Una jornada más asistimos a la involución de nuestro Estado de Derecho, auspiciada por un Gobierno acorralado por una posición extraordinariamente débil que, en cualquier momento puede provocar que se quede colgado de la brocha. En esta ocasión, nos encontramos con un abracadabrante traspaso de competencias, consecuencia de la manifiesta inconstitucionalidad de la medida ya anunciada en su día. Así pues, cuando se cruzan los límites del Estado de Derecho, las soluciones jurídicas dadas no pueden sino ser esperpénticas. Este es el caso de la coordinación y cooperación policial entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los Mossos D´Esquadra a los que, en ejecución del infame compromiso adquirido para lograr la investidura, el Ejecutivo pretende reconocer funciones de seguridad en los puntos de acceso de extranjeros, tales como puertos y aeropuertos.

Aunque se impone un auxilio entre la policía autonómica de Cataluña y el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, no se delimita el grado de intervención, sino que se deja a la libre improvisación, lo que a la postre resultará ineficaz y una evidente duplicidad de funciones de los diferentes cuerpos policiales. Una solución extravagante para mantener las competencias básicas que obviamente no pueden ser delegadas en una Comunidad Autónoma, dado que, definitivamente, el papel no puede aguantarlo todo.

La resistencia (como propugnaba el Presidente en su manual) a la caída del Gobierno se ha materializado, esta vez, en el generoso traspaso de competencias a Cataluña, acercándonos, aún más si cabe, a una suerte de Estado catalán. Así, el Presidente del Gobierno hace gala de las palabras que pronunció hace escasos meses cuando atestiguó que iba a dejarse la piel para que la agenda de progreso siguiese avanzando. Aunque progreso hay, pues la inercia no deja demasiadas alternativas a lo contrario, lo preocupante es que el camino elegido es manifiestamente nefasto, dado que sigue la estela de una alarmante quiebra del Estado de Derecho y de sus instituciones. Estas medidas adoptadas en forma de reconocimientos en favor de determinados Grupos Parlamentarios, representa los peajes que debe abonar por mantener una legislatura cuyo fracaso se advertía desde el escrutinio de las últimas elecciones generales del año 2023. Lo preocupante es que en esta «crónica de muerte anunciada» parece no importar dinamitar los más elementales pilares que sostienen nuestro ordenamiento constitucional.

De la dicción literal del artículo 149.1 7ª de nuestra Carta Magna se desprende la competencia exclusiva del Estado en determinadas materias, entre ellas, sobre inmigración y emigración. Esta reserva impediría, en principio, que la Generalitat de Cataluña asumiese competencias exclusivas en esta materia. Si bien es verdad que en la Constitución se prevé un amplio margen de delegación (artículo 150.2), no se puede vaciar de contenido el núcleo esencial de las competencias estatales, pues ello supondría relegar al Estado central a un mero papel figurativo. Además, descendiendo al caso concreto la motivación de la delegación no es una cuestión baladí, dado que, aunque desde el Ejecutivo, se pretenda apelar a la sencillez de la materia, ni mucho menos lo es, y el impacto que el fenómeno migratorio pueda representar en la sociedad catalana o en la lengua catalana –como se recoge en la exposición de motivos de la proposición de ley–, no puede ser carta blanca para justificar esta delegación. Desconocemos qué pretende hacer el Gobierno catalán para establecer un control más exhaustivo que en cualquier otra frontera de nuestro país; máxime cuando cualquier individuo puede entrar a España desde cualquier otra Comunidad Autónoma y acceder a Cataluña a través de las regiones limítrofes. Quizás para el Gobierno sí resulta «muy sencillo» explicar el porqué de esta cesión, así lo manifestaba la Ministra de Educación y Formación Profesional de España e incluso invitaba a la lectura de los precitados artículos. Sin embargo, la sencillez de este asunto no radica en la lectura e interpretación de la Carta Magna, sino en el compromiso del Gobierno con los independentistas hasta favorecer la mutación constitucional y admitir el encaje de medidas que no respetan los más elementales cánones de eficiencia de la Administración.

A través de esta nueva cesión se refrenda que la Comunidad Autónoma asuma una competencia de carácter reservado y, que, de facto, se le reconozca una suerte autogobierno, aunque descafeinado, sobre una materia que no le compete. Todo este desatino competencial se ha articulado a través de una proposición de ley presentada en el Congreso en nombre del Grupo Parlamentario Socialista y del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, lo que aviva la idea de que la actuación del Ejecutivo está marcada por las prerrogativas que debe conceder si no quiere una retirada inminente de su apoyo. Esta no es más que otra muestra de la agónica legislatura a la que se enfrenta el Partido Socialista que, por más que se esfuerce en intentar ocultárselo a los ciudadanos, cada día, se le hace más cuesta arriba.

Este afán del Gobierno por llevar a cabo disparatadas delegaciones competenciales, que se une a las desarrollados anteriormente por otros gobiernos de cualquier otro color, supone que, en el futuro, irremediablemente sea imprescindible abordar el encaje jurídico de la revocación de las delegaciones desmesuradas que vacían competencialmente el Estado central.

Ibor Fernandes Romero es Profesor de Derecho Constitucional del CES Cardenal Cisneros y Clara Vidal Fernández es Doctoranda de la Universidad Rey Juan Carlos