año pasado 2.769 millones de euros por estos tributos. Además, ingresó otros 57 millones en concepto de impuestos propios: grandes establecimientos comerciales, a las viviendas vacías, a los establecimientos turísticos y otros gravámenes medioambientales. En total, 2.826 millones ingresados directamente en la caja de la Generalitat, que ahora serán controlados también por el Ministerio de Hacienda.

Hasta ahora, el Gobierno se limitaba a exigir que todos los pagos de la Generalitat fuesen acompañados de un certificado de la Intervención General, corroborando que no financiaban actividades relacionadas con el desafío independentista. Además, el Gobierno recuerda que se mantendrá el control sobre los fondos que le corresponden a Cataluña a cuenta de la financiación autonómica, unos 1.400 millones de euros cada mes.